La factura energética que seguimos sin corregir

Este trabajo pone de relieve que las guerras y los conflictos internacionales, si bien encarecen nuestra factura energética, no explican las enormes ineficiencias que arrastramos dentro de nuestras fronteras. Dentro del conjunto de los rezagos estructurales de la nación, brilla el hecho de que, mientras el Estado destina miles de millones de pesos a subsidiar los combustibles, las distribuidoras eléctricas registran pérdidas de energía cercanas al 40 %. Habida cuenta de ello, el artículo cuestiona la distribución de los subsidios, la transparencia en la formación de precios y la ausencia de responsabilidades por los resultados.

Kiev, la capital ucraniana, está a unos 9,100 kilómetros de Santo Domingo y Teherán, la capital iraní, a más de 11,000. Estas enormes distancias parecen desaparecer cuando los conflictos que sacuden aquellas regiones terminan encareciendo los combustibles, el transporte y los alimentos. Podría decirse —y en nuestra creciente indiferencia ciudadana hasta nos alegramos por ello— que las guerras no alcanzan nuestras fronteras y que solamente sufrimos sus facturas.

Entidades del otrora dinámico “orden basado en reglas”, que todavía conservan prestigio, como la Agencia Internacional de Energía, califican la perturbación del mercado petrolero en Oriente Medio como la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial. No hay que ser economista ni analista geopolítico para comprender lo que significa semejante acontecimiento para una economía importadora de hidrocarburos como la dominicana.

Pero una cosa son las consecuencias de los acontecimientos exógenos, aquellos que no controlamos, y otra, muy distinta, los enormes y crecientes costos de las ineficiencias que hemos permitido multiplicarse irresponsablemente dentro de nuestras propias fronteras. El problema surge cuando algunos genios de la economía dominicana comienzan a preguntarse cuánto más debería pagar el ciudadano por un galón de gasolina o gasoil, dejando en un segundo lejano plano la oportunidad de revisar, con objetividad y honestidad de Estado, las distorsiones que toleramos desde hace décadas.

El anuncio del Gobierno de destinar RD$1,516.5 millones en subsidios a los combustibles para la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre no fue sorpresa para nadie; no olvidemos que el acumulado de 2026 ya alcanzaba RD$43,324 millones. Son cifras muy considerables para una economía de las dimensiones de la dominicana y obligan a reflexionar sobre una política aparentemente concebida para proteger a los consumidores. Escribimos “aparentemente” porque es necesario despejar dudas: ¿quiénes reciben los beneficios, cuál es su distribución efectiva y qué alternativas existen para aliviar semejante carga presupuestaria?

La famosa Ley 112-00 y su reglamento establecieron una metodología para formar los precios de los combustibles, considerando la paridad de importación, los impuestos y los márgenes correspondientes. Consecuentemente, lo importante es transparentar su aplicación, sobre todo en lo que concierne a las compensaciones otorgadas y criterios de las decisiones anunciadas cada semana. En este sentido, con razón o no, ya en 2021 el presidente de la República anunció su intención de revisar la fórmula utilizada. En todo caso, aquí y allá, la previsibilidad de los precios no necesariamente garantiza justicia distributiva. ¿Acaso es lo mismo aumentar el precio de la gasolina consumida por sectores de altos ingresos que encarecer el gasoil utilizado en el transporte de pasajeros y mercancías? No hay que visitar una estación de combustibles para terminar pagando las consecuencias en el colmado, el pasaje o el supermercado.

Mucha gente cree en la gradualidad, una propuesta recurrente del FMI. Pero sabemos que la gradualidad no elimina el costo del ajuste; más bien, apenas modifica su distribución en el tiempo. En cualquier caso, ni la gradualidad ni ningún sacrificio adicional de los consumidores deberían examinarse separadamente de la calidad del gasto público. Recordamos que la Ley 30-26, promulgada en junio para fortalecer la disciplina fiscal, obliga a la formulación de una incómoda pregunta: ¿de qué sirve recaudar más si continuamos gastando mal? No se puede renovar el bosque si no prohibimos su tala libre e indiscriminada. Volteemos la mirada hacia otro ángulo de nuestra factura energética: el eléctrico. Según el MEMRD, entre enero y julio de 2026 las distribuidoras adquirieron 12,072.6 GWh de electricidad. ¡De ese total, 4,815.4 GWh, equivalentes al 39.9 %, no fueron facturados! ¡Casi cuatro de cada diez unidades de energía adquiridas!

Pérdidas de energía y de cobros en las distribuidoras. Enero-julio de 2026

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, Informe de Gestión Comercial de las EDE, julio de 2026, págs. 6, 16 y 28. Los porcentajes no se suman.

Resulta fácil advertir que Edeeste concentra más de la mitad de la energía no facturada por las tres empresas y sus pérdidas de energía alcanzan el 56.7 %. Las pérdidas de cobros, que sabemos comprenden también las consecuencias de la energía no facturada, llegan al 44 % para el conjunto de las distribuidoras. Estos indicadores no deben confundirse ni presentarse como pérdidas adicionales que puedan sumarse; recordemos que el propio FMI identificó las ineficiencias eléctricas como un problema macroeconómico, puntualizando que, entre 2022 y 2024, el déficit del sector promedió el 1.5 % del PIB. Frente a semejante realidad, lo importante es determinar quiénes son los responsables de estas ineficiencias y cuáles son los resultados que el Estado debe exigir para corregirlas.

Los funcionarios a cargo y el propio presidente de la República no deberían pasar por alto que la transparencia en los precios, bien entendida, la protección a los hogares vulnerables, la necesidad de un mejor transporte y la reducción de la dependencia de combustibles importados constituyen, sin exageración, algunas de las mayores urgencias de la agenda del Gobierno. Por ello, debemos establecer como norma inviolable que las inversiones en redes, la medición y las cobranzas sean acompañadas de metas públicas, responsables identificables y consecuencias por incumplimiento.

Retornamos al principio: nadie duda de que el precio internacional del petróleo se decide a miles de kilómetros de nuestras costas, pero no menos cierto es que la crisis sistémica del subsector eléctrico es responsabilidad de los decisores nacionales. No deberíamos continuar confundiendo las consecuencias de las guerras ajenas con los yerros o la falta de determinación política en el ámbito de nuestras propias decisiones.