El dicho/lamento “aquí no existe un régimen de consecuencia” es tan penosamente cierto que parece que a veces se legisla sobre alguna cuestión sin la más mínima voluntad de que lo legislado o reglamentado se aplique. Peor aún, con la clara intención de que no se aplique. La Ley 169-14 es un ejemplo. De ese modo, la inexistencia del régimen de consecuencia se ha institucionalizado y por eso se propagan mentiras, mitos, opiniones aviesamente retorcidas sin que pase nada. Es lo que sucede con determinados discursos y prácticas de varios sectores ultranacionalistas con relación al tema migratorio que ha conducido, de hecho, a una situación política con elementos típicos del estado de excepción. Un laberinto del que difícilmente saldremos indemne.
En esencia, un estado de excepción es una situación considerada de extremo peligro para la nación que obliga o justifica que el jefe del Estado apele a medidas excepcionales que limitan o suprimen temporalmente determinados derechos individuales para la protección del bien público. Una de las principales justificaciones del gobierno de su actual política migratoria, es que la soberanía nacional está en peligro por el carácter explosivo de la situación de haitiana, sin embargo, es reiterativo en afirmar que la frontera está segura. Sellada, apostillan sus voceros… si es así, las medidas excepcionales que sistemáticamente se están tomando son evidentemente excesivas, moral y legalmente insostenibles, además de inviables desde el punto de vista práctico.
Esa circunstancia ha determinado que, en el manejo de esta cuestión, algunas acciones del gobierno no son propias de un estado de derecho sino, de un estado de excepción o de guerra sin que se hayan oficialmente declarado y, como bien dice Pablo Mella, tiene la particularidad de que es contra los migrantes haitianos en la que muchas veces se incluyen dominicanos de origen haitiano. Desde siempre, y ese fue el origen de la Sentencia 168-13, el núcleo duro del ultranacionalismo de origen trujillista e irreductible en la propagación del odio y los mitos del antihaitianismo ha mantenido la idea de la expulsión masiva de los nacionales haitianos o de origen. Por eso se opusieron y se oponen a las diversas leyes y decretos sobre la regularización.
Desafortunadamente, este gobierno ha sucumbido ante semejante despropósito y a pesar de que quizás quisiera encontrar una forma de acuerdo sobre este tema, las declaraciones de su vocero, semanas después de la publicación de las “15 medidas para enfrentar la migración ilegal y garantizar la soberanía nacional”, dicen otra cosa, en ellas se establece que no se contempla ninguna regularización. Puede que los hechos y la presión de los sectores más sensatos del país lo obligue a cambiar de chucho, pero se mantiene tentado a asumir la locura de los ultranacionalistas. De ahí su reticencia a reconocer las leyes y decretos que lo obligan a enfrentar el tema de regularización, situándonos en un estado de excepción o de guerra no oficial y legalmente declarado.
Dicen machaconamente que la frontera está sellada por lo que ser así, “la integridad territorial dominicana no está en peligro grave e inminente por agresiones armadas externas”, por lo cual no se justifican medidas propias de un estado de guerra o de excepción. Pero aun estándolo, tal como se consigna en el artículo 263 de la Constitución, debe respetarse “El derecho a la vida; El derecho a la integridad personal, La libertad de conciencia y de cultos, Los derechos del niño, El derecho a la nacionalidad (…). Por consiguiente, y con relación a este último derecho, no existe un motivo legal, moral o de seguridad interna que justifique la inhabilitación de la Unidad de la Ley 169-14 para conocer los expedientes del grupo de desnacionalizados por la Sentencia 168-13, e incluso, se supone, de los hijos que estos hayan procreado durante el periodo de espera a la solución de su estatus.
Igualmente, urge una solución legal y realista al tema de la regularización y reglamentación. o como se le llame, a la demanda de mano de obra extranjera de los sectores productivos para poder operar. Asumir la posición/presión del ultranacionalismo sobre esas dos cuestiones es hipotecar el futuro de las actividades productivas de la nación y la necesidad de unas relaciones con Haití que inevitablemente deben ser armoniosas. Con ello no se renuncia al inalienable principio de soberanía del Estado dominicano, sino que esta se ejerza con racionalidad y realismo, sin odios ni tragedias sino con inteligencia por ser el país que más tiene que perder manteniendo unas relaciones entre estados y pueblos consistentemente envenenadas.
Esto obliga a detener las medidas que nos sitúan como un estado de excepción sin que así lo haya declarado el Congreso, a aplicar las leyes y decretos que obligan al Estado regularizar decenas de miles de personas, no inducir a los gobiernos locales a identificar y perseguir migrantes supuesta o realmente indocumentados para que no cometan abusos contra ellos. Sobran los ejemplos. También, la toma de posición de todos los partidos sobre este tema, comenzando por el oficial, y que las academias, importantes sectores de la intelectualidad y gran parte de la sociedad civil salgan de su silencio.
Compartir esta nota