El stand no basta: auditoría de resultados de FITUR

Desde 2020, la Feria Internacional de Turismo (FITUR) se ha consolidado como una cita central de la agenda pública dominicana en materia turística. Cada enero, una delegación amplia del Estado se instala en Madrid para proyectar al país como destino y como espacio de inversión. El despliegue es sostenido, cuidadosamente producido y financiado con recursos públicos. La participación dejó de ser sectorial para adquirir rasgos de política de Estado.

Precisamente por esa condición, el análisis no puede detenerse en la forma. La evaluación de FITUR no pasa por la estética del stand, por el volumen de reuniones anunciadas ni por la narrativa complaciente que suele acompañar la cobertura del evento. Esos elementos cumplen una función comunicacional. La acción pública, en cambio, se somete a criterios de eficacia, eficiencia y resultado.

La pregunta que corresponde formular es directa: ¿qué produjo, en términos verificables, la inversión pública sostenida del Estado dominicano en FITUR desde 2020?

Las ediciones sucesivas han estado acompañadas de anuncios de inversión, compromisos de proyectos, proyecciones de visitantes y estimaciones de empleo. Sin embargo, el énfasis institucional se ha concentrado en el momento del anuncio, no en el seguimiento posterior. La ausencia de información consolidada sobre ejecución impide determinar qué parte de esas proyecciones se tradujo en resultados reales.

Si FITUR ha funcionado como mecanismo de atracción de inversión, resulta indispensable identificar cuáles proyectos superaron la fase declarativa. Cuántos obtuvieron permisos, cuántos aseguraron financiamiento, cuántos iniciaron construcción y cuántos se encuentran actualmente en operación. En política pública, la diferencia entre intención y ejecución no es retórica, es sustantiva.

El mismo estándar debe aplicarse a la conectividad aérea. Los acuerdos suscritos con aerolíneas y turoperadores deben evaluarse por su continuidad operativa, por la estabilidad de las rutas abiertas y por su contribución efectiva al flujo turístico. El acto protocolar no constituye evidencia de impacto.

En materia de empleo, la exigencia no es menor. Las cifras agregadas carecen de utilidad si no se acompañan de información sobre calidad del empleo, formalidad, distribución territorial y sostenibilidad. El turismo genera valor cuando estructura economías locales, no cuando se limita a engrosar indicadores generales.

Aunque no exista un informe público integral que consolide estos elementos, sí es posible aproximar el costo de la estrategia. Los datos conocidos sobre montaje, logística, promoción, traslados, viáticos y eventos asociados permiten estimar que, desde 2020, el Estado dominicano ha destinado varios cientos de millones de pesos a su participación en FITUR. Se trata de una erogación relevante, reiterada y asumida como parte del gasto público ordinario en promoción internacional.

Ese nivel de inversión exige un ejercicio sistemático de evaluación ex post. No como concesión política, sino como obligación derivada del uso de recursos públicos. Identificar qué acuerdos se ejecutaron, cuáles permanecen en curso y cuáles no produjeron los efectos esperados forma parte elemental de una administración responsable.

La promoción internacional es un instrumento legítimo de la política turística. FITUR puede seguir cumpliendo ese rol. Lo que no resulta compatible con una gestión pública moderna es la ausencia de mecanismos claros de seguimiento, medición y corrección.

República Dominicana cuenta con un sector turístico sólido y competitivo. Precisamente por ello, la discusión sobre FITUR debe situarse en el terreno que corresponde: el de los resultados verificables, el impacto real y la responsabilidad en el uso de los fondos públicos. A esa responsabilidad se suma una exigencia elemental de transparencia. Cuando la promoción internacional se financia con recursos del Estado, el país tiene derecho a conocer no solo cuánto se invierte, sino qué se ejecuta, qué se concreta y qué permanece en el plano de la expectativa. El éxito, en este contexto, no se acredita con escenografía ni con declaraciones, sino con información accesible, verificable y sujeta a escrutinio público.