El sueño Salvadoreño: seguridad a cambio de todo lo demás

El aclamado presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha logrado lo que durante décadas parecía imposible: pacificar a uno de los países más violentos del mundo. No obstante, a medida que bajan los números de homicidios también han caído otros índices como la democracia y el Estado de derecho.

El fin de la guerra civil a través de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, así como la deportación de miembros de pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 desde Estados Unidos, aunado a la existencia de un Estado debilitado, permitieron el progresivo aumento y consolidación de la violencia en todo el territorio salvadoreño. Estos niveles de violencia llegaron al clímax en 2015, permitiendo que esta nación se coronase como la más violenta del mundo con una tasa de homicidios de 106.82 por cada cien mil habitantes.

Ciertamente, la promoción de una política de mano dura y anticorrupción bastó para que el “outsider” Bukele alcanzara la Casa Presidencial en 2019. Cabe destacar que esta victoria fue facilitada por una competencia contra los desgastados ARENA y FMLN, quienes se habían alternado el poder desde 1982 sin resolver ninguno de los problemas estructurales que enfrentaba el Pulgarcito de América. De esta forma, Nuevas Ideas, como partido de centro y sin historia de corrupción, cambiaría las dinámicas del poder.

Es preciso decir que el poder, en su forma más completa, no se alcanza solo con dominar el Ejecutivo, lección que tuvo que aprender el presidente de directamente. La deslegitimación y aversión promovidas en campaña sirvieron de abono para los conflictos que se dieron en la entonces plural Asamblea, lo que llevó a su militarización en 2020. Sin embargo, las elecciones legislativas de 2021 y la consecuente nueva mayoría parlamentaria de Nuevas Ideas dieron lugar a la materialización de la arbitrariedad. En el primer acto de esta nueva composición de la Asamblea, se decidió destituir al Fiscal General, quien investigaba las comunicaciones de Bukele con las pandillas, y a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por oponerse a decisiones del Ejecutivo.

En paralelo, la opaca agenda programática de seguridad, enfocada en prevención, lucha contra el crimen y reintegración, dejó de lado los derechos. Lo anterior en la práctica implicó el uso arbitrario de la fuerza, la profundización de la militarización de la seguridad pública y el uso de sanciones físicas y psicológicas a reclusos en centros penitenciarios. Lo anterior, alcanzó otro nivel con la imposición del estado de emergencia luego del fin de semana del 25 al 27 de marzo de 2022 en el cual murieron 87 personas, siendo este el momento más violento en El Salvador desde el fin de la Guerra Civil.

Bajo este esquema, el sistema de frenos y contrapesos fue lanzado por la ventana. En nombre de la seguridad, todos los poderes públicos se declararon serviles y toda crítica, inaceptable. Este estado de emergencia suspendió las protecciones constitucionales, incluidas la libertad de reunión y asociación, el derecho a la defensa civil, el derecho a ser informado de los motivos de la detención, las garantías que limitan la duración de la detención y el derecho a la privacidad en las comunicaciones y la correspondencia. Así las cosas, cualquiera podría ser arrestado, sin necesidad de pruebas y sin fecha de audiencia. Para finales de 2023, 73,000 personas habían sido arrestadas y 174 habían fallecido en custodia. Los que salen de las prisiones denuncian abusos, golpizas, aislamiento prolongado, tortura, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas, abuso del uso de gas pimienta, entre otros actos.

Cabe destacar que la popularidad del presidente no hace más que subir, colocándolo como el presidente más popular de la región, con políticos que prometen ser el Bukele local y una ciudadanía que lo exige. Ahora bien, el sueño salvadoreño de seguridad pública, crecimiento económico y eliminación de la corrupción tiene letra pequeña, pues la mirada de Bukele no se limita a las pandillas, sino que ha adoptado prácticas y enemigos siguiendo el manual de los autócratas.

