El 16 de marzo de 2026 no fue simplemente una fecha más en el calendario institucional, representó un hito en la modernización de la administración pública dominicana. Durante años, el mayor temor de un emprendedor era hacer negocios con el Estado; no era la competencia, sino la incertidumbre del pago. Los trámites burocráticos obligaban a los proveedores a una peregrinación agotadora por oficinas públicas para rastrear sus facturas.
Hoy, esa historia de opacidad comienza a cerrarse, luego de que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), a través de la Resolución núm. PNP-02-2026, ordenara la creación y formalización de INFOPAGO, consolidándola como la plataforma oficial para unificar, monitorear y transparentar el ciclo completo de pagos derivados de los contratos públicos.
La importancia de INFOPAGO radica en tres pilares que transforman la gestión administrativa y financiera del Estado, como son la trazabilidad, la transparencia y la eficiencia, representando un importante cambio de paradigma. Esto significa que el rastro de una factura es ahora inalterable, desde que se registra en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas hasta que el depósito impacta la cuenta bancaria del proveedor, que ahora puede visualizar todo el proceso en tiempo real.
Esto es posible porque la gestión financiera del Estado se basa en un ciclo integrado que comienza en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), donde las instituciones publican sus necesidades y adjudican contratos con validez legal; luego interviene el Trámite de Registro de Ejecución (TRE), que, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República, actúa como un control previo esencial para verificar la legalidad del proceso y la disponibilidad de fondos, generando un registro obligatorio que autoriza cualquier movimiento de dinero dentro del sistema.
Finalmente, todo este flujo de información se centraliza en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) del Ministerio de Hacienda, el cual funciona como el cerebro contable del Estado para administrar el presupuesto y ejecutar los pagos a través de la Tesorería Nacional.
Esta interconexión garantiza una trazabilidad absoluta, permitiendo monitorear cada etapa de una factura fiscal, desde su validación inicial y el compromiso del gasto, hasta la fiscalización final de la Contraloría y el depósito efectivo en la cuenta del proveedor.
La trazabilidad es el "corazón" de la herramienta. Gracias a la integración de estos sistemas: SECP, SIGEF y TRE, INFOPAGO puede capturar y mostrar el estado real de una factura en cada etapa del ciclo financiero. El usuario puede monitorear desde el registro de la factura fiscal y la validación del compromiso (devengado), hasta la aprobación de la Contraloría General de la República y el depósito final por parte de la Tesorería Nacional.
El aporte de INFOPAGO es extraordinario, pues cada avance en el proceso queda registrado de forma permanente, garantizando que el interesado sepa exactamente en qué oficina o etapa se encuentra su trámite, sin posibilidad de alteraciones.
La herramienta garantiza la transparencia; así, el control social puede ser en tiempo real, convirtiendo la gestión del pago en un acto público, cumpliendo así con el artículo 138 de la Constitución y el principio de publicidad de la Ley 47-25, haciendo accesible el estado de cada factura para proveedores y la ciudadanía en general.
Este sistema también permite consultar el histórico de montos contratados por cada institución y verificar si las facturas son electrónicas (e-CF) o tradicionales, lo que facilita el control tributario.
INFOPAGO ha permitido demostrar una aceleración sin precedentes en la gestión de los pagos durante este Gobierno, bajando el promedio de pago de 28 días en 2023 a un récord de 17 días hábiles a inicios de 2026. La herramienta visibiliza cuánto tarda cada institución en pagar según la modalidad de contratación, lo que genera una presión positiva para la mejora continua en toda la Administración pública: garantizar pagos a tiempo (con una "moda" de apenas 15 días), y así proteger la salud financiera de las mipymes, que representan el 97 % del tejido empresarial dominicano, pues para un pequeño empresario, cobrar a tiempo es la diferencia entre la supervivencia y la quiebra.
En conclusión, con esta iniciativa le estamos devolviendo los datos a sus legítimos dueños: el pueblo dominicano, y modernizamos el Estado para hacerlo más justo, abierto, transparente y competitivo.
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