En mi artículo anterior planteé que una de las preguntas más relevantes sobre la inteligencia artificial es qué le ocurre a la capacidad de los sistemas sociales para producir conocimiento cuando la IA se integra en ellos. Y que esa integración ocurre dentro de una economía política específica: el dominio de grandes empresas privadas, con mínima supervisión democrática, que los sistemas de IA y las redes sociales operan como dispositivos biopolíticos administrando atención, afectos y marcos de interpretación a escala masiva.
Una objeción legítima a ese diagnóstico es la siguiente: está bien como análisis, pero ¿qué puede hacer con eso un país como la República Dominicana? Con una presión tributaria de alrededor del 14 % del PIB, una burocracia todavía en proceso de profesionalización, capacidad regulatoria limitada y dependencia crítica del mercado norteamericano, la República Dominicana no está en condiciones de regular a empresas como Meta, OpenAI o Google, ni de construir sus propias redes sociales o su propio modelo de lenguaje ni de imponer condiciones a las plataformas que dominan la comunicación global.
La objeción es real. Pero no es una razón para la parálisis. Dentro de la asimetría del poder hay márgenes que el Estado dominicano aún no ha ejercido con intencionalidad, herramientas que la sociedad civil puede activar sin esperar al Estado, y palancas multilaterales que no se han usado. Veamos cada una.
Lo que el Estado puede hacer
La primera tentación ante la pregunta sobre qué puede hacer la República Dominicana frente a la IA es mirar hacia afuera: regular a las plataformas, negociar con las corporaciones, adoptar marcos internacionales. Pero el margen más inmediato está hacia adentro.
El Estado dominicano toma decisiones todos los días sobre qué sistemas de IA adopta en sus propias instituciones, bajo qué condiciones contrata con proveedores tecnológicos y qué datos públicos pone o no a disposición de actores privados. Esas decisiones, tomadas de manera dispersa y sin una visión coherente, definen en los hechos una política, aunque nadie la llame así. El problema no es la ausencia de decisión, sino la ausencia de deliberación y normativas claras sobre esas decisiones.
La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), lanzada en 2023 y parcialmente implementada, es un paso en la dirección correcta. El propio gobierno ha reconocido retrasos en los pilares de gobernanza y ética, que son precisamente los que definen bajo qué condiciones se integra la IA en la vida pública. Lamentablemente, el reciente memorando de entendimiento con NVIDIA para implementar la ENIA es ilustrativo de esta tensión: supuestamente busca soberanía digital, pero apoyándose en uno de los principales proveedores privados de infraestructura de IA del mundo. La soberanía que se compra a un proveedor único no es soberanía; es dependencia con un rebranding.
Lo que el Estado puede hacer de manera inmediata es más sencillo de lo que parece: decidir bajo qué condiciones adopta IA en sus propias instituciones. Hoy no existe ninguna directriz que oriente ese proceso, lo que significa que cada dependencia usa las herramientas que puede, como puede, sin coherencia ni criterios compartidos. Establecer esos criterios mínimos (por ejemplo: qué datos del Estado pueden ponerse a disposición de proveedores privados, qué herramientas son admisibles en qué contextos, cómo se documenta y evalúa su uso) ya sería un avance significativo. Y cuando esos criterios lleguen a ámbitos sensibles como la justicia, la salud o la educación, el principio es el mismo que, con desigual éxito, ya intentamos aplicar al resto de la administración pública: que las decisiones que afectan vidas sean explicables y revisables. La IA no debería ser la excepción.
El Estado debe promover un consenso nacional para una posición país sobre las dos grandes visiones que hoy dividen el mundo sobre el avance de las plataformas digitales y la IA. Una es que estas tecnologías deben avanzar libremente sin gran reparo por sus riesgos; la otra es que esas tecnologías deben someterse claramente al beneficio social y la primacía de la dignidad humana. Nuestro país no se ha posicionado en ese debate.
Lo que la sociedad civil puede hacer
La segunda palanca es la que menos depende de la capacidad estatal y la que más se subestima en el debate dominicano. En ausencia de regulación robusta, la función de veridicción (producir y contrastar verdad pública, identificar abusos de poder, sostener criterios compartidos de evidencia) puede organizarse desde la sociedad civil, y en buena medida ya ocurre así.
