Los crímenes perpetrados contra mujeres por parejas y exparejas continúan formando parte de una violencia cotidiana normalizada. A pesar de la gravedad del fenómeno y de la recurrencia con que ocurre, la conmoción colectiva suele ser momentánea y limitada. Sin embargo, sus consecuencias trascienden la víctima directa y recaen de manera profunda y duradera sobre la población infantil y adolescente que presencia o sobrevive a estos hechos.

Cuando un niño, niña o adolescente ve cómo su padre o la pareja de su madre la asesina, no solo pierde a una figura fundamental de afecto y cuidado. Se produce una ruptura radical de su universo emocional, familiar y social. La estructura que garantizaba protección, estabilidad y pertenencia desaparece de forma abrupta, dando paso a escenarios de incertidumbre, duelo, miedo y desarraigo. Los rostros de la población infantil y adolescente huérfana por feminicidios documentados en diversas investigaciones (Vargas/Fundación Vida sin Violencia 2024) muestran las huellas de este proceso.

El impacto de los feminicidios sobre la infancia es multidimensional. Sus efectos se expresan en la orfandad, la exclusión social, la revictimización dentro de círculos de violencia, el deterioro de la salud mental, el incremento de las condiciones de pobreza y una mayor exposición a múltiples situaciones de riesgo. La pérdida de la madre suele venir acompañada, además, de la pérdida o encarcelamiento del padre agresor, provocando una doble ruptura familiar que obliga a reconfigurar completamente las dinámicas de cuidado y supervivencia.

La violencia de género experimentada por estas niñas, niños y adolescentes durante la vida de sus madres y culminada en el feminicidio deja marcas profundas y persistentes. No se trata únicamente del trauma asociado al asesinato, sino también de años de exposición previa a amenazas, agresiones, control y miedo. Estas experiencias pueden generar secuelas emocionales prolongadas y aumentar la vulnerabilidad frente a procesos de revictimización. El bullying, la discriminación, el estigma social, la exclusión y otras formas de violencia en centros educativos, comunidades e incluso en entornos familiares acogedores constituyen expresiones frecuentes de esta segunda victimización.

En varios casos, las madres habían advertido a sus hijos e hijas sobre el peligro que enfrentaban. Algunas dejaron instrucciones para la protección de sus hermanos menores o anticiparon escenarios de acogida familiar en caso de su muerte. Estas situaciones producen reorganizaciones familiares poco estudiadas y escasamente reconocidas. Hermanos y hermanas mayores asumen responsabilidades parentales, construyendo formas de convivencia sustentadas en la solidaridad familiar horizontal más que en las estructuras tutelares tradicionales.

Surgen así estructuras familiares excluidas de las categorías convencionales desde las cuales operan muchas instituciones y programas públicos. La preferencia expresada por niños, niñas y adolescentes de permanecer junto a sus hermanos en lugar de incorporarse a otros hogares responde, en gran medida, a la necesidad de preservar vínculos afectivos fundamentales y mantener viva una identidad familiar compartida. Estas decisiones no pueden interpretarse únicamente como respuestas emocionales; constituyen también estrategias de resiliencia y reconstrucción de la vida cotidiana frente al trauma.

No obstante, estas familias estructuradas alrededor de relaciones de hermandad suelen carecer de reconocimiento formal dentro de los sistemas de protección social. Como consecuencia, quedan excluidas de programas, ayudas económicas y mecanismos de acompañamiento diseñados en base a modelos tradicionales de familia. Esta situación evidencia una distancia significativa entre las realidades familiares existentes y los marcos institucionales vigentes.

La persistencia de una visión rígida de la familia limita la capacidad de respuesta del Estado frente a contextos de especial vulnerabilidad. Reconocer la diversidad de estructuras familiares existentes no implica debilitar a la familia como institución social; por el contrario, supone adecuar las políticas públicas a las complejidades de la realidad contemporánea y garantizar una protección efectiva a quienes más la necesitan.

Los efectos de los feminicidios sobre la infancia también deben analizarse desde una perspectiva intergeneracional. Diversas investigaciones sobre violencia familiar han mostrado que la exposición prolongada a contextos violentos puede influir en la reproducción futura de patrones relacionales marcados por el control, la subordinación o la agresión. Aunque no existe una relación automática entre haber vivido violencia y ejercerla posteriormente, la ausencia de acompañamiento integral aumenta los riesgos de que estos traumas permanezcan.

La prevención de los feminicidios debe constituir una prioridad nacional. No basta con fortalecer las respuestas judiciales una vez ocurrido el crimen. Resulta indispensable promover transformaciones culturales profundas que cuestionen los modelos de masculinidad asociados al poder, el control y la violencia, favoreciendo otros sustentados en el respeto, la corresponsabilidad y la equidad de género. La intervención desde las políticas públicas requiere actuar simultáneamente en las familias, los centros educativos, los espacios laborales, las comunidades y los medios de comunicación, fortaleciendo una cultura de derechos y convivencia democrática.

En los centros educativos, el abordaje de esta problemática requiere estrategias específicas de prevención, acompañamiento y protección. La erradicación del bullying y las distintas formas de maltrato resulta fundamental para evitar que niños, niñas y adolescentes víctimas de feminicidios sufran procesos de doble victimización. Cuando estas situaciones no son atendidas oportunamente, pueden derivar en bajo rendimiento académico, abandono escolar, aislamiento social y dificultades para la construcción de proyectos de vida.

Esta población requiere acompañamiento psicológico sostenido en el tiempo. Los efectos del trauma no desaparecen con intervenciones puntuales ni con respuestas de emergencia. Se necesitan programas integrales que incluyan asistencia terapéutica especializada, apoyo psicosocial y espacios de reconstrucción emocional. La incorporación de la música, el teatro, la pintura y otras expresiones artísticas constituye una herramienta importante para fortalecer capacidades cognitivas, emocionales y relacionales, facilitando procesos de restauración del dolor y recuperación de la autoestima.

Los programas sociales deben incorporar explícitamente a la niñez y adolescencia huérfana por feminicidios como una población prioritaria dentro de las políticas de protección e inclusión social. Reconocer sus necesidades específicas, visibilizar su situación y garantizar respuestas institucionales adecuadas constituye no solo una obligación del Estado, sino también una responsabilidad ética de la sociedad en su conjunto.

Los feminicidios no terminan con la muerte de las mujeres. Sus efectos se prolongan en las vidas de hijos e hijas que deben reconstruirse en medio de pérdidas, estigmas y profundas transformaciones familiares. Hacer visible esta realidad es un paso imprescindible para comprender la verdadera dimensión social de la violencia de género y para desarrollar respuestas que coloquen en el centro a quienes, siendo víctimas indirectas, cargan durante años con sus consecuencias más profundas

Tahira Vargas García

Antropóloga social

Doctorado en Antropología Social y Profesora Especializada en Educación Musical. Investigadora en estudios etnográficos y cualitativos en temas como: pobreza- marginación social, movimientos sociales, género, violencia, migración, juventud y parentesco. Ha realizado un total de 66 estudios y evaluaciones en diversos temas en República Dominicana, Africa, México y Cuba.

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