En el corazón del servicio público dominicano, donde debería prevalecer la estabilidad, la meritocracia y el respeto a la carrera administrativa, se siguen cometiendo actos que vulneran los principios más elementales de justicia y derecho. En un país que aspira a fortalecer su institucionalidad y promover el respeto a la legalidad, resulta profundamente preocupante que organismos llamados a proteger derechos vulneren los de sus propios servidores. Tal es el caso de X organismo del Estado que recientemente desvinculó a un empleado con más de veinte años de servicio intachable, sin que mediara falta real alguna conforme prevé la Ley.
Este hecho constituye no solo una grave injusticia, sino una clara violación a los principios que rigen la carrera administrativa y al espíritu de la Ley 41-08 de Función Pública, que garantiza estabilidad a los servidores públicos de carrera y protege su permanencia frente a decisiones arbitrarias. ¿Cómo puede una institución que tiene como misión defender derechos de poblaciones vulnerables actuar con tan poca sensibilidad y respeto hacia la dignidad laboral de quienes, durante dos décadas, han contribuido con esfuerzo y compromiso a esa noble tarea? ¿Qué ejemplo se ofrece a la sociedad cuando quienes deben proteger el bienestar ajeno son incapaces de resguardar la justicia dentro de sus propias filas?
El empleado en cuestión no solo acumuló años de servicio, sino también méritos, sacrificios y dedicación ejemplar. Su desvinculación arbitraria arropada bajo la sombra de un debido proceso de ley agotado, pero con un resultado final que no encuentra asidero jurídico en relación a los hechos y cargo endilgado, envía un mensaje alarmante: que en la administración pública dominicana aún puede más la discrecionalidad que la justicia, y que la lealtad institucional puede ser ignorada sin consecuencias.
Estos actos debilitan el sistema de carrera y atentan contra el principio de continuidad del Estado. Cada despido injustificado, o “justificado” como en el caso de la especie, erosiona la confianza en las instituciones, genera temor entre los servidores públicos y promueve una cultura de inestabilidad incompatible con una gestión moderna, ética y profesional.
Una institución que trabaja por la protección y por el derecho de poblaciones vulnerables, más que cualquier otra entidad, debería ser ejemplo de respeto, humanidad y legalidad. Si se desconoce la estabilidad de un servidor que ha entregado 20 años de su vida al servicio público, ¿qué esperanza queda para quienes hoy trabajan con fe en que el mérito y la integridad serán reconocidos?
La justicia administrativa no puede ser un privilegio, debe ser un principio inviolable. Y la desvinculación injusta de un empleado de carrera en una institución como la de la especie no sólo hiere a una persona, sino a todo el sistema de valores que sostiene la función pública dominicana.
La carrera administrativa fue concebida precisamente para evitar este tipo de atropellos. La Ley 41-08 sobre Función Pública garantiza a los servidores públicos de carrera la estabilidad en el cargo y establece con claridad que sólo pueden ser separados por causas debidamente comprobadas, mediante un proceso disciplinario justo y con derecho a defensa. Sin embargo, la realidad demuestra que estos principios muchas veces se convierten en letra muerta frente a la discrecionalidad del poder que, al final, deberán esclarecerse necesariamente ante un juez.
Desvincular a un servidor de carrera que ha entregado dos décadas de su vida al Estado, cumpliendo con responsabilidad, eficiencia y compromiso, no es sólo un acto ilegal: es un golpe moral, humano y ético. Es desconocer el valor de la experiencia, el mérito y la lealtad institucional. Es enviar un mensaje de temor e inseguridad a todos los empleados públicos que aún creen en la vocación de servicio. Es una acción que destruye la estabilidad laboral de una persona y debilita la institucionalidad democrática, porque un Estado que no respeta a sus propios servidores, que los desecha sin razón, que ignora las normas que él mismo promulgó, es un Estado que erosiona la confianza ciudadana y abre espacio al clientelismo y la arbitrariedad.
La verdadera modernización del Estado se construye sobre el respeto a los derechos, la transparencia y la legalidad.
Urge que los organismos competentes como el Ministerio de Administración Pública y los tribunales administrativos asuman su rol con firmeza. No se puede permitir que décadas de esfuerzo, sacrificio y compromiso se borren con la firma de una desvinculación alegre “agradeciéndole el tiempo laborado en la institución”. 20 años, como si nada.
Defender al empleado de carrera más que defender la institucionalidad, la justicia y la dignidad del trabajo público es defender la dignidad del ser humano, principio fundamental en el cual se basa, según nuestra constitución, el Estado dominicano.
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