Medios como Acento y El Mitín, entre otros, practican periodismo de datos y verificación independiente con recursos limitados y resultados visibles. Organizaciones de derechos humanos documentan patrones de acoso digital y discursos de odio amplificados por algoritmos que, en el contexto dominicano, con frecuencia tienen como blanco a mujeres, personas LGBTIQ+ y migrantes haitianos. Esa documentación es políticamente relevante: sin evidencia sistemática sobre cómo operan esos patrones, no hay manera de exigirle nada a las plataformas ni de construir políticas públicas que los enfrenten. La sociedad civil que registra, nombra y publica esos fenómenos está haciendo una función que el Estado dominicano no hace y que las plataformas tienen todos los incentivos para ignorar.
Lo que falta es escala, coordinación y disposición a convertir el conocimiento producido en acción política. Observatorios ciudadanos que monitoreen cómo los algoritmos amplifican ciertos contenidos en el ecosistema informativo dominicano, alianzas entre universidades y organizaciones sociales para documentar el impacto de la IA y de plataformas digitales en sectores como la salud o la educación, iniciativas de alfabetización digital que desarrollen capacidad crítica para entender cómo funcionan los sistemas de recomendación: todo eso es necesario, pero insuficiente si se queda en el diagnóstico. La veridicción tiene que traducirse en abogacía ante instituciones, en movilización cuando las decisiones afectan derechos, en propuestas concretas que entren al debate legislativo y a las plataformas programáticas de los partidos. Las formas de participación política y cívica disponibles —la protesta, la incidencia institucional, la presión organizada— son los mecanismos mediante los cuales el conocimiento producido desde la sociedad civil se convierte en fuerza que modifica estructuras. Sin esa traducción, el mejor análisis se queda en columna de opinión.
Lo que la República Dominicana puede hacer con otros
La tercera palanca es multilateral. Un Estado pequeño no puede negociar con las plataformas en solitario, pero tampoco está solo. En el sistema de Naciones Unidas, el Pacto Digital Global aprobado en 2024 y los trabajos del Cuerpo Asesor de Alto Nivel sobre IA ofrecen plataformas concretas donde el país puede construir posiciones junto a otros para exigir estándares mínimos de transparencia a las corporaciones tecnológicas y hacer visible que la gobernanza de las plataformas digitales y la IA no puede diseñarse solo desde los países que producen la tecnología. En la OEA, el Comité Interamericano contra el Terrorismo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han comenzado a abordar las implicaciones de la IA para los derechos fundamentales, lo que abre espacio para que la delegación dominicana lleve propuestas concretas sobre desinformación, acoso digital y protección de datos.
Más allá de los foros formales, hay una vía que se subestima: los espacios ad hoc. Coaliciones de países de tamaño similar, convocadas alrededor de problemas específicos como la regulación de plataformas o la protección de menores en entornos digitales, han demostrado más capacidad de incidencia que los bloques regionales tradicionales en este tema. La República Dominicana tiene la posibilidad de ser un facilitador en ese tipo de alianzas si decide que la gobernanza digital es un asunto de política exterior y no solo de política doméstica.
Vale la pena notar que esa no es una discusión exclusivamente técnica ni geopolítica. La encíclica Magnifica humanitas del papa León XIV (2026), dedicada íntegramente a la protección de la persona humana en la era de la inteligencia artificial, plantea con claridad que el poder tecnológico ha adquirido un carácter predominantemente privado que hace más difícil gobernarlo y orientarlo hacia el bien común, y que ningún Estado puede enfrentar ese desafío en solitario. Esta es una señal del momento histórico en que nos encontramos.
La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, vigente desde agosto de 2024, es un referente normativo útil que tiene efectos extraterritoriales: cualquier empresa que opere en mercados europeos debe cumplir sus estándares independientemente de donde esté radicada. Eso crea un efecto de arrastre regulatorio que la República Dominicana puede aprovechar como referencia sin tener que construir toda la arquitectura legal desde cero. No se trata de copiar la legislación europea, pues los contextos son distintos, sino de anclar las discusiones nacionales en estándares que las corporaciones tecnológicas ya están obligadas a cumplir en otros mercados y que, por tanto, no pueden presentar como técnicamente imposibles.
El horizonte de todo esto no es que la República Dominicana resuelva sola un problema global. Es que no quede completamente a la deriva de decisiones tomadas sin ella. Entre la impotencia total y la soberanía plena hay un espacio de agencia real que todavía no se ha habitado. La pregunta es si hay voluntad política para ocuparlo, y si la sociedad civil está organizada para exigirlo.
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