Hasta que el golpe avise

Antes de iniciar una reforma legislativa lo primero que debería definirse es el objetivo perseguido, y verificar que esté en consonancia con las políticas estatales, sin embargo, algo que parece tan elemental es negligido porque la motivación real muchas veces es ganar capital político, y en ese tránsito el análisis objetivo de las causas y consecuencias es sacrificado, por una visión populista que simplemente se contenta con vender como buena la reforma, y como mala cualquier crítica.

Para nadie es un secreto que nuestro mercado laboral tiene una informalidad que ha rondado entre 55% y 57%, que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) constituyen alrededor del 98% de nuestro tejido empresarial, y que los altos costos laborales, y las cotizaciones de la seguridad social son las principales causas de esa informalidad, y una de las razones de la alta contratación de mano de obra de inmigrantes ilegales.

De igual forma es un hecho conocido que el mercado laboral depende en gran medida del importante trabajo doméstico, pues para que un alto número de personas, y principalmente de mujeres puedan salir a trabajar, necesitan dejar las labores del hogar y el cuidado de sus hijos, o de sus padres envejecientes,  a cargo de empleados domésticos, que en un país en vías de desarrollo como el nuestro no se trata de una contratación para personas de alto nivel económico, y que aproximadamente el 5% de la población económicamente activa ejerce este trabajo.

También es de conocimiento general los abusos cometidos por algunos abogados laboralistas que andan a la caza de trabajadores comprándole muchas veces sus casos seguros de que podrán sacar ingentes beneficios gracias a indemnizaciones que crecen sin límite, y que desnaturalizan la defensa de sus representados inventando dimisiones para obtener mayores indemnizaciones, realizando embargos abusivos, y generando altos costos a empleadores, que en el caso de las  MIPYMES, puede simplemente llevarlos a la quiebra.

Asimismo, que la reforma a la Ley 87-01 de Seguridad Social es inminente, y que su seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia si bien necesita ser revisado para realizarle los ajustes necesarios para que las pensiones representen un porcentaje del salario alineado con los estándares, y para dar la opción al empleado de sustituir el recibo de su pensión vitalicia por el pago de la suma acumulada en su cuenta de capitalización individual; este existe porque se hizo descansar en un corolario fundamental establecido en el artículo 58 de dicha ley, que libera al empleador de la compensación por cesantía por jubilación si recibirá una pensión.

Pero resulta que, la comisión del Senado a cargo de la revisión del proyecto introducido por el Poder Ejecutivo para reformar el Código Trabajo, el cual contenía los consensos resultantes de un extenso diálogo social, y que no llegó a incluir los puntos esenciales que habían quedado pendientes de consensuarse por ese pernicioso afán de sacrificar remedios por resultados cosméticos, esto es la cesantía y los recargos diarios por impago de esta que crecen ad infinitum, no solo se negó a revisar esos aspectos, sino que violentó los consensos, y decidió sin tomar en cuenta ninguna de las realidades descritas y otras existentes, aumentar las cargas laborales, afectar la competitividad de las zonas francas golpeadas ya por los aranceles, duplicar pensión y cesantía, hacer cambios adversos  retrotrayendo avances en la flexibilidad de las jornadas de trabajo de décadas de ejecución, entre otros, y hacer aplicables al trabajo doméstico disposiciones del Código que harán que solo los más adinerados puedan cargar con su costo, y con el riesgo de la judicialización de las terminaciones de esas relaciones laborales, y que pondrán en peligro el modo de subsistencia de muchas personas.

Nada de esto está en sintonía con el discurso de disminuir los empleos formales, bajar el uso de mano de obra indocumentada, bajar las cargas para asegurar mayor competitividad, ni el de activar la economía de forma tal que alcancemos las metas propuestas al 2036.  Al parecer solo se pretende reivindicar como un logro una reforma del Código Laboral, aunque tenga más pérdidas que ganancias a exhibir, porque desde el punto de vista populista, el mero anuncio de que se aprobó sin tocar la cesantía vende, y las consecuencias se ignorarán hasta que el golpe avise.