La República Dominicana tendrá que reformar su seguridad social mientras cambian, al mismo tiempo, la estructura de edades y las formas de trabajar. Las proyecciones nacionales sitúan la fecundidad en 1,97 hijos por mujer y la esperanza de vida en 75,7 años en 2026, con una población de 65 años y más que pasaría de 9% en 2025 a 17% en 2050. La relación de dependencia demográfica se encuentra hoy en su nivel más favorable y la ventana de oportunidad podría extenderse hasta 2065, sin que ese margen temporal garantice por sí mismo un dividendo, porque la ventaja demográfica solo adquiere valor si encuentra una población sana, productiva y capaz de generar ingresos, junto con instituciones que conviertan esa capacidad en protección presente y futura (Ministerio de Hacienda y Economía [MHE], 2026).
Esa posibilidad convive con una debilidad conocida del mercado laboral. El Banco Central estimó una tasa de informalidad total de 54,1% en el primer trimestre de 2026, señal de cuán limitada sigue siendo la relación laboral formal como base para financiar obligaciones sociales crecientes (Banco Central de la República Dominicana [BCRD], 2026). A ello se suman modalidades que no encajan en el contrato asalariado convencional, como el trabajo remoto, las plataformas y los proyectos por encargo, que todavía no dominan el mercado dominicano pero amplían trayectorias que el diseño tradicional de la seguridad social maneja con dificultad. El Banco Mundial recomienda para la región reducir la dependencia de la relación empleador-empleado como vía exclusiva de financiamiento, evitando a la vez regulaciones que fragmenten más el mercado de trabajo (Moroz & Viollaz, 2024).
En ese escenario, formalidad laboral, formalidad tributaria, inclusión contributiva y protección efectiva dejan de ser equivalentes: un profesional puede facturar a clientes extranjeros sin disponer de un mecanismo contributivo tan sencillo como el de un asalariado, y otra persona puede combinar nómina, honorarios y plataforma en la misma semana. El reto consiste en evitar que una trayectoria laboral legítima pierda protección cada vez que cambia de contrato, sin que ello implique llamar empleado a quien jurídicamente no lo es ni tolerar que una relación subordinada se disfrace de independencia para evadir obligaciones. Para ello harían falta reglas para ingresos independientes, mayor coordinación entre la TSS y la DGII y aportaciones compatibles con ingresos variables, bajo garantías de legalidad y protección de datos, partiendo de reconocer que la protección social y el contrato de trabajo han dejado de coincidir siempre en la misma persona.
La diversidad laboral obliga también a reconsiderar cómo se distribuye el financiamiento. Las prestaciones ligadas a la sustitución del ingreso, en especial las pensiones contributivas, conservan una relación clara con los aportes realizados, mientras los pisos de protección con vocación universal y ciertos componentes de salud o cuidados exigen mayor participación fiscal. El presupuesto, sin embargo, tampoco es una fuente ilimitada; según la metodología comparable de la OCDE, los ingresos tributarios dominicanos representaron 14,7% del PIB en 2024 frente a un promedio regional de 21,7%, con 34,5% de la recaudación proveniente del IVA (OCDE et al., 2026). Trasladar una obligación desde la nómina hacia los impuestos desplaza la fuente de financiamiento y la identidad de quien termina pagando, sin eliminar el costo ni garantizar progresividad.
La inteligencia artificial vuelve todavía más importante esa prudencia. Las estimaciones conjuntas de la OIT y el Banco Mundial indican que entre 26% y 38% de los empleos de América Latina y el Caribe presentan algún grado de exposición a la IA generativa, pero solo entre 2% y 5% con potencial de automatización completa, mientras entre 8% y 14% podrían experimentar mejoras de productividad (Gmyrek, Winkler, & Garganta, 2024), una distribución que separa la exposición de la desaparición efectiva del empleo y que traslada a la seguridad social una pregunta más útil sobre qué ocurriría si la productividad creciera más rápido que la masa salarial contributiva. Ese escenario merece entrar en las pruebas actuariales del SDSS como hipótesis prospectiva, no como pronóstico.
