“…Lo que parece apremiar no es tanto plantear los problemas, que en eso tenemos décadas gastadas, sino exponer con responsabilidad cuáles son sus verdaderas causas motrices y mejores soluciones, importando poco si tal actitud reduce nuestro círculo de simpatizantes o nos procura incómodas miradas de desaprobación”—Dr. Antonio Isa Conde, prólogo al libro del autor Reflexiones sobre la industria extractiva responsable (2018)
En la entrega anterior, motivada por la conferencia de mi amigo José Peralta sobre la contaminación de la presa de Hatillo, planteamos una pregunta que deberían hacerse tanto el gobierno como los grupos mineros fundamentalistas: ¿qué minería estamos dispuestos a permitir y bajo cuáles condiciones? Se trata no solo de conocer los impactos; sobre ellos sabemos que hay una abundante y autorizada literatura disponible. Lo importante ahora es responder las preguntas que conciernen a las responsabilidades concretas de quienes deben prevenirlos, vigilarlos y, cuando corresponda, exigir su reparación.
El citado estudio científico sobre el río Margajita mostró que incluso una contaminación severa puede reducirse considerablemente mediante intervenciones técnicas adecuadas, acudiendo oportunamente a las mejores prácticas regionales e internacionales de remediación. También puso de manifiesto que algunos problemas persisten, de lo que podemos colegir que no todo daño puede corregirse por completo. Lo que suele pasar desapercibido es que los avances tecnológicos amplían con mucho nuestras posibilidades, tanto en la minería a cielo abierto como en la subterránea, sin abolir los límites que impone la propia naturaleza de las secuelas de la explotación.
Mal haríamos en confundir la posibilidad de remediar con una justificación para contaminar.
Quienes hemos dedicado atención a este tema sabemos que la prevención debe prevalecer siempre sobre la reparación, particularmente cuando las deficiencias regulatorias y la irresponsabilidad en su aplicación permiten que el daño ambiental alcance dimensiones irreversibles. Muchos de esos daños ya no pueden repararse; otros apenas pueden mitigarse a costa de enormes sacrificios económicos, ambientales y sociales que, en definitiva, terminan trasladándose a generaciones que no participaron en las decisiones que les dieron origen. He aquí una de las mayores.
En nuestro país, durante décadas, ha prevalecido lo que podríamos llamar “la minería de la reparación tardía”, que algunos califican, no sin razones, de “salvaje”. No nos referimos únicamente a la minería metálica, sino también a la no metálica, es decir, a la exploración, extracción y aprovechamiento de minerales y rocas como la caliza, el yeso, las arcillas y el caolín, la arena, la grava y la gravilla, el mármol y el travertino, la arena silícea, el feldespato, la sal, el ámbar y el larimar.
Consideramos que los daños ambientales acumulados por la explotación de estos recursos, muchas veces dispersa, escasa o nulamente fiscalizada y extendida por buena parte del territorio nacional, podrían superar, en su conjunto, los ocasionados por las grandes explotaciones mineras metálicas, concentradas en unas pocas localidades. ¿Acaso la gravedad del daño ambiental depende únicamente de su intensidad en un lugar determinado sin considerar su extensión territorial, persistencia en el tiempo y posibilidades reales de reparar lo destruido?
Hemos insistido desde esta columna en que la minería responsable comienza mucho antes de la fase de extracción. Antes de ese inicio, deben preceder estudios de impacto ambiental rigurosos y líneas de base confiables sobre aguas superficiales y subterráneas, suelos, biodiversidad y condiciones sociales de las comunidades. La minería que siempre hemos defendido no puede sustentarse en simples discursos ni en vocerías de intereses; todo proyecto minero debe decidirse sobre la base de la solidez de las evidencias y la promesa de remediación durante toda la duración del proyecto. Ello podría garantizarse solo si contamos con autoridades moralmente comprometidas con las presentes y futuras generaciones, y contando con un aparato regulador ténicamente competente, realmente independiente e insobornable.
¿Basta con proclamar, como hacen muchos, que el valle de San Juan es una extraordinaria zona agrícola, dotada de apreciables recursos hídricos? Estamos plenamente de acuerdo con que esa riqueza y cualquier otra merece una protección efectiva y comprobable. Pero cuando la protección que se reduce a proclamas es inútil y termina siendo causa de impunidad ante el crimen ambiental; de lo que se trata realmente es de conocer científicamente el territorio, sus fragilidades y los riesgos de cualquier intervención antes de autorizarla. Del mismo modo, afirmar que una explotación será segura porque se desarrollará bajo tierra supone la obligación intelectual de contrastar sus afirmaciones con estudios verificables. Pero, ¿por qué ciertos sectores no le dan mucho crédito a esos necesarios estudios? ¿Quién los elabora, quién los paga y quién finalmente responde por sus conclusiones?
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