Gran Bretaña sacudida: violación, encubrimiento y preguntas que América Latina no puede ignorar

Hay cifras que se niegan a ser leídas en silencio. Esta semana, un informe independiente publicado en el Reino Unido afirma que cientos de miles de niñas británicas —algunas de apenas once años— fueron violadas, traficadas y torturadas durante décadas, mientras policías, trabajadores sociales y políticos miraban hacia otro lado. La acusación más demoledora no es solo lo que ocurrió, sino por qué nadie lo detuvo.

El documento, de poco más de 200 páginas y publicado en junio de 2026, es obra de una investigación independiente encabezada por el diputado británico Rupert Lowe, líder del movimiento Restore Britain. Conviene subrayar la palabra independiente: no se trata de un informe oficial del Estado, sino de un trabajo financiado por más de veinte mil donaciones ciudadanas, con una clara agenda política. Esa naturaleza —reveladora para sus impulsores, sesgada para sus críticos— marca todo lo que sigue.

Qué afirma el informe

El patrón que describe es escalofriantemente coherente. Niñas vulnerables eran seducidas con regalos, alcohol y drogas y luego llevadas a casas, hoteles y restaurantes, donde grupos de hombres las agredían. Muchas fueron filmadas para chantajearlas y trasladadas entre ciudades como mercancía. Hubo embarazos, abortos forzados y daños psicológicos que durarán toda la vida. En algunos casos, las propias autoridades devolvieron a las niñas a manos de sus abusadores.

Las cifras que ofrece el informe son estremecedoras. Según el documento dirigido por Lowe, al menos 250.000 niñas británicas habrían sido víctimas de abuso, tráfico y violación desde la década de 1950, en no menos de 149 distritos del país. El informe sostiene, además, que alrededor del 87 % de las condenas por explotación sexual grupal correspondían a hombres con nombres distintivamente musulmanes, en su mayoría de origen pakistaní, y vincula esos patrones a factores culturales específicos.

Estas cifras provienen del informe de Lowe, no del Estado británico, y son objeto de intensa controversia: conviene leerlas como lo que son, las conclusiones de una investigación independiente y políticamente orientada. Pero aquí surge la paradoja más inquietante del caso. La razón por la que esas cifras pueden disputarse con tanta facilidad es, precisamente, que el Estado británico nunca se molestó en recopilar las suyas.

El dato que nadie quiso registrar

La auditoría oficial del Estado, dirigida en 2025 por la baronesa Louise Casey, llegó a una conclusión más cautelosa sobre la magnitud, pero reveló algo igual de grave. Casey encontró una sobrerrepresentación clara de hombres de origen asiático y pakistaní entre los sospechosos en tres regiones policiales concretas —Manchester, el sur y el oeste de Yorkshire—. Sin embargo, advirtió que, a nivel nacional, no se registra la etnia de cerca de dos tercios de los sospechosos, de modo que los datos disponibles «no son suficientes para sustentar ninguna afirmación» sobre el origen de los agresores a escala nacional.

Detengámonos en esa frase, porque encierra el verdadero escándalo. El Estado británico no carece de esos datos por accidente. En un país capaz de registrar meticulosamente el sexo de casi todos los sospechosos, la etnia de la mayoría simplemente no se anotó. Y, cuando sí existía, a veces desapareció: la propia Casey relató que encontró, en el expediente de una niña, la palabra «pakistaní» borrada con corrector líquido.

Esa imagen —una verdad literalmente tapada con líquido blanco— lo dice todo. Sea por omisión cómoda o por una corrección política deliberada, el resultado es el mismo: el Estado decidió no saber. Construyó un vacío de información y luego, amparado en ese vacío, pudo declarar que no había pruebas suficientes para afirmar nada. Es el encubrimiento perfecto, porque no requiere mentir: basta con no preguntar. Como advirtió la propia Casey, cuando la gente buena no enfrenta los temas difíciles, los malos los aprovechan.

Por qué nos concierne

Para el lector dominicano y latinoamericano, esta historia no es tan ajena como parece. Conocemos las redes de trata, la explotación de menores y la complicidad por omisión de instituciones débiles. Hemos visto cómo la corrupción y el miedo silencian a las víctimas. La diferencia británica es instructiva: allí no faltaron recursos ni leyes, sino voluntad de mirar de frente una verdad incómoda por temor a las consecuencias políticas de nombrarla.

Ahí está la lección que trasciende fronteras. Un Estado puede traicionar a los más indefensos no solo por crueldad, sino por cobardía: por elegir la comodidad de no saber. El informe de Lowe es polémico y está cargado de intención política, y algunas de sus cifras merecen escrutinio. Pero la pregunta que deja sobre la mesa es legítima y universal: ¿cuántas tragedias se prolongan porque nombrar el problema resulta políticamente incómodo?

La protección de un niño no debería depender jamás de la sensibilidad política del momento. Y un Estado que elige no registrar quién comete un crimen ha tomado ya, en ese mismo silencio, una decisión. Esa es la verdad que ningún país puede permitirse encubrir.

FUENTE:

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