Mientras preparaba todo para asistir a 2 encuentros en Bogotá sobre protección a personas de defensoras de derechos humanos e investigación de los crímenes y de los casos de criminalización en su perjucio, en nuestro país se registraba el asesinato de Francisco Ortiz Báez en la comunidad de Tireo en Constanza: un defensor del medioambiente.
Si bien las cifras sobre la más extrema forma de violencia contra personas defensoras de derechos humanos en República Dominicana no se comparan con las de países como Colombia, México o Perú, lo cierto es que el incremento de otras manifestaciones de la violencia está a la vista de todas las personas, dando avisos de que cada vez más el ejercicio de este derecho, el de defender derechos humanos, nos coloca en situación de mayor vulnerabilidad sin que existan mecanismos efectivos de protección.
Defender derechos humanos es una labor social es imprescindible para el fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, en este país resulta innegable el incremento de actos y acciones violentas en perjuicio de las personas defensoras de derechos humanos -dentro de las cuales me incluyo. Violencia que proviene de agentes privados y de agentes estatales y sin posibilidad real de acceso a la justicia, pues los organismos estatales encargados de la investigación y persecución de la violencia, envían al rincón de los olvidos los expedientes. El archivo es el mejor aliado del Estado; y el desincentivo, el mejor amigo de la impunidad. Ni estos organismos ni los encargados de administrar justicia dimensionan la gravedad de estos hechos:
“¡Ahí viene la abortera!” “¡Odio al feminismo dominicano!” -esta última expresión me la dijo una persona con una importantísima posición en la persecusión del crimen, en ocasión de la denuncia de un crimen contra defensoras de derechos humanos- “¡Ahí viene la haitiana, que se vaya a su país!”, “¡Ahí viene el traidor!”, “¡Ahí vienen a querer imponernos agendas!”, “¡Ahí viene el ambientalista!”…
Y puede llegar, como le llegó a Francisco, la muerte. Ignoran que las amenazas y hostigamientos son la antesala hacia lo peor. Algo más o menos similar a lo que se produce en los casos de violencia de género. Ahí se rasgan las vestiduras. Ahí se activa un sistema que volverá pronto a su letargo natural hasta que otra vez se atraviese la mala fortuna en el camino de otra persona.
El asesinato y los feminicidios son sin duda la expresión más violenta en perjuicio de las personas defensoras humanos, pero hay otras formas de muerte, como la muerte civil que experimentan en nuestro pais actualmente personas defensoras de derechos humanos de quienes se encuentran en situación migratoria irregular o que sufren apatridia.
Otras formas de violencia comunes en RD son las agresiones contra la integridad física y psíquica, con el ejemplo de la seguida impunidad de la que goza cierto grupo paramilitar que opera con protección estatal. Las amenazas, el hostigamiento y campañas de desprestigio, con un particular uso de las redes sociales y medios digitales, especialmente a mujeres; el discurso de odio y la desinformación, muchas veces impulsados por el propio Estado dominicano -soberano para negar derechos, pero dócil para requerir y recibir recursos-; o la criminalización y detenciones arbitrarias.
En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaba su preocupación por las expresiones amenazantes y de violencia contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos y otras personas, originadas a raíz de la sentencia TC/0183/13 del Tribunal Constitucional, cuyas críticas fueron tachadas de traición a la patria, acompañadas de mensajes que alienta a dar “muerte a los traidores”, sin consecuencia alguna[1]. En su informe anual 2023, recién publicado, la CIDH también muestra su preocupación sobre las denuncias de discursos estigmatizantes y acoso en línea anti-LGBT y racista en contra de personas defensoras de derechos humanos por su orientación sexual y actividades de defensa de los derechos de las personas LGBTI[2].
Para el 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas dictó la Resolución 53/144 sobre Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.
La Declaración reconoce el derecho a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y la responsabilidad estatal de proteger a las personas y organizaciones que realizan esta labor. Esta protección supone deberes de prevención de riesgos y fortalecimiento de liderazgos; garantizar respuestas institucionales efectivas frente a los riesgos; fortalecer la investigación de los hechos que atenten contra el ejercicio de este derecho; garantías de no repetición y el deber de reparación, para evitar que se repitan y resarcir el daño.
En octubre de 2023, en el caso histórico Miembros de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” Vs. Colombia[3] la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refirió a la importancia de las labores de las personas defensoras de derechos humanos en un sistema democrático, al efecto individual y colectivo de los atentados contra ellas y cómo esto justifica -a cargo del Estado- un deber especial de protección y un “deber de facilitar los medios necesarios para que las personas defensoras ejerzan su función”, como son “protegerlas cuando sean objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad, abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad”. Estos deberes de protección se extienden a las familias de las personas defensoras de derechos humanos.
Urge en nuestro país un marco normativo efectivo de protección con perspectiva de género, que garantice la integridad física y libertad frente al miedo. Urge dar respuestas a las denuncias. Urge responder y reparar a la familia de Francisco Ortiz Báez. Urge evitar que tragedias como esta -y las que la memoria histórica debe recordar- se repitan. Urge que el Estado se responsabilice de sus culpas al alentar la violencia contra quienes defendemos derechos humanos.
[1] Situación de derechos humanos en República Dominicana. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/RepublicaDominicana-2015.pdf
[2] Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2023/capitulos/IA2023_Cap_4A_SPA.PDF
[3] Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_506_esp.pdf