El problema no está en Friusa. El problema está en los militares que cobran por dejarlos cruzar, en los políticos que se hacen de la vista gorda, en los que se ganan mucha plata con el tráfico de indocumentados, en los empresarios, comerciantes, hacendados, productores y constructores, que contratan indocumentados para abaratar costos y ganar más dinero.
Se debe deportar a todo indocumentado. Los Estados no solo tienen derecho, sino están en el deber de proteger sus territorios. Eso se sabe, se repite a diario y nadie se opone a que se haga. Lo que siempre se pide es respeto por los derechos humanos de los deportables. Pero en esa parte el Estado dominicano ha sido muy inconsistente. El tema siempre lo ha asumido como coyuntural, cuando se calienta, y no como un problema serio a enfrentar con responsabilidad.
Bien. Que se deporte a quienes no cumplen con las leyes dominicanas. Pero también que se castigue a los traficantes de haitianos y a los que contratan manos de obras de indocumentados, en perjuicio de los trabajadores dominicanos.
Una vez escuché a un amigo, dueño de una finca ganadera y de caña de azúcar decir en un grupo que sin los haitianos él y su familia se arruinan. Todos nos asombramos. Pero él nos explicó en detalle y con argumentos económicos ese criterio.
Finalmente, si el Estado dominicano se da una vuelta por las fincas, por las grandes torres capitalinas y por las construcciones turísticas o de cualquier índole, encontrará lo que supuestamente anda buscando: haitianos por pipá. Pero no lo hacen, hasta ahí no llegan. Porque en el fondo, e históricamente, el Estado dominicano ha sido el gran cómplice de esto que ahora ha estallado y amenaza con graves consecuencias.
Y ¿qué me dicen de nuestros consulados que anualmente otorgan miles y miles, decenas de miles, de visas a haitianos, muchos de los cuales entran al país y se quedan?
¿Quién o quiénes enfrentarán el problema en la raíz, y no solo en las ramas?
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