En 2025, con una aprobación de un 91% y una percepción de seguridad del 88%, pandillas controladas y calles limpias, Bukele ha enfocado su atención en la disidencia. En el Salvador de Bukele, la crítica es traición, o peor aún, asociación directa con las pandillas. Resulta inaceptable la evaluación objetiva tanto de medios locales como, mucho menos, las labores de defensa de ONGs internacionales. En palabras del presidente: “no vamos a permitir que vengan a nuestra casa a decirnos qué hacer o a darnos órdenes”.

En este orden de ideas, los medios de prensa críticos como El Faro han tenido que sacar del país sus oficinas por las presiones e intimidaciones. Tan reciente como el 7 de mayo del presente año, tras revelar conexiones del gobierno con las pandillas, tres periodistas han tenido que exiliarse del país ante amenazas de detención sin garantías.

De la misma forma, el 13 de mayo fue arrestado arbitrariamente el defensor de derechos ambientales y abogado Alejandro Henríquez por protestar cerca de la zona en la que reside el presidente. Asimismo, el 19 de mayo, bajo cargos de peculado relacionados con su trabajo en el Tribunal Supremo Electoral hace una década, fue arrestada Ruth López, abogada y directora de Anticorrupción en la ONG Cristosal, como forma de silenciar la crítica.

Otro ataque a la democracia salvadoreña resulta de la reciente "Ley de Agentes Extranjeros", la cual sigue los pasos de países como Rusia, Nicaragua y Hungría. A través de esta ley se pretende gravar en un 30% todas las donaciones que reciban las ONGs en el país, dificultando su sostenibilidad económica y reduciendo en la práctica el espacio cívico.

Por otra parte, el Bukelismo ha logrado un nuevo hito al eliminar la prohibición de la reelección presidencial inmediata fijada desde 1886, habiendo sido esta reinterpretada desde 2021 para legitimar la reelección del presidente. La Asamblea Legislativa, compuesta por 60 parlamentarios, aprobó con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados reformar la Constitución, dando lugar a la extensión del periodo presidencial a seis años y la reelección presidencial indefinida.

Esta práctica, altamente controversial en la región latinoamericana, ha sido implementada como herramienta en favor de líderes populares para perpetrarse en el poder. En ese orden, organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han advertido que la reelección indefinida no constituye un derecho humano y que su habilitación afecta negativamente el pluralismo político y la separación de poderes. A su vez, la falta de alternabilidad del poder erosiona gradualmente las salvaguardas institucionales. Esta acción en concreto nos obliga a dejar a un lado la discusión entre derecha e izquierda, y llevarnos al debate entre democracia y demagogia.

En esta dirección, la democracia debe dejar de ser entendida como la simple celebración de un proceso electoral y comenzar a verse desde una óptica sustantiva. Una democracia sustantiva, si bien posee como elemento indispensable el sufragio universal, exige muchos más elementos. De este modo, no es posible hablar de democracia sin el respeto a los derechos fundamentales, un régimen plural de partidos políticos, presa libre, separación e independencia de los poderes públicos, transparencia gubernamental y participación plena de la ciudadanía en los asuntos públicos.

Ante esta situación se presenta la notable realidad de que erosionar la democracia no reduce la cantidad de votos. Eliminar la independencia de los poderes públicos, deslegitimar la oposición, vulnerar derechos y atacar la prensa es recibido con vítores dentro y fuera del territorio mientras se resuelva lo inmediato. Conforme a Hobbes, garantizar la seguridad es la razón por la que los hombres dejan el estado de naturaleza y realizan un contrato social. Sin embargo, como bien ha dicho Rousseau, este contrato no debe esclavizar, puesto que una carga injusta rompe la legitimidad del poder.

En una región marcada por violencia y corrupción se hace relativamente fácil entender de qué espacio sale la fe ciega a un autócrata. No obstante, si bien se ha obtenido paz en las calles, la deuda aún se encuentra en cuentas por cobrar, y al presente ritmo, se pagará en derechos, libertades y democracia.