Así como el cuerpo humano se debilita cuando no recibe los nutrientes que necesita, un sistema eléctrico se deteriora sin planificación, inversión y visión de futuro. Esa es la situación de la República Dominicana: un sector eléctrico debilitado por la improvisación, falta de continuidad de los planes establecidos y el incumplimiento de los compromisos nacionales ya asumidos en el pacto eléctrico.
El Decreto 517-25, emitido el 8 de septiembre de 2025, reconoce la crisis que se negó, ya sea porque no se entendía la dimensión del problema o porque se minimizaron las consecuencias. Apenas meses antes, se aseguraba de que “los apagones serían cosa del pasado” y que lo que existían eran simples “momentos de presión”. Sin embargo, el decreto declara un estado de emergencia de un año completo, contradiciendo el relato oficial.
La incoherencia debilita la confianza pública. Mientras se habla de estabilidad y de exportar energía a Puerto Rico, los apagones se multiplicaban en los hogares y comercios. Mientras se asegura de que la capacidad instalada era suficiente, el decreto establece el riesgo inminente de déficit de generación.
La crisis energética se siente en cada aspecto de la vida diaria: en la salud, cuando los hospitales dependen de plantas de emergencia; en la educación, cuando los estudiantes no pueden estudiar ni acceder a herramientas digitales; en la productividad, cuando las Mipymes y los comercios pierden ventas y oportunidades; y en el hogar, cuando los alimentos se dañan en la nevera o el calor impide conciliar el sueño. Y su impacto es desigual: quienes tienen recursos instalan sistemas privados de respaldo, mientras los más vulnerables quedan expuestos a la incertidumbre.
El país no puede quedarse en la emergencia; debe transformar esta crisis en una oportunidad para continuar los planes que garanticen un sistema eléctrico confiable y sostenible
El sector eléctrico no solo impacta la vida cotidiana, también constituye una pesada carga para las finanzas públicas. En 2024, los subsidios superaron los US$1,769 millones, reduciendo el margen para invertir en áreas vitales como la salud e infraestructura. A esto se suman las pérdidas de distribución, que alcanzaron un 42.2 % en 2024 y en mayo de 2025, las pérdidas totales alcanzaron el 41.7 %, según el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), lo que significa que casi la mitad de la energía comprada por las distribuidoras no se cobra ni llega de forma efectiva a los usuarios; en términos simples, casi cuatro de cada diez kilovatios producidos se pierden o no se cobran.
Y la situación se agrava con las compras por excepción, que suelen encarecerse entre un 15 % y un 30 %, lo que en un año de emergencia puede traducirse en cientos de millones de dólares adicionales.
En 2021, el país firmó el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, con metas claras: reducir pérdidas, diversificar la matriz, modernizar redes y garantizar transparencia. Cuatro años después, el Consejo Económico y Social (CES) presentó su informe de veeduría y los resultados son alarmantes:
- De los nueve compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo, solo uno se ha cumplido.
- Cinco (55 %) no se han iniciado.
- Tres (34 %) están en proceso.
- En total, 89 % de los compromisos no está terminado.
El CES concluye que el Ejecutivo es el órgano con menor nivel de cumplimiento dentro del pacto. Este incumplimiento refleja la falta de compromiso con la reforma estructural del sector eléctrico y explica por qué hoy se recurre a medidas de emergencia.
El Decreto 517-25 es la prueba de que la improvisación tiene un costo: apagones persistentes, subsidios insostenibles y pérdida de confianza.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dejó un sistema en expansión: Punta Catalina aportó más de 700 MW firmes, se impulsaron proyectos renovables y se diseñó una hoja de ruta con metas de diversificación y reducción de pérdidas. Esa planificación permitió reducir apagones y dar estabilidad al sistema. La falta de continuidad en esa estrategia y el incumplimiento del Pacto Eléctrico explican buena parte de la crisis actual.
El país no puede quedarse en la emergencia; debe transformar esta crisis en una oportunidad para continuar los planes que garanticen un sistema eléctrico confiable y sostenible. Para lograrlo, se requiere actuar en tres horizontes:
En el corto plazo
- Realizar una auditoría energética independiente que muestre con transparencia la situación real del sistema.
- Garantizar total transparencia y competitividad en las contrataciones derivadas del decreto de emergencia.
En el mediano plazo
- Reducir las pérdidas de distribución en al menos cinco puntos porcentuales en un período de tres años.
- Modernizar las redes de transmisión y distribución con infraestructura inteligente que garantice estabilidad y eficiencia.
- Cumplir el Pacto Eléctrico.
El Decreto 517-25 es la prueba de que la improvisación tiene un costo: apagones persistentes, subsidios insostenibles y pérdida de confianza. Se necesita cumplir los compromisos ya asumidos en el Pacto Eléctrico y actuar con transparencia y visión de largo plazo.
Esta crisis puede ser recordada como otra oportunidad perdida o como la oportunidad de retomar la transformación del sector. Todo dependerá de la voluntad de cumplir la palabra dada y gobernar con visión de Estado.
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