El significado histórico de la autoridad

La lógica política de Occidente vehicula el concepto de autoridad, partiendo de una actitud que promete siempre una garantía del fundamento. En este sentido, el concepto de Autoridad funciona en el vasto campo de la credibilidad, como el soporte de lo establecido, y cuyo resorte es tendencialmente la mirada del otro (en su ambigüedad o subjetividad).

Básicamente, la autoridad se transmite de la personalidad creada a la persona civil y natural. El argumento de la autoridad admite un conocimiento adornado con todos los órdenes de la retórica científica y política, pero también de la procesualidad histórica.

La política del signo ideológico ayuda de manera directa e indirecta, a producir el encuentro entre la autoridad social y las formas del cumplimiento. Pero el término autoridad se diluye en un maremágnum de conjeturas y aquiescencias, que escapan al significado verdadero del término, en razón de compromisos, acuerdos y conveniencias.

La latinidad conoce la forma Autoridad, en una vertiente de la exégesis y la interpretación. Pues la Auctoritas no es lo que, desde el punto de vista científico y político, entiende la mentalidad de Occidente, sino que su contenido apunta al establecimiento de lo que es por principio, progenie o acción.

En América Latina, la llamada autoridad de Estado, supone el poder y el apoyo, así como el dominio de las particularidades promovidas por una actitud y una práctica de clases y abolenio. Dicha actitud, implícita y explícita en los diversos casos, conoce la postulación de las instancias oficiales y principalmente el beneplácito gubernamental, eclesiástico y político, para sólo mencionar algunos.

El espacio histórico nos revela una construcción ya tradicional de la autoridad, en la mirada de la figura histórica, propiciada por un momento advertido como coyuntura política o científica. Lo cierto es que dicha figura histórica es y ha sido preparada para el consumo de quienes admiten o no admiten su significado y su funcionalidad.

La autoridad política es en nuestro ámbito y caso, una autoridad construida e impuesta por un lenguaje y un discurso de la representación y el beneplácito, comprado como parte de una mercancía histórica necesaria para la estimación de la persona y la personalidad establecida en el ámbito de la cultura del signo.

En efecto, si la autoridad funciona en el movimiento de la cotidianidad y la tradición, es porque existe una normativa de orden que intenta explicar e imponer, a través de mecanismos de influencia, el icono y la idea de autoridad, desfondando muchas veces su significado histórico.

Nuestra historia es explícita tanto en la gestualidad autoritaria, como en la conocida autoridad de poder. En la cronología que va de 1821 a 1950, el país conoce la autoridad política, principalmente a partir de sus usos variados. Núñez de Cáceres, p. Santana, B. Báez, Ulises Heureaux, Morales Languasco y Horacio Vásquez, encarnan una autoridad distinta, pero cuyos fines produjeron (y hasta hoy producen) tipos de credibilidad atestiguada por los sistemas de relaciones establecidos.

La procesualidad histórica a través de sus actuantes y co-actuantes, impone la figura y el orden presentando y distribuyendo el significado del poder político. El ejemplo del mandatario, el jefe, el tirano y el dictador, se mantiene como la sombra que persigue en el contexto de la estructura jurídico-política, al llamado libre albedrío de la conciencia pública.

En nuestro caso, la autoridad política se enmarca en el ámbito de la institución negada y vilipendiada.

Pues, al fin y al cabo, los manumítidos no logran "leer" a cabalidad el discurso de Estado que se establece como interminable y eterno. La autoridad política se hace sentir en los marcos regionales de lo político, y sus consecuencias son conocidas a través de la anulación histórica, el crimen de Estado, el tráfico de influencias y el signo económico.

El filósofo Bochenksy en su libro ¿Qué es autoridad? (Ed. Herder, Barcelona 1979), nos muestra una tipología de la autoridad propia de la mentalidad política, filosófica y científica de Occidente. Explicando la autoridad como un sistema de interpretaciones jurisdicciones, y como un campo de la credibilidad donde se manejan de manera subrepticia los poderes, nos muestra no solamente la ambigüedad, sino, la apertura constante de dicho concepto.

Las expresiones/no hay autoridad/, /existe la autoridad/, /el principio de autoridad/, /se perdió la autoridad/, /admitamos que no hay principio de autoridad/, /el gobierno perdió su autoridad/, /usted no tiene autoridad/, /le falta autoridad/, /no existe autoridad en los funcionarios gubernamentales/, etc, denotan un universo lingüístico y semántico de la relevancia política, ideológica, cultural y jurídica.

El argumento de la autoridad política, estimulando formas de una institución que se va desplomando paulatinamente en el movimiento de la acción social, pero cuya predicción o explicación se mantiene vigente en el dominio de lo social y sus ponderaciones o reconocimientos posibles.

LENGUAJE BUROCRÁTICO Y AUTORIDAD

Las burocracias occidentales sujetan la acción de los locutores, actores y agentes de la opinión pública, estimulando, presionando, de forma cuidadosa la fuerza crítica y la dispersión de los sujetos sentientes de la sociedad avanzada. El significado de los focos societarios se define y pronuncia por la presencia y la función de un sistema plural sujeto al control del discurso estatal. Personificar una dinámica siendo el orden establecido un conjunto discursivo deontológico, nos induce a pensar sobre los niveles de influencia y la capacidad dinámica de los organismos de Estado. Dichos organismos pertenecen al régimen sistemático de formaciones enunciativas con carácter imperativo y convencional.

