Una de las funciones de la escuela y de la universidad es, entre otras, educar para la democracia, y está referida al desarrollo de las capacidades y habilidades para una convivencia social fundada en la solidaridad, la participación y el respeto, entre otros valores.
La educación democrática proporciona una defensa de la educación basada en los principios que tienen el objetivo de enseñar las habilidades y valores de la democracia deliberativa, en un contexto social en que la autoridad educativa debe estar compartida entre padres, ciudadanos, docentes, estudiantes y el Estado.
En una democracia, la divergencia política, no es algo que deba evitarse forzosamente. Las controversias políticas sobre los problemas educativos son una fuente particularmente importante de progreso social, porque tienen el potencial de educar a muchos ciudadanos.
La política democrática es el modo correcto de dar forma a esta cultura y las escuelas primarias, secundarias y las universidades, son el lugar correcto para enseñarla. Pero las escuelas y universidades que sirven simplemente para perpetuar la creencia de las mayorías dominantes actúan como agentes de represión política y educativa.
¿Qué papel debería atribuirse a los docentes? Algunos autores los consideran como el “soporte de una división del trabajo complementario entre expertos y autoridad académica: gobiernos democráticos perpetuadores de una cultura común y docente que cultivan la capacidad para la reflexión crítica sobre esa cultura”.
Los docentes sirven para añadir luz crítica a una cultura creada y fortalecida democráticamente. La responsabilidad profesional de los docentes es mantener el principio de no represión mediante el fomento de la capacidad para la deliberación democrática dentro y fuera del aula.
El principio de no represión, por lo tanto, no sólo limita a la autoridad democrática, sino que también aporta contenido democrático al concepto de profesionalismo de los docentes.
El principio de no represión define el propósito democrático de los docentes y sus sindicatos: lograr la atención, apoyo de las autoridades democráticas para que creen las condiciones bajo las cuales los docentes puedan cultivar la capacidad de los estudiantes para la reflexión crítica sobre la cultura democrática.
Esto no significa que todas las pretensiones de autoridad educativa y todos los desafíos al control democrático por parte de los sindicatos docentes sean legítimos. Muchos sindicatos no cumplen su misión democrática exigiendo sólo más beneficios para sus afiliados.
Los sindicatos magisteriales también deben exigir que las escuelas y universidades estén estructuradas y equipadas para facilitar el trabajo, la docencia, la investigación la convivencia comunitaria ampliada, la responsabilidad social universitaria y que apoyen a los maestros en la promoción de la capacidad de deliberación crítica en las aulas y en la comunidad, así como en sus respectivas escuelas, colegios y universidades.
Los docentes y sus sindicatos deben mirar necesariamente hacia la democracia. Asumiendo su papel desde instituciones educativas que promueven activamente la participación, la toma de decisiones colectivas y el respeto a la diversidad, formando ciudadanos críticos y comprometidos con los valores democráticos y la sostenibilidad social.
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