Antonio Marte, legislador y empresario del transporte, ha desatado toda una caterva de comentarios en las redes sociales al proponer, desde el Congreso Nacional, el cierre de dos instituciones oficiales que por ley están llamadas a tener alta incidencia en la fiscalización y control del transporte terrestre.
El senador por la provincia Santiago Rodríguez, también presidente de la Confederación Nacional del Transporte (Conatra), ha sugerido que el Intrant (Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre) y la Digesett (Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre) sean cerradas «por falta de autoridad».
Visiblemente molesto por lo que afirma es la irresponsabilidad y falta de disciplina que muestran los motoristas a nivel nacional, Marte consideró que ambas instituciones son inoperantes.
Es una realidad que el tránsito vehicular en República Dominicana es un caos, por culpa de los motoristas y de muchos conductores de autos y camiones.
El promedio de muertes por accidentes de tránsito es de 2 mil cada año, lo que coloca al país en los primeros lugares por mortalidad vial, siendo los jóvenes entre 20 y 24 años las principales víctimas.
Proponer el cierre de estas dos instituciones como culpables del desorden vehicular es improcedente.
En todo caso, Marte debió convocar al general Pascual Cruz Méndez, director de la Digesett, y a Milton Morrison, director ejecutivo del Intrant, a una reunión para —como viejo dirigente choferil— delinear estrategias efectivas que ayuden a corregir los males que afectan el tránsito.
La medida del Intrant, de obligar a los motoristas a usar cascos protectores sin una campaña masiva de concientización anticipada sobre la importancia de su uso por seguridad y protección, tuvo que ser suspendida por la forma dictatorial en que se proponía ejecutar la orden.
Es entendible la reacción negativa y de enérgicas protestas que tienen los motoristas frente al diario accionar abusivo y violento de los miembros de la Digesett al decidir confiscar una motocicleta cuando el caso amerita una simple multa por incumplir un reglamento de la ley.
Entendemos que la incautación inmediata y una multa severa deben proceder cuando las faltas sean por transitar el vehículo motorizado sin placa, sin matrícula y sin seguro.
Intrant y Digesett, antes de endurecer las medidas contra los violadores de la Ley 63-17 de tránsito de vehículos, deberían iniciar una campaña de concientización masiva y recordatoria sobre las consecuencias que enfrentarán al momento de incumplir estos reglamentos.
Deben razonar sobre cómo actuar contra un motorista que tiene como medio de sustento la transportación de pasajeros, en la que muchas veces tiene que llevar dos, tres y hasta cuatro personas en un solo viaje.
Resulta curioso que en Bávaro, Punta Cana, ciudad santuario de indocumentados haitianos, estos inmigrantes transiten en sus motores por toda la ciudad, de día y de noche, sin casco, sin placa y probablemente sin ningún documento de identificación personal, con gran libertad y con ocasionales acciones de los miembros de la Digesett contra ellos.
Estamos de acuerdo en que todo motorista debe, por ley y por su seguridad personal, usar un casco protector homologado con certificación internacional (ECE 22.06, DOT o Snell), los cuales tienen un precio promedio de entre $600 y $800 pesos.
Pero ¿se va a obligar a los pasajeros de este medio de transporte a que también compren un casco protector sin tener motor, u obligarán al motorista a andar con dos, tres o cuatro cascos adicionales para uso de sus clientes?
Dando seguimiento a este mal, desconozco si Intrant y Digesett han pensado en el futuro accionar de los delincuentes cuando entre en vigor, de manera obligatoria, esta medida.
Es muy probable que los malhechores arrecien su ola de asaltos contra motoristas para quitarles el moderno y costoso casco protector para vendérselo a quien no tiene y poder comprar la porción de droga narcótica que necesita, tal y como lo hacen con los celulares que arrebatan a los ciudadanos en las vías públicas.
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