Recientemente, en un grupo donde se comunica una gran cantidad de psiquiatras de nuestro país, algunos colegas a quienes respeto profundamente expresaron reservas sobre la transformación del antiguo Hospital Psiquiátrico –“el 28”- en el actual Centro de Rehabilitación Psicosocial. Habiendo asumido en su momento la responsabilidad de liderar ese cambio, me mueve el deber ético y profesional de argumentar en defensa de aquel paso trascendental e irreversible.
Del modelo asilar a la dignidad del paciente
Entiendo la resistencia de quienes observan el cambio desde la nostalgia de la práctica hospitalaria clásica o desde la preocupación legítima por la limitada capacidad de respuesta del sistema. Sin embargo, no podemos confundir la necesidad de camas de internamiento para eventos agudos –función que corresponde a las Unidades de Intervención en Crisis en hospitales generales- con el hacinamiento y el panorama desolador que caracterizó durante décadas al “28”. Ante ese cuadro, asumí la gestión desde el compromiso con la ética y la persona, avalando con las mejores prácticas de salud pública y enfoque comunitario los cambios que requería la salud mental en nuestro país.
Mantener el modelo asilar –basado en la institucionalización crónica- no solo perpetuaba una violación sistemática a la dignidad de los pacientes, sino que representaba una ineficiencia estructural insostenible para el sistema de salud. La transformación hacia un Centro de Rehabilitación Psicosocial responde a un paradigma centrado en la reinserción, la autonomía y la protección de los derechos humanos, alineando al país con los consensos internacionales. Defender este paso no es defender un edificio; es defender la transición definitiva de un esquema punitivo a uno verdaderamente terapéutico y humano.
La memoria gráfica de la barbarie
Es posible que muchos colegas de las nuevas generaciones nunca conocieran aquel lugar: figuras humanas emaciadas y desnudas, recluidas en pabellones inhóspitos y conviviendo muchas veces entre sus propias inmundicias y un hedor que emanaba y se percibía desde la entrada. No utilizo estos adjetivos por efectismo, sino con rigurosa certeza documental.
Por suerte, existen evidencias audiovisuales incontrovertibles que durante décadas registraron esa realidad. Periodistas de investigación como Nuria Piera -entre otros- documentaron la situación del “28” en los años 80, 90, 2015 y 2018. Esos documentos visuales están disponibles en la red para todo aquel que quiera constatar aquel escenario dantesco. Ignorar esos trabajos es negarse a estudiar la historia con la rigurosidad que amerita este caso; no se puede construir una crítica valedera sin haber observado estos testimonios que constituyen el registro de un pasado irrefutable.
El debate ético: consolidar el sistema comunitario bajo un modelo integral
El Centro de Rehabilitación Psicosocial no puede cargar con la culpa de autoridades posteriores que frenaron un modelo de atención integral que venía en desarrollo y que dejó por escrito los pasos a seguir. El debate de hoy no debe ser si fue un error cerrar la puerta a la barbarie del encierro asilar; el verdadero debate profesional y ético que nos convoca es exigir juntos la consolidación definitiva del sistema nacional de salud mental con enfoque comunitario y con perspectiva de salud pública.
Consolidar el sistema comunitario bajo un modelo integral no es una postura aislada o caprichosa: está respaldado formalmente por el Ministerio de Salud Pública en documentos normativos que todo especialista debería analizar. Me refiero puntualmente al Proyecto de Modificación a la Ley de Salud Mental 12-06 –actualmente en estudio en el Senado de la República- y al Plan Estratégico de Salud Mental 2026-2030.
Volver la mirada hacia el pasado no es una opción técnica ni humana, menos aún si la conceptualización está viciada. El compromiso con la ciencia y la dignidad de los pacientes nos exige defender a la salud como un producto social, pues es en ese contexto donde emerge la enfermedad mental. No puede haber una atención eficiente al margen de la comunidad, así como el hospital no puede ser el eje fundamental de nuestro trabajo: sencillamente, no hay salud sin libertad. Debemos exigir avances en base a una hoja de ruta que las propias autoridades han trazado, en lugar de alimentar visiones desacreditadas que solo plantean retrocesos.
Un cambio de paradigma necesario
El enfoque de derechos nos exige transitar de la exclusión hospitalaria a la inclusión psicosocial; del enfoque biomédico al comunitario; del modelo “cama” al de oportunidades de vida, y del tratamiento a corto plazo hacia un cuidado centrado en la rehabilitación. Entender esta diferencia nos permitirá alejarnos de la diatriba estéril y unir esfuerzos para saldar las deudas pendientes con la salud mental de nuestro país.
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