El anuncio del Gobierno de eliminar tributos obsoletos abre una discusión necesaria: más que borrar impuestos aislados, el reto es modernizar un sistema fiscal que todavía arrastra cargas diseñadas para otra economía.
Cada cierto tiempo el debate fiscal dominicano vuelve sobre una misma pregunta: ¿cuántos de los impuestos que seguimos pagando responden realmente a la economía de hoy? El reciente anuncio del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, de que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para eliminar los llamados “impuestos anacrónicos” vuelve a poner ese tema sobre la mesa.
La propuesta ha despertado interés en distintos sectores económicos, pero también plantea una pregunta clave: ¿qué significa realmente que un impuesto sea anacrónico?
Un impuesto se vuelve anacrónico cuando pierde sentido frente a la realidad económica actual. No necesariamente es un impuesto alto ni uno impopular. Es, más bien, un tributo que fue creado en un contexto económico distinto, que recauda poco en comparación con el costo administrativo que genera o que termina distorsionando la actividad económica en lugar de contribuir a un sistema fiscal más eficiente.
En muchos países, los sistemas tributarios evolucionan constantemente para adaptarse a los cambios en la economía, la tecnología y los patrones de consumo. Cuando ese proceso de actualización no ocurre con suficiente frecuencia, es común que sobrevivan impuestos o mecanismos que ya no responden a la dinámica actual de los negocios.
En el caso dominicano, varios ejemplos suelen mencionarse cuando se habla de impuestos con características anacrónicas. Uno de ellos es el impuesto a la emisión de cheques y transferencias electrónicas. Este tributo grava operaciones financieras formales, lo cual resulta contradictorio en un momento en que el país busca promover la bancarización, la digitalización de pagos y la trazabilidad de las transacciones económicas. En la práctica, este tipo de impuesto puede desincentivar el uso de instrumentos financieros formales y fomentar el uso de efectivo, lo cual va en dirección contraria a los objetivos de transparencia y formalización de la economía.
Otro ejemplo que frecuentemente aparece en el debate tributario es el impuesto sobre los activos. Este impuesto funciona como una especie de mínimo respecto del impuesto sobre la renta para las empresas. Aunque su intención original era evitar que empresas con grandes estructuras patrimoniales reportaran utilidades muy bajas, en determinados contextos puede terminar gravando activos productivos aun cuando la empresa atraviesa períodos de baja rentabilidad o dificultades económicas. Esto genera la percepción de que se está tributando por la mera existencia de la empresa, más que por su capacidad real de generar ingresos.
Más allá de casos específicos, el concepto de impuestos anacrónicos también puede referirse a mecanismos que hacen más complejo el cumplimiento tributario sin necesariamente aumentar de manera significativa la recaudación. En estos casos, el costo de cumplimiento para los contribuyentes -en tiempo, procesos administrativos y asesoría-puede ser considerablemente mayor que el beneficio fiscal que genera el impuesto.
Por esa razón, cuando se plantea la eliminación de impuestos anacrónicos, el debate no debería centrarse únicamente en qué tributos se eliminan, sino también en cómo se moderniza el sistema tributario en su conjunto. Un sistema fiscal eficiente no solo recauda, sino que lo hace con reglas claras, procesos simples y el menor nivel posible de distorsión económica.
En este contexto también resulta relevante el anuncio de que el Gobierno busca avanzar en la automatización de procesos relacionados con exenciones fiscales y en la agilización de ciertos procedimientos mediante herramientas tecnológicas. La digitalización de la administración tributaria puede contribuir significativamente a reducir fricciones administrativas, aumentar la transparencia y facilitar el cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes.
No obstante, el verdadero impacto de la iniciativa dependerá del contenido específico del proyecto de ley que se presente al Congreso. Hasta el momento no se ha publicado una lista detallada de los impuestos que serían eliminados ni de las modificaciones que podrían introducirse en el sistema tributario.
Esto es importante porque una reforma de este tipo puede tomar dos caminos distintos. Por un lado, puede limitarse a eliminar figuras tributarias de bajo impacto recaudatorio, lo que tendría un efecto simbólico positivo pero un impacto económico limitado. Por otro lado, podría convertirse en una oportunidad para revisar de manera más profunda aquellas distorsiones que afectan la competitividad, la formalización empresarial y la eficiencia del sistema fiscal.
La discusión sobre los impuestos anacrónicos también invita a reflexionar sobre el tipo de sistema tributario que necesita la República Dominicana en una economía cada vez más digital, más integrada a los mercados internacionales y más dependiente de la inversión y la productividad.
Actualizar el sistema tributario no significa necesariamente reducir la recaudación, sino asegurar que los impuestos existentes respondan a una lógica económica coherente y que no penalicen actividades que el propio Estado desea promover, como la formalización, la inversión y la innovación.
En ese sentido, la eliminación de impuestos anacrónicos puede representar una señal positiva de modernización institucional. Pero, como suele ocurrir en materia fiscal, el verdadero alcance de la reforma no se medirá por el anuncio, sino por los detalles concretos de la propuesta que llegue finalmente al Congreso.
Si el debate logra enfocarse en mejorar la eficiencia, simplificar el cumplimiento y reducir distorsiones innecesarias, la discusión sobre los llamados impuestos anacrónicos podría convertirse en una oportunidad para fortalecer el sistema tributario dominicano y alinearlo mejor con las necesidades de la economía actual.
Quizás, más que una reforma en sí misma, la eliminación de impuestos anacrónicos sea el primer movimiento de algo mayor: una forma de ordenar el sistema, corregir distorsiones y preparar el terreno para el verdadero debate fiscal que el país inevitablemente tendrá que enfrentar. En ese sentido, puede que hoy estemos simplemente limpiando la casa antes de poner sobre la mesa el plato fuerte de la reforma fiscal.
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