Provoca indignación e impotencia el asesinato del conductor del camión recolector de basura de Santiago, Deivy Carlos Abreu Quezada, a manos de una banda motorizada armada. Por la forma en que ocurrió el hecho, queda claro que no se trata de la primera vez que ese grupo persigue a alguien con fines de agresión.
Esa operación vandálica no es una casualidad ni una expresión del momento. Se puede deducir que los códigos de respuesta ante un roce o una deuda con cualesquiera de ellos consisten, precisamente, en cobrar con el daño físico a algo o a alguien.
Ese suceso es una barbarie a la que debemos prestar atención: que una decena de bandidos motorizados, dedicados al "préstamo, motoconcho u otras labores", decidan perseguir a una persona por algún asunto pendiente hasta alcanzarla, golpearla y quitarle la vida, es inhumano.
Son tantos los factores que se combinan que, al estudiar este hecho, queda claro que vamos por muy mal camino. La falta de empatía y sensibilidad de quienes debieron auxiliar a Deivy, en vez de ponerse a grabar y generar contenido para las redes sociales, nos desconcierta.
Y lo más preocupante: el hecho de no recibir la ayuda solicitada a las autoridades del orden al momento de ser perseguido nos vulnera a todos.
¿En qué momento aprendimos a darle más valor a un video en redes sociales que a la vida de una persona? ¿Qué nos está pasando como seres humanos y como sociedad? Ya sea un choque entre vehículos, una riña entre vecinos o una bronca por una deuda pendiente, el encender el teléfono móvil para grabar el hecho esperando un desenlace fatal denota una indolencia extrema.
No soy de los que piensan que ante cada hecho nuevo deba crearse una ley, pero estoy convencido de que es momento de reflexionar y evaluar si se hace necesario regular el uso del teléfono celular en momentos de emergencia.
Hay que definir los contextos en los que es ético usar un dispositivo. Si ante un accidente con personas heridas que necesitan auxilio alguien decide grabar contenido en lugar de socorrer, debería existir una sanción ejemplarizante.
El caso de Deivy Abreu tiene que castigarse con todo el peso de la ley. Nuestra sociedad debe considerar un marco jurídico que penalice a quienes, ante una emergencia similar, opten por la indiferencia de grabar con su móvil.
Pensemos seriamente en una legislación que sancione las actitudes deshumanizantes derivadas de esta peligrosa práctica. La omisión de socorro para priorizar la creación de contenido es una conducta que debe ser castigada. Esa parte deshumanizante del uso de la tecnología hay que ponerla en el centro del debate actual.
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