El pasado lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) informó la “adherencia” de la República Dominicana a la definición de trabajo sobre antisemitismo adoptada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés). Todo aquel que posea un mínimo conocimiento jurídico y del funcionamiento institucional del Estado dominicano sabe de entrada que esta “adherencia” no se corresponde con decisión formal alguna que resulte vinculante y -al menos por el momento- solo cumple una función simbólica y diplomática de condescendencia con Estados Unidos e Israel.  

De manera intempestiva, representantes de un Estado al que nunca le ha interesado atender los problemas de discursos y prácticas de odio se muestran desvergonzadamente “diligentes” para contribuir a luchar en contra de conductas que en el país tienen una bajísima ocurrencia. Lógicamente, no es mi intención desconocer que el antisemitismo sea un problema real que mantiene vigencia, sino simplemente resaltar lo obvio: que el comunicado del MIREX exuda hipocresía en cada una de sus líneas. 

La promoción de “adherencias” a la definición de antisemitismo que ofrece la IHRA ha sido una política del Estado de Israel desde que esta fue adoptada en el año 2016. Desde entonces, bajo la mascarada de noble intención para contener el sempiterno demonio del odio a los judíos, esta herramienta ha sido utilizada como una forma de inmunizar al sionismo de los legítimos cuestionamientos que puedan realizársele. 

Según la para nada perspicua -y en cambio vaga- definición:

“El antisemitismo es una determinada percepción de los judíos, que puede expresarse como odio hacia ellos. Las manifestaciones retóricas y físicas del antisemitismo se dirigen contra personas judías o no judías y/o contra sus bienes, así como contra las instituciones de las comunidades judías y sus lugares de culto.”

Luego, el documento de la IHRA ofrece un listado enunciativo de ejemplos contemporáneos de supuestas conductas antisemitas, dentro de los cuales siete están vinculados directamente a Israel. Algunos de estos ejemplos rebasan de manera evidente la función de ilustrar casos que estarían comprendidos dentro de la definición y realmente constituyen una expansión de esta. Es lo que sucede con el ejemplo de “aplicar dobles estándares por requerir de Israel un comportamiento no esperado ni demandado a otra nación democrática” o con el de realizar “comparaciones entre la política contemporánea de Israel con la de los nazis”.

La nebulosa definición de la IHRA y sus bastantes controversiales ejemplos se enmarcan en lo que -al menos desde la década de los 70 y a partir de trabajos como los de Arnold Foster y Benjamin Epstein- se ha denominado el “nuevo antisemitismo”. El más tradicional antisemitismo, fundado esencialmente en prejuicios raciales y religiosos y promovido principalmente por sectores ubicados dentro del espectro político de la derecha, habría perdido espacio frente a una nueva amenaza: un “antisemitismo” que se manifiesta esencialmente como hostilidad frente al Estado de Israel y que es promovido por sectores de izquierda. Como sugiere Mark Mazower en su reciente libro On Antisemitism. A Word in History, esta nueva ortodoxia ha llegado a parecer a muchas personas un sentido común incontestable. 

Bajo la idea del “nuevo antisemitismo”, sostener que el Estado de Israel debería ser un Estado de todos sus ciudadanos y no un Estado que se fundamenta en la supremacía de una parte de estos -los judíos- podría considerarse antisemita, en tanto se interpretara como un cuestionamiento al derecho de autodeterminación del pueblo judío y como una afirmación sobre el carácter racista de ese Estado -que es otro de los ejemplos que ofrece el documento de la IHRA-. Lo mismo podría suceder si se expresa que el Estado de Israel mantiene a los palestinos de los territorios ocupados sometidos a un régimen de apartheid. 

Esperemos que el comunicado del MIREX se mantenga en lo simbólico y diplomático. Que igualmente se mantenga, por qué no decirlo, dentro de la competencia de gestos frente a Estados Unidos en la que, junto con otros Estados de América Latina, ha entrado el Estado dominicano, sin que hasta el momento lamentablemente se vean beneficios especiales como compensación a tantos raspones de rodillas. Y es que allí donde esta problemática definición y sus controvertidos ejemplos se han traducido en decisiones institucionales, ha llegado la censura, incluso de una manera -en el caso de Estados Unidos- que hace recordar a las peores prácticas del macartismo.