Un concepto que ha estado en boga desde hace poco más de una década es el de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). En principio, se trata de la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y medio ambiental de las empresas. Es importante sostener, que no se limita a la realización de acciones de caridad o filantropía por parte, sino que implica un compromiso más profundo con la sostenibilidad y el bienestar social, buscando reducir su impacto negativo en el medio ambiente.

Si bien es cierto que la minería es una actividad ancestral, hay que reconocer que ha sido objeto de cuestionamientos, precisamente por la poca responsabilidad que durante mucho tiempo existió con complicidad gubernamental en territorios de condiciones económicas de extrema pobreza, sin ningún compromiso de sostenibilidad ambiental. Al paso de los años, algunas empresas que se dedican al oficio han asumido un compromiso verdadero con el medioambiente, logrando mejorar la calidad de vida de su entorno.

Tal es el caso de Barrick Pueblo Viejo (BPV), tal como se sostuvo en un artículo anterior: El vínculo de Barrick Gold y la República Dominicana comenzó en 2006, cuando la referida empresa de origen canadiense adquirió todas las operaciones de Placer Dome, Inc., quien obtuvo en 2002 la concesión de la mina de Pueblo Viejo, Cotuí. Es a partir de 2009 cuando empezó la construcción de la mencionada mina, siendo el 2013 el año de inicio formal de sus operaciones comerciales. Ver: https://acento.com.do/opinion/comportamiento-tributario-de-barrick-pueblo-viejo-bpv-9465688.html

Desde hace años, BPV lleva a cabo un proceso integral para extender la vida de la mina Pueblo Viejo, lo que implica la construcción de la nueva presa de colas “El Naranjo”. Según hace constar dicha empresa, este esfuerzo incluye un proceso de reasentamiento y restablecimiento de medios de vida, siguiendo las mejores prácticas internacionales.

En tal sentido, es relevante señalar que un reasentamiento es un proceso planificado que busca compensar de manera justa a las personas afectadas por el desplazamiento físico o económico debido a proyectos de desarrollo. Esto incluye dos situaciones: desplazamiento físico, que es un cambio de lugar de residencia; y, desplazamiento económico, que se refiere al reemplazo de fuentes de ingreso o activos económicos.

Por cosiguiente, un reasentamiento no es un desalojo. BPV ha asumido con responsabilidad este proceso, por lo que, garantiza una compensación justa, incluyendo la construcción de viviendas, compra de terrenos y reemplazo de activos, con una inversión de 18 mil millones de pesos. El reasentamiento pensado para las comunidades a ser reubicadas por el proyecto de construcción de la nueva presa de colas “El Naranjo”, ha sido trabajado con la comunidad de manera cooperativa y transparente involucrándolos en el desarrollo del sitio de destino.

Además, contrario a lo que se ha pretendido vender mediáticamente, el reasentamiento ha procurado la construcción de casas a ser reemplazadas, los programas de restauración de medios de vida y desarrollo comunitario, cumpliendo con estándares locales e internacionales, garantizando que las personas involucradas restablezcan sus medios de vida en condiciones iguales o mejores, a través de un marco de compensación pensado para ellos.

También, hay que resaltar que luego de realizar los estudios de línea base en aspectos sociales, se determinó que el proyecto para extender la vida de la mina Pueblo Viejo implica el reasentamiento de seis (6) comunidades en la zona donde se construirá la nueva presa. Las 6 comunidades incluidas en el proceso de reasentamiento son: El Rayo, El Naranjo, El Higo, Arroyo Vuelta, Lajas y Tres Bocas.

Otro aspecto relevante, es que el proyecto de construcción de la nueva presa de colas “El Naranjo”, cuenta con licencia ambiental aprobada tras cumplir un riguroso proceso de varios años que incluyó consultas con más de tres mil  (3,000) reuniones comunitarias, así como, dos (2) consultas públicas abiertas a más de mil cuatrocientos (1,400) participantes quienes revisaron los impactos sociales y económicos.

Dentro de los beneficios para las comunidades, existe el marco de compensación conformado por dos (2) componentes: compensación por activos afectados y el restablecimiento de medios de vida. Respecto al primero, comprende:

  1. Terrenos, con valores que superan en promedio los precios del mercado;
  2. Cultivos, de ciclo corto, frutales y forestales con valores que superan en promedio los precios del mercado e inventariados con asesoría de actores externos e instituciones expertas en temas agrícolas;
  3. Reemplazo de negocios, donde a cada dueño de negocio identificado se le entregará un terreno en el lugar de destino y se le compensará con tres (3) meses de salario mínimo o utilidades documentadas para reactivar su negocio.
  4. Viviendas dignas, dentro del nuevo proyecto residencial Nuevos Horizontes garantizará condiciones de vida dignas y sostenibles para los reasentados, ofreciendo infraestructura como acueducto, calles asfaltadas, áreas recreativas, escuelas, guardería, iglesias, mercado y un cementerio. Dichas casas contaran con su titulo de propiedad.

En cuanto al restablecimiento de medios de vida, BPV ha apostado de distintas maneras: 

  1. Préstamos de capital semilla: Hasta RD$150,000.00 para residentes sin propiedades que cumplan con los criterios de elegibilidad.
  2. Fondo rotatorio: Acceso a préstamos de hasta RD$150,000.00, gestionados por una entidad financiera, sujeto a criterios de elegibilidad.
  3. Crédito-beca para estudios: Apoyo financiero para estudios universitarios o técnicos, enfocado en carreras según el desempeño académico y los requisitos establecidos.
  4. Acompañamiento psicosocial: Asistencia emocional y social brindada por un equipo de profesionales.
  5. Soporte para mudanza: Ayuda logística y/o compensación económica para cubrir gastos relacionados con la mudanza.

Finalmente, se hace necesario dejar a un lado los intereses particulares y pensar en el verdadero impacto social que lleva a cabo una empresa dedicada a una actividad comercial de gran interés internacional, pero asumida con todo el rigor necesario con el fin de dejar un legado responsable en un país de tanto potencial minero como República Dominicana.

Víctor Eddy Mateo Vásquez

Doctor en Administración

Doctor en Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social por la Universidad de Salamanca, España. Profesor de la Universidad Iberoamericana (UNIBE). Abogado y consultor. Su línea de investigación comprende el Derecho Administrativo, Derecho Empresarial, especialmente, el Derecho Tributario, Derecho Laboral, Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia. Fue coeditor de la primera edición del Anuario dominicano de Propiedad Intelectual. Autor de varias obras. Fue subdirector de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), asesor del Poder Ejecutivo en materia de Propiedad Intelectual y miembro del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia).

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