En realidad, el lenguaje burocrático tiene su apoyatura en una ciencia global de la comunicación, que promueven determinadas inteligencias ligadas a los mecanismos de autoridad y de coerción. El concepto de fuerza pública fundamentado en el de fuerza social, recibe la carga semántica postulada por el sentido de instrucción y afirmación.

Los viaductos del lenguaje burocrático estiman las redes particulares que aparecen en la programática discursiva de la comunicación de Estado. Los signos y síntomas políticos percibidos como formas de la actuación social se transforman en símbolos, objetos e interpretantes asimilados al registro del proceso cultural jurídico y político. La determinación singular de los medios de control constituye una cadena de actores o agentes/antiagentes sociales, que precipitan el relato de lo político y lo convierten en la acción pública dirigida.

De ahí que los Focos societarios y estatales contengan el elemento de precisión transformado en sistema de comunicación e instrucción pública. El destino de los agentes/antiagentes tiene su efecto en el contexto de una sintaxis social y administrativa, que produce explicaciones muchas veces seguras y fructíferas.

Pero es en el texto funcional de Estado donde se cumplen las cualidades, normas, acuerdos y aciertos a través de construcciones lingüísticas y documentales cuyas determinaciones pragmáticas particularizan el empleo exacto de enunciados, leyes, declaraciones, comunicados, alocuciones, etc.

Una de las características de un texto pragmático de Estado es la síntesis discursiva. En tanto los procedimientos con posibilidades de realizar ideas y planes aparecen envueltos en una nebulosa expresiva; lo que cabe es someter a prueba a los medios y coactuantes de una empresa que, en nuestro caso, está en quiebra. El lenguaje de la autoridad revindica “lo puro” y “lo impuro”, lo malo/lo bueno, bondad/maldad, etc. Estas oposiciones solicitan un análisis para fijarse en los nudos y ambigüedades del discurso político e histórico.

En efecto, el concepto de autoridad históricamente determinado, se proyecta a través del discurso establecido de la burocracia de Estado, trazando así las pautas de un cumplimiento asumido por el Estado en su pragmática discursiva, asumiendo el significante del dictum de poder que constituye la matriz del discurso estatal y de sus instituciones caducas o enriquecidas. Autoridad y burocracia van de manos, puesto que ambas sistemáticas se interasimilan creando las redes de apoyo y las posiciones públicas concernientes a la integración del espacio político-ideológico. La estructura de la burocracia implica la función de los actores en el marco de una sistemática de Estado con poder de convencimiento.

Pero autoridad y burocracia no son conceptos desasidos, sino conceptos representados en el orden social y político. Autoridad y poder, burocracia y gesto. He ahí la dinámica ampliada de la norma de Estado y de la política del signo.

Las pautas discursivas de la autoridad estatal se funden en la particularidad misma de la expresión representada como: /a partir de ahora se entiende por mandato/, /la voluntad del pueblo se cumplirá/, /si peligra la institucionalidad entonces…/, /hay que defender la institucionalidad/, /los requisitos deben y tienen que ser estos/, /el mandato se dispuso/, /defendamos el principio de autoridad/, /las fuerzas vivas de la nación deciden/decidirán/, /el compromiso es con todos, no con mi partido/, etc., fundan un conocimiento real de la estructura dominante cuya finalidad es reveladora de un lenguaje menos analizado y más aceptado: El lenguaje de la burocracia de Estado.

Las tensiones políticas y económicas de un país promueven un aumento gradual de desajustes y funciones que señalan la personalidad política prototipal de los representantes de la estructura estatal. Los equipos gubernamentales, cargos, estructuras complementarias, aparatos coercitivos y disposicionales, construyen no solamente la gestualidad del poder estatal, sino también, el argumento lógico de autoridad.

Los viaductos del proceso normativo de las instituciones de poder, crean las relaciones contractuales, a través de focos enunciativos estructurados en base a la manipulación gubernamental y a los organismos que prolongan la acción del Estado en la función pública. El valor de las actuaciones gubernamentales y públicas se percibe en la personalidad representativa designada por el decreto y la determinación intragubernamental.

La función estructural del decreto apunta a una sistemática precisa de complementos y visiones señaladas y articuladas en un "nombramiento" y en una cualificación de la personalidad política, acentuada por el orden institucional y por todo el aparataje del Estado vigente. La conducta de aceptación se impone por un uso formado en la función pública y sus enunciados. Tanto el tópico y el comentario aseguran una relación interpretativa asida a la capacidad de la programática jurídica y política.

Finalmente, la conexión entre el lenguaje de la burocracia y la autoridad se sitúa en el tipo activo de percepción política extendida por la significación de las instancias coadyuvantes de todo "relato" político. Las actitudes, normas, acuerdos y cumplimientos que se formulan en la "escritura política" forman un proceso decisional establecido en la esfera misma del lenguaje del poder y de la autoridad.