La democracia debe a las universidades una sólida formación ciudadana, la producción de conocimiento relevante para la sociedad y la promoción de valores democráticos. Las universidades, a su vez, deben a la democracia un compromiso con la excelencia académica, la inclusión y la participación activa en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Las universidades tienen la responsabilidad de proporcionar acceso a la educación y al conocimiento, lo cual es fundamental para que los ciudadanos puedan comprender y participar activamente en la vida democrática.
La educación universitaria debe fomentar el desarrollo de valores como el respeto, la responsabilidad y la solidaridad, promoviendo una pedagogía dialógica que involucre a los estudiantes en la toma de decisiones.
Las universidades deben servir como espacios de experimentación para el aprendizaje cívico, donde se promueva el debate, la reflexión crítica y la participación activa de los estudiantes en el ambiente universitario y en la sociedad mediante asignaturas, talleres y seminarios.
Viene al caso lo que destacara en su discurso de investidura como Doctor Honoris Causa, que le concediera la Universidad Carlos III de Madrid en el 2004, el reputado Premio Nobel de Literatura, José Saramago, quien apeló a las universidades para solucionar "la enfermedad de la democracia". ¡Hoy también hacemos aquí el mismo llamado!
En su disertación titulada “Democracia y Universidad” Saramago dirá que “la universidad es el último tramo formativo en el que el estudiante se puede convertir, con plena conciencia, en ciudadano; es el lugar de debate donde, por definición, el espíritu crítico tiene que florecer: un lugar de confrontación, no una isla donde el alumno desembarca para salir con un título”.
Destacando la importancia de la necesaria vinculación entre democracia y universidad -el mismo Saramago- propone el cuestionamiento y la evaluación de la democracia. Hay que procurar la manera de reinventar de alguna forma la democracia, de arrancarla de la inmovilidad a la que fue condenada por la perversidad política.
En este sentido, las universidades del país deben crear espacios de discusión en los cuales se expresen y hagan evidentes los trasfondos filosóficos, religiosos, económicos, políticos y culturales de los problemas contemporáneos y, de esta manera, permitan a los estudiantes ejercitar su autorreconocimiento y el tratamiento plural, crítico y reflexivo de una gran variedad de temas y discusiones relevantes para la sociedad de hoy.
Lo anterior apunta a los supuestos teóricos de la pedagogía crítica, los cuales consisten en la comunicación horizontal en el aula mediante la cual se tienen en cuenta todos los saberes que intervienen en ese espacio de comunicación y acción.
Poniendo la mirada en la significación y resignificación de los imaginarios simbólicos colectivos y los trasfondos culturales, políticos y económicos de la vida real en la cual se realiza la experiencia educativa.
Esta mirada debe abarcar también la contextualización del proceso educativo para que el estudiante comprenda las estructuras de poder que subyacen a su realidad social; la búsqueda de salidas y de transformación de los problemas nuevos y viejos, vueltos urgentes, en la realidad nacional.
Al hablar de las formas de afrontar la justicia, resalta la necesidad del debate público y la cultura política que delibere y tenga en cuenta las discrepancias existentes. El ciudadano democrático debe tener la capacidad de elaborar juicios morales y de deliberar en el espacio público.
Pensar de forma crítica, a partir de criterios morales bien definidos, pero abiertos al diálogo y a la deliberación es lo que está en el trasfondo de la capacidad de elaborar un juicio moral, el cual debe estar guiado no por una camisa de fuerza, sino por un conjunto de ideas regulativas, abiertas a los nuevos contextos, procesos y realidades políticos y económicos.
Las universidades deben, por lo tanto, tener claridad sobre el hecho de que la motivación para obrar de forma democráticamente correcta no se puede imponer, al menos en una democracia representativa, pues se trata, por el contrario de un libre compromiso ético político de los ciudadanos democráticos.
Por este motivo, las instituciones de educación en todos los niveles, incluido el básico, deben promover las capacidades y valores propios de la deliberación, la cual supone múltiples habilidades que le permiten a la sociedad democrática el aseguramiento de las oportunidades básicas de los ciudadanos y la capacidad colectiva de lograr los objetivos propios de una cooperación humana justa.
En este contexto, la universidad debe formar personas democráticas: si bien en la educación primaria y en la familia se deben inculcar los valores básicos de la democracia (tolerancia, verdad y predisposición a la no violencia, etc.), los cuales constituyen el carácter de los seres humanos, en la universidad se aprende a pensar de forma cuidadosa y crítica sobre los asuntos políticos que nos pueden importar a todos.
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