Cada vez que una provincia costera de la República Dominicana asume la responsabilidad de organizarse ante las amenazas latentes de tsunamis e inundaciones, no solo recibimos una buena noticia, sino que somos testigos de un acto de madurez y responsabilidad ciudadana. Es la evidencia clara de que una región ha decidido dejar atrás las improvisaciones para enfrentar, con estudios, datos, planes y estrategia, un riesgo que no es hipotético, sino real.
Más alentador aún es observar cómo este proceso trasciende el esfuerzo local al integrarse con las instituciones del Estado vinculadas al Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta. Cuando la voluntad comunitaria se alinea con la capacidad institucional, estamos ante un paso fundamental hacia el objetivo supremo: salvar vidas.
El pasado viernes 22 de mayo, fuimos partícipes de las jornadas de fortalecimiento de capacidades en la provincia costera María Trinidad Sánchez. Estos talleres integradores, impulsados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a través de su Fondo para el Desarrollo, son más que simples reuniones técnicas; son la semilla de una estructura de protección necesaria para nuestro país.
Como hemos advertido en reiteradas ocasiones, la insularidad de nuestra nación nos coloca en una posición de vulnerabilidad geográfica frente al cambio climático y la actividad sísmica. Si a esto sumamos un crecimiento demográfico desmedido en zonas costeras, el cóctel de riesgos aumenta exponencialmente. Por ello, dotar a las autoridades provinciales de herramientas estratégicas y protocolos de actuación, con un enfoque transversal que incluye derechos humanos, género e intersectorialidad, no es un lujo, es una necesidad de seguridad nacional.
Este esfuerzo, liderado por la consultora en gestión de riesgos, Dra. Cecilia Corporán, y respaldado por la Defensa Civil, a través de su Escuela Nacional de Gestión de Riesgos (ESNAGERI), así como por la Comisión Nacional de Emergencias, dota a las gobernaciones y ayuntamientos de una hoja de ruta clara. Ya no se trata solo de reaccionar; se trata de tener el mando político, estratégico y operativo para tomar decisiones rápidas y efectivas antes de que la emergencia toque nuestras puertas.
La historia de colaboración entre la OIM y la Defensa Civil, que ya ha dado frutos en la gestión técnica de albergues, es un testimonio de cómo la cooperación internacional, bien canalizada, fomenta comunidades más resilientes. Queda el reto de que esta formación no se agote en el aula. Debemos aspirar a que estos talleres nos permitan profundizar en el conocimiento del territorio, adaptar nuestras infraestructuras al cambio climático y, sobre todo, consolidar una cultura donde la prevención sea el eje central del desarrollo.
La preparación ante desastres es una obligación ética de quienes ejercen la función pública y una garantía de supervivencia para nuestros ciudadanos. Ojalá que el éxito en María Trinidad Sánchez sirva de espejo para que otras provincias del litoral dominicano repliquen este modelo. En la gestión de riesgos, el tiempo es el recurso más valioso y la prevención es la única.
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