Exponencial expansión ante la tolerancia del Estado

La perniciosa complicidad del Estado ante una competencia desigual

Algo se ha resquebrajado en el comercio dominicano. No ha sido por una crisis global ni por falta de talento emprendedor. Ha sido producto del descontrol y la permisividad que ha venido instalandose dentro del sistema. Crece frente a los ojos de todos: una expansión comercial sin precedentes que plantea preguntas embarazosas sobre la equidad, la transparencia y la función de nuestras instituciones.

La proliferación de negocios chinos, que en sí misma no sería negativa si desde un principio hubiesen operado bajo las mismas reglas y condiciones de igualdad, ha transformado el panorama del comercio nacional. En gran mayoría de pueblos y ciudades de nuestra geografía, pequeños empresarios dominicanos han visto cómo sus ferreterías, tiendas de textiles, zapaterías y misceláneas son desplazadas por una competencia difícil de igualar.

Según reportes de Hoy y El Nuevo Diario, los comercios de capital chino ofrecen precios entre 30 y 50 por ciento más bajos que los locales, gracias a mecanismos de importación más baratos y, en algunos casos, a irregularidades en la valoración de mercancías. En provincias como Santiago, La Vega y San Cristóbal, comerciantes entrevistados por AlMomento hablan de haber sido “barridos” del mercado. Las autoridades aduanales han realizado operativos y sancionado a varias empresas de origen asiático por subvaluaciones, lo que muestra que el fenómeno no es aislado.

A esto se suman denuncias laborales. Empleados de tiendas chinas han reportado jornadas extensas y ausencia de registro en la Tesorería de la Seguridad Social, sin cobertura en una ARS ni afiliación a una AFP, según el Business & Human Rights Resource Centre y gremios locales. ¿Cómo compite un comerciante dominicano que paga TSS, impuestos y arriendos altos frente a quien puede operar con menores costos y menor fiscalización?

Y para colmo, a estos incumplimientos mencionados se suma las clausuras recientes dispuestas de muchas tiendas de capital chino, según la prensa, tras detectarse fallas estructurales graves, así como ausencia de licencias y permisología de construcción, violaciones a normas de seguridad y falta de estudios técnicos y ambientales. Aunque esos cierres fueron justificadas por razones de ingeniería y no por aspectos fiscales o comerciales, evidencian el nivel de informalidad y favoritismo con que muchos de estos establecimientos han operado durante años. Más que un episodio aislado, revelan la necesidad de revisar integralmente los procedimientos de apertura, supervisión y regularización de este tipo de comercios. Si aprovechamos bien, esta coyuntura podría ser el punto de partida para ordenar este sector que ha crecido de forma desigual y poco regulada, al margen de la coherencia necesaria de nuestras políticas públicas.

Y en medio de todo, ProCompetencia ha brillado por su ausencia. Tras revisar sus resoluciones y comunicados públicos, no existe registro de que haya investigado o sancionado prácticas relacionadas con los comercios chinos o con distorsiones derivadas de su expansión. Ningún informe, procedimiento ni pronunciamiento oficial aborda este fenómeno. La institución ha reconocido que recibe denuncias sobre competencia desleal, pero su propia directora ha admitido que la ley actual le impide imponer sanciones monetarias y limita su capacidad de acción. Más allá de declaraciones generales, su papel en este caso ha sido, cuando menos, indiferente e ineficaz.

Incluso el economista Andrés Dahjuare Hijo en su artículo “Los Chinos de Malamud”, señaló que la evasión y la informalidad en este sector representan un serio desafío para las finanzas públicas. Sus reflexiones, al igual que lo señalado en Acento, en artículos como “Competencia, fiscalidad, mercado laboral y consumidor”, los vacíos de fiscalización y la falta de acción coordinada entre las instituciones se mencionan como factores que agravan la distorsión del mercado y socavan la confianza pública.

No se trata de cerrar negocios ni de señalar nacionalidades. Se trata de preguntarnos si el Estado está haciendo cumplir las normas que él mismo dicta. Este problema no nació ayer. Se ha incubado durante años, bajo distintos gobiernos, con la misma permisividad. Ninguna administración ha asumido plenamente el reto de crear condiciones de competencia equitativa, sin privilegios ni omisiones.

El daño no se mide solo en cifras, sino en confianza. Cada negocio que desaparece representa un golpe al equilibrio social y a la cultura del esfuerzo. Cuando el éxito depende de quién evade mejor, la corrupción deja de ser un rumor y se vuelve parte del sistema. Y ese es el peligro más profundo: la pérdida de fe en las reglas y en las instituciones.

La solución no está en los titulares sobre cierres de establecimientos comerciales, ni en campañas mediáticas de imagen. Está en aplicar la ley con coherencia y sin excepciones.
La DGA debe fortalecer sus mecanismos de trazabilidad y control de importaciones. La DGII debe garantizar una fiscalización equilibrada. El MIVED, así como los Ayuntamientos, deben hacer cumplir todas las reglas y requisitos para otorgar permisos de construcción y operación que exigen nuestras leyes y normativas.

ProCompetencia por su lado debe asumir de manera firme su rol regulador y de supervisión real del mercado, investigando, previniendo y sancionando las prácticas que distorsionan la libre competencia y colocan en desventaja a los actores que cumplen con la ley.

Solo así se podrá garantizar que la apertura y operación de un negocio, sea del origen que sea, respondan a las mismas condiciones legales, técnicas y éticas que el resto del país está obligado a obedecer.

Si la competencia no es justa, no es competencia. Si el mercado premia la evasión, no es libre. Y si las instituciones callan, o miran para otro lado, el silencio y la indiferencia también tienen un costo.

En una competencia verdadera no puede haber favoritismo, sino la seguridad en la aplicación de las mismas reglas a todos por igual. Si queremos que realmente la República Dominicana trascienda como líder regional y se convertierta en un referencte, como lo tanto pregonado por este gobierno y los anteriores, debemos trabajar para enderezar el rumbo y fijar para que se cumpla esa meta.