El sector privado suele demandar soluciones más dinámicas y agiles que las que en ocasiones el sector público está en capacidad de ofrecer. En muchos casos, la proactividad empresarial da origen a vínculos comerciales incluso antes de que se consoliden formalmente las relaciones bilaterales entre los Estados. Sin embargo, esta búsqueda constante de nuevos horizontes puede generar frustración e inseguridad en el ambiente comercial. Es en este contexto donde las Cámaras de Comercio Binacionales adquieren mayor relevancia estratégica, sirviendo de puente entre la iniciativa privada y la diplomacia oficial.
Muchas cámaras de comercio binacionales han fungido directa o indirectamente como brújula estratégica para la orientación de las políticas públicas vinculadas al comercio exterior. Su conocimiento especializado, junto con la conexión directa que mantienen con el empresariado homólogo, las misiones diplomáticas e instituciones estatales extranjeras, les permite identificar con precisión tanto las oportunidades de negocios, como los desafíos inherentes al comercio bilateral. Asimismo, facilitan el seguimiento técnico y operativo de las iniciativas estales, muchas veces previniendo que se diluyan en formalismos diplomáticos o en la rigidez de la burocracia.
La naturaleza dual de las cámaras binacionales permite una integración singular entre el comercio interior y exterior, además de articular eficazmente la relación entre el sector privado y el sector público, tanto en la República Dominicana como en el país contraparte. Sin lugar a duda, estas entidades están llamadas a convertirse en auténticos motores del comercio internacional.
Esta naturaleza hibrida -en la que confluyen derecho interno, derecho internacional privado y relaciones internacionales- les confiere un enorme potencial como plataformas de cooperación público-privada transnacional. En este sentido, al igual que los acuerdos internacionales, agencias de cooperación, oficinas de representación comercial, las Cámaras de Comercio Binacionales deben ser consideradas como infraestructura blanda estratégica del comercio internacional dominicano.
Pese a todo esto, su efectividad depende en gran medida de factores como su nivel de influencia, su estructura organizativa, fuentes de financiamiento y, sobre todo, el compromiso activo de sus miembros. Estos dos últimos puntos resultan determinantes, ya que, en muchos casos, constituyen su único sustento real.
Las cámaras binacionales, ignoradas en gran medida por el legislador y el propio Estado, ya que su única mención en el ordenamiento jurídico se encuentra en el artículo 3 de la Ley 50-87, sin que se les reconozcan atribuciones ni funciones específicas. En su artículo 1, la citada ley establece que “las Cámaras de Comercio y Producción son instituciones que, sin fines de lucro, estarán destinadas a favorecer el desarrollo y estabilidad económica del país”.
La naturaleza jurídica atribuida por el legislador en esta escueta mención en dicha ley ha sido suficiente para que el sector privado encontrara cierto cauce normativo a través de la Ley 122-05 de Regulación y Fomento a las Asociaciones sin Fines de Lucro”. Estas referencias legales mínimas no han sido un impedimento para que actores privados construyan desde cero, y muchas veces sin acompañamiento estatal, estas dinámicas instituciones cuyo impacto positivo es innegable, aunque con frecuencia, difícilmente sustentables a largo plazo.
Es necesario un mayor respaldo institucional por parte del sector público. No obstante, debo reconocer que, en más de una década de experiencia en este gremio, nunca antes habíamos presenciado tanta receptividad del sector público ni una participación conjunta tan activa. Aún así, es necesario un marco legal moderno y protector.
Es necesario fomentar el desarrollo de políticas públicas que respalden este gremio. Resulta clave aunar esfuerzos entorno a metas compartidas, preservando al mismo tiempo la autonomía e independencia de cada Cámara de Comercio Binacional. Sin lugar a duda, urge un mayor grado integración entre ellas.
Pero cabe preguntarse con toda franqueza: ¿qué grado de integración puede esperarse si, en teoría, estas instituciones compiten entre sí por lo que constituye su mayor activo- sus miembros?
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