El debate sobre el aborto y las tres causales en República Dominicana no es solo una cuestión jurídica, sino una decisión de poder con consecuencias profundas para los derechos humanos y la justicia social.
Tras 25 años de discusión, el Congreso aprobó la Ley Orgánica del Código Penal con una sola excepción: cuando se trate de salvar la vida de la madre, y ahora la responsabilidad recae en el presidente Luis Abinader. Su decisión definirá si el Estado continúa usando su poder punitivo para controlar los cuerpos de las mujeres o si finalmente reconoce su derecho a decidir, sentando un precedente histórico en la defensa de la igualdad y la libertad.
Antes de escribir estas líneas, medité sobre qué podía aportar, desde mi mirada, al debate actual sobre el aborto, las tres causales y las tensiones entre el marco legal actual y los derechos reproductivos de las mujeres.
He decidido abordarlo desde una perspectiva jurídica que trascienda lo nacional e incluya también el enfoque del derecho internacional de los derechos humanos.
Luigi Ferrajoli recuerda al inicio de su célebre obra “Derecho y razón” que “…la potestad de castigar y juzgar es seguramente, como afirmaron Montesquieu y Condorcet, el más ‘terrible’ y ‘odioso’ de los poderes”: aquel que actúa con mayor violencia sobre las personas y en el que expresa con mayor crudeza la tensión entre Estado y ciudadano, autoridad y libertad, seguridad social y derechos individuales. Por eso el derecho penal ha sido, históricamente, el núcleo más conflictivo de la reflexión jurídico-filosófica.
El Derecho regula conductas permitidas, prohibidas u obligatorias. En el caso del aborto, la postura conservadora propugna su prohibición absoluta, exigiendo que todo embarazo culmine en nacimiento. En contraste, otros marcos legales lo permiten en situaciones excepcionales, como en casos de violación, malformaciones fetales incompatibles con la vida o riesgo para la salud de la madre.
Desde la reforma constitucional de 2010, el debate gira en torno a si el Estado puede, sin contradecir la Constitución, permitir que las mujeres decidan sobre la continuidad de un embarazo. Prohibir el aborto en todos los casos implica imponer la maternidad y restringir la libertad de decisión de las mujeres, bajo el argumento de proteger la vida del no nacido a toda costa.
Autores como Arroyo Zapatero y Ruiz Miguel sostienen que penalizar el aborto implica una coerción a la maternidad, mientras que despenalizarlo permitiría condiciones sanitarias seguras. El aborto se presenta como un caso límite del Derecho, en donde convergen cuestiones jurídicas, éticas, culturales y religiosas, pero que exige una respuesta racional y basada en derechos.
Existen tres modelos legales en América Latina: penalización total (como en República Dominicana), permisión por causales, y permisión por plazos. Sin embargo, la alta incidencia de abortos en la región demuestra que su penalización no los impide, sino que los empuja a la clandestinidad, incrementando los riesgos para mujeres pobres y jóvenes.
Organismos internacionales como la ONU han señalado que negar información y servicios sobre salud sexual y reproductiva es una violación a los derechos humanos. En República Dominicana, la falta de educación sexual y políticas públicas inclusivas perpetúa estas violaciones.
Las mujeres con recursos económicos acceden a abortos seguros, mientras que las pobres enfrentan condiciones sanitarias precarias. En este contexto, la penalización sostiene un mercado clandestino lucrativo, que se beneficia de la vulnerabilidad y perpetúa desigualdades en el acceso a la salud y la autonomía reproductiva.
En términos de política criminal, la penalización del aborto es ineficaz para proteger la vida del feto, por lo que la persecución penal a las mujeres es una forma de estigmatización escrita en la ley.
Además de reforzar estereotipos sobre la crianza y cuidado de los y las niñas, negar a las mujeres la decisión sobre si tener o no hijos y el control sobre cuándo ser madre, agrava las desigualdades de género en la vida educativa, cultural, económica y política.
El Congreso ya aprobó la ley; ahora la decisión está en manos del Poder Ejecutivo, encabezado por un partido, el PRM, que en campaña prometió defender las tres causales. El presidente Luis Abinader se debate entre promulgar una ley penal restrictiva u observarla.
No es la primera vez que el Código va al Palacio Nacional. Ya antes Danilo Medina y Leonel Fernández lo recibieron y devolvieron, y durante dos décadas rebotó once veces entre ambas cámaras legislativas.
Frente a un tema que divide al país, el actual mandatario debe actuar con coherencia y responsabilidad histórica. Ya sin aspiraciones reeleccionistas para 2028, tiene en sus manos una oportunidad única: avanzar en derechos para las mujeres dominicanas.
Presidente Abinader, recuerde que, sin soberanía sobre nuestros cuerpos, la igualdad de derechos es solo una promesa vacía. Cuando el Estado castiga a quien decide sobre su propio cuerpo, no está protegiendo la vida: está perpetuando la desigualdad. Promulgar leyes que niegan derechos no es neutralidad, es tomar partido contra las mujeres. No nos falle, presidente Abinader.
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