“No hay hechos, solo interpretaciones.” — Friedrich Nietzsche.
Desde los primeros años universitarios recordamos una vieja enseñanza atribuida a Aristóteles, según la cual el todo es más que la suma de sus partes. Muchos siglos después, Karl Marx, sobre la base de la dialéctica de Hegel, desarrolló el materialismo dialéctico como método para comprender los fenómenos de la naturaleza y de la vida social en su integralidad, entendiendo que toda realidad se encuentra atravesada por relaciones, contradicciones y procesos permanentes de transformación. Pocas disciplinas ilustran mejor esa concepción que la auditoría pública.
Un expediente incompleto, una certificación ausente o un documento no localizado pueden constituir evidencias relevantes, pero nunca agotan, por sí solos, la realidad administrativa que el auditor está llamado a reconstruir. La verdad institucional no suele encontrarse en una hoja aislada; permanece dispersa entre decisiones, antecedentes, procedimientos, comunicaciones, herencias administrativas viciadas, informes técnicos, autorizaciones de órganos rectores y circunstancias que solo adquieren sentido cuando se examinan de manera conjunta.
Auditar no es simplemente revisar expedientes, sino reconstruir procesos, contextos, circunstancias y decisiones que rara vez encajan en los moldes de una gestión ideal, ordenada y previsible. Tampoco consiste únicamente en verificar el cumplimiento formal de requisitos, sino en comprender cómo ocurrieron realmente los hechos, quiénes intervinieron, bajo qué normas actuaron, qué finalidad administrativa se procuraba alcanzar y qué evidencias permiten sostener, con suficiente certeza, las conclusiones consignadas en un informe.
Por eso, la primera obligación de un auditor no es encontrar irregularidades, sino buscar la verdad completa; una empresa que no envidiamos, por la enorme laboriosidad, entrega y parsimonia que supone. Décadas en el sector gubernamental me permiten afirmar que esa búsqueda exige examinar no solo aquello que confirma un hallazgo, sino también aquello que puede explicarlo, contextualizarlo, atenuarlo o incluso desvirtuarlo. Pero en nuestro país, a la luz de muchas auditorías, la objetividad parece consistir en acumular pruebas de cargo, cuando su misión principal debería ser valorar con el mismo rigor todos los elementos relevantes disponibles.
Los profesionales saben que, en las ciencias, una hipótesis solo adquiere credibilidad después de resistir el contraste con los hechos. “Los hechos son tozudos”, suelen repetir los abanderados de la objetividad sin amigos. En la justicia, ninguna sentencia puede descansar únicamente sobre indicios aislados, porque junto a ellos pueden existir pruebas que reclaman una valoración integral. En la auditoría pública debería ocurrir lo mismo.
El hallazgo constituye apenas el punto de partida de una investigación técnica, nunca su conclusión definitiva. Confundir la observación inicial con la verdad demostrada no solo es uno de los riesgos metodológicos más serios que enfrenta cualquier órgano de control; también puede convertirse en fuente de descrédito público para funcionarios y servidores que, muchas veces, son quienes más horas, esfuerzos y responsabilidades asumen para que las instituciones funcionen y rindan frutos a la ciudadanía.
La auditoría practicada al INABIE constituye un buen ejemplo. Tratándose de uno de los organismos descentralizados más complejos e importantes del Estado dominicano, los auditores parecen haber olvidado que detrás de cada expediente administrativo existe una realidad mucho más amplia que la reflejada en los documentos inicialmente examinados. En este caso hablamos de actas de comités, actos rectificativos o aclaratorios, informes periciales, certificaciones emitidas por otros órganos del Estado, comunicaciones institucionales, procesos de subsanación y actuaciones posteriores dictadas por circunstancias excepcionales y complejas. Tal es el caso de las adendas, los contratos posteriores suscritos con un mismo suplidor o proveedor de la alimentación escolar, las excepciones temporales en el pago de impuestos o la dinámica, muchas veces ignorada, de la matrícula escolar.
Incluso la secuencia cronológica de las decisiones puede modificar sustancialmente la comprensión de un hecho observado durante el trabajo de campo. Ignorar ese universo documental equivale a reconstruir una obra literaria leyendo únicamente algunas de sus páginas. La administración pública dominicana presenta, además, una dificultad adicional. Muchas instituciones han heredado durante décadas prácticas archivísticas deficientes, expedientes dispersos, sistemas documentales fragmentados y procesos desarrollados por distintas gestiones. Esa realidad no excusa el desorden, pero tampoco puede ser ignorada cuando se pretende determinar responsabilidades. Una cosa es constatar una debilidad de control interno; otra muy distinta es atribuir consecuencias jurídicas sin reconstruir el contexto en que esa debilidad se produjo.
El caso plantea preguntas que trascienden al INABIE. ¿Hasta dónde puede llegar una auditoría cuando la realidad administrativa es más amplia que los documentos inicialmente disponibles?
¿Puede una ausencia documental, por sí sola, convertirse en fundamento suficiente para construir inferencias sobre responsabilidades administrativas o incluso penales?
Estas preguntas no buscan debilitar la función fiscalizadora de la Cámara de Cuentas. Todo lo contrario, reconocemos el gran empeño que pone actualmente esa institución en hacer su trabajo del mejor modo posible y transparentarlo sin adornos inducidos. Pero, precisamente porque la auditoría pública protege el patrimonio del Estado, sus conclusiones deben descansar sobre altos estándares de objetividad, suficiencia probatoria y motivación técnica. Cuanto mayor sea el impacto institucional y reputacional de un informe, mayor debe ser el rigor metodológico que respalde cada afirmación.
El prestigio de una institución de control no depende del número de observaciones que formula ni de la severidad del lenguaje empleado. Su verdadera autoridad proviene de la confianza que inspira la calidad de su trabajo, la solidez de sus conclusiones y la certeza de que cada hallazgo fue construido después de examinar toda la evidencia disponible, tanto la que confirma una observación como la que pudiera conducir a una conclusión distinta.
En una democracia constitucional, el control externo cumple una misión indispensable. Pero el mejor control no es el que multiplica sospechas, sino el que produce certezas. La diferencia entre una auditoría ordinaria y una auditoría ejemplar reside precisamente en esa búsqueda paciente de la verdad objetiva, abordada en la plenitud de sus interrelaciones. Al final, la función del auditor no consiste en encontrar aquello que parece haber ocurrido, sino en demostrar, con objetividad y fundamento, lo que realmente ocurrió. En definitiva, la auditoría pública no consiste en contar documentos ni en sumar observaciones; su verdadera misión es reconstruir la realidad de los hechos con rigor, respeto por la evidencia y comprensión del contexto institucional.
En el caso del INABIE, esa mirada integral resulta todavía más necesaria, porque la gestión auditada se vio compelida a enfrentar realidades administrativas preexistentes dentro del marco de la normatividad, sin lesionar un bien mayor: la alimentación y nutrición de cientos de miles de escolares del sistema público que, en demasiados casos, no tienen otra fuente segura para reponer sus energías que aquella que les provee el Estado.
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