El cambio laboral coincide con una transformación sanitaria que tampoco avanza en línea recta. La CEPAL describe para la región la coexistencia de enfermedades transmisibles no resueltas, enfermedades crónicas y causas externas, con marcada sobremortalidad masculina y ritmos de transición desiguales entre países y grupos sociales (CEPAL, 2026). Mientras la salud pública atiende la enfermedad, la discapacidad y la muerte evitable, el financiamiento de una ARS depende principalmente de la utilización y el costo esperado. La cápita diferenciada por edad y sexo implementada desde mayo de 2026 reconoce esa distinción, aunque una evolución futura debería estudiar si la morbilidad y otros predictores clínicos mejoran el ajuste sin incentivar la sobrecodificación (Consejo Nacional de Seguridad Social [CNSS], 2026).
La longevidad trasladará al espacio público necesidades que hoy permanecen dentro de los hogares. La CEPAL estima que la demanda regional de cuidados de largo plazo podría triplicarse hacia 2050 y documenta que las mujeres dedican entre dos y tres veces más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado, con efectos sobre participación laboral y capacidad contributiva (CEPAL, 2026). Antes de prometer nuevas prestaciones, el país necesita medir dependencia funcional, tiempo de cuidado, oferta disponible y necesidades insatisfechas, porque el envejecimiento por sí solo no justifica improvisar otro gravamen sobre el empleo formal.
Una reforma concebida desde esta realidad tendría que proteger mejor la relación laboral formal sin tratarla como única puerta de entrada, ampliar la inclusión contributiva de quienes generan ingresos fuera de una nómina, reservar la solidaridad fiscal para obligaciones con fundamento universal y someter cada nuevo derecho permanente a evaluación actuarial y fiscal explícita. La sostenibilidad depende tanto de cuántas personas cotizan como de cuánto produce la economía, de cómo se distribuyen sus ingresos y de la capacidad del sistema para adaptarse cuando cambian la edad, la salud o la manera de trabajar. La formalización seguiría siendo un objetivo, pero dejaría de entenderse solo como incorporación a una nómina y empezaría a medirse también por continuidad de la protección.
La ventana demográfica dominicana sigue abierta, aunque no permanecerá así indefinidamente, mientras la base laboral sobre la que se construyó el componente contributivo adquiere formas más diversas. La reforma será más sólida si distingue con precisión qué corresponde financiar al trabajo, qué a la fiscalidad, y de qué manera mantener protegida a una persona cuando su vida laboral deja de ser lineal, un ejercicio que solo rinde resultados si el envejecimiento y la transformación del trabajo se tratan como componentes de una misma pregunta sobre qué seguridad social puede sostener el país en las próximas décadas.
Referencias
Banco Central de la República Dominicana. (2026). Boletín trimestral del mercado laboral. Enero-marzo de 2026. Banco Central de la República Dominicana.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2026). Impactos del cambio demográfico en América Latina y el Caribe. Retos y opciones para la política pública. Naciones Unidas.
Consejo Nacional de Seguridad Social. (2026, 27 de abril). CNSS inicia en mayo la implementación del per cápita diferenciado en el SFS. Consejo Nacional de Seguridad Social.
Gmyrek, P., Winkler, H., & Garganta, S. (2024). Buffer orbottleneck? Employment exposure to generative AI and thedigital divide in Latin America (ILO Working Paper No. 121). International Labour Organization & World Bank.
Ministerio de Hacienda y Economía. (2026, 24 de junio). Proyecciones de la ONE. República Dominicana entra en nueva etapa de transición demográfica con mayor esperanza de vida y fecundidad moderada. Gobierno de la República Dominicana.
Moroz, H., & Viollaz, M. (2024). The future of work in Central America and the Dominican Republic. World Bank.
OCDE, CEPAL, CIAT, & BID. (2026). Revenue statistics in Latin America and the Caribbean 2026. OECD Publishing.
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