En los últimos días ha cobrado importancia el debate sobre la necesidad de aplicar en nuestro país un programa de indexación salarial. La propuesta proviene de uno de los legisladores más prometedores de la República Dominicana, quien, considerando la provincia que representa, quizás sea uno de los más mediáticos. Según la propuesta, la medida se hace necesaria en medio de las circunstancias que vive el país con el alza de los precios y la alegada situación que enfrentan los trabajadores en sus transacciones diarias.
De la propuesta llama la atención varias cosas que, al momento de analizarlas en perspectiva, hacen dudar no solo de las buenas intenciones de la moción, sino también de los criterios técnicos que en un instrumento como este deben considerarse. En primer lugar, deploramos que el ambiente descrito carece de sentido y aun de fundamento en la realidad comprobable. Usualmente, se recurre a las indexaciones salariales cuando un país atraviesa por problemas de descontrol inflacionario y, en el peor de los casos, hiperinflación, lo que justifica la necesidad de aplicar resortes a las alzas de precios que blinden los ingresos salariales y que protejan la capacidad de compra. En el caso de nuestro país, no existe ni inflación descontrolada ni mucho menos hiperinflación.
Según los datos del Banco Central, la inflación interanual cerró en 4.95% en el 2025, quedando así dentro del rango objetivo de la principal institución financiera del Estado; esto es, que la inflación aumentó conforme a lo esperado en las proyecciones del BC, y en lo que cursa el 2026, en el pasado mes de febrero la inflación experimentó un descenso a 4.67% debido a la normalización en la oferta de productos básicos de la canasta diaria. Incluso firmas como Ecoanalítica, que trabaja para proveer análisis macroeconómicos en la región, considera que el país podría cerrar el año con una inflación del 3.7%, siendo esta la valoración más optimista entre los análisis presentados.
En segundo lugar, me preocupan las intenciones políticas detrás de esta propuesta. Se presenta a la población como una alternativa inocente, a fin de paliar un problema que en realidad no existe; puesto que las indexaciones salariales, aunque son un recurso útil en ciertas circunstancias, resultan ser un despropósito si se aplican alegremente y sin una necesidad real. Estos mecanismos aplicados irresponsablemente podrían devenir en mayores problemas que en soluciones efectivas, en virtud de su capacidad de generar rigidez salarial, inercia inflacionaria, espiral salario-precios, pérdida de competitividad e incluso, en el peor de los casos, desempleo en varios sectores.
En nuestro país existe, sin embargo, un dilema legal relativo a la aplicación de la indexación, respecto a lo consignado por el Código Tributario de indexar los tramos de la escala salarial que estarían exentos de impuestos, esto es ajustar las escalas conforme al incremento de los precios. No obstante, esta prescripción se encuentra congelada por la Ley de Presupuesto desde el año 2017, bajo los criterios de resguardo a la capacidad recaudatoria del Estado. Lo que despierta nuestro interés es el hecho de que los papeles se han invertido, puesto que los sectores opositores que hoy reclaman la indexación y que alegan incumplimiento de la ley, son los mismos bloques que iniciaron el congelamiento indexatorio y que promovieron el argumento jurídico de que al mediar la Ley de Presupuesto, no existe incumplimiento legal al no aplicar la indexación.
Es evidente que vivimos tiempos de doble moral política, donde el populismo se sobrepone a la razón y las propuestas que se hacen, sobre la base de una sociedad ávida de políticos responsables, responden, en ultima instancia, a intereses estrictamente partidarios.
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