Recientemente se publicó el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2025), cuya lectura en clave Sistemas Nacionales de Innovación (SNI) ofrece una radiografía del avance regional en IA: la región se encuentra en una posición crítica, no por la ausencia de iniciativas, sino por la incapacidad de articular de forma efectiva sus capacidades científicas, productivas e institucionales. El resultado es un progreso fragmentado y desigual.
Los países que encabezan el índice (Chile, Brasil y Uruguay) no solo destacan por infraestructura digital o inversión pública en tecnologías avanzadas. Su principal ventaja es estructural: han logrado mantener niveles estables de coordinación entre Estado, academia y sector productivo. En otras palabras, no solo adoptan tecnologías emergentes, sino que las insertan dentro de políticas estables de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).
Desde esta perspectiva, la IA funciona como indicador y síntoma: expone fallas de gobernanza, de escala y de aprendizaje colectivo en los SNI latinoamericanos. Los países líderes no improvisan. Invierten más en I+D como proporción del PIB y, sobre todo, lo hacen bajo marcos institucionales que sobreviven a los ciclos políticos. Se trata de políticas orientadas a la acumulación de capacidades, no de programas aislados de digitalización o modernización administrativa.
La República Dominicana ocupa la posición 9 de 19 países evaluados. El lugar refleja una paradoja: existen avances en adopción de IA generativa, conectividad y talento digital emergente, pero no una arquitectura institucional capaz de convertir ese potencial en ventaja competitiva. El país ha dejado de ser un espectador, pero aún no define una identidad tecnológica propia. Es la zona intermedia del casi: el vaso está medio lleno en capacidades, pero medio vacío en coherencia sistémica. Para ilustrar este punto, resulta útil la metáfora del problema de los tres cuerpos. En física, cuando tres masas interactúan sin una fuerza común que estabilice su movimiento, el sistema se vuelve impredecible. Algo similar ocurre con la relación entre universidad, empresa y Estado en la República Dominicana: orbitan sin misión compartida ni incentivos alineados. La consecuencia no es el retroceso, sino la intermitencia: se acumulan capacidades, pero no se consolidan.
Los países que lideran el ILIA 2025 demuestran que la clave no está en lanzar más planes y estrategias, sino en insertar la IA dentro de políticas de CTI robustas. Chile, por ejemplo, se beneficia hoy de capacidades acumuladas en supercomputación y de clústeres científicos en áreas como biotecnología y astronomía, que le han permitido, junto a Brasil, impulsar la iniciativa LatamGPT. No es un avance aislado: es resultado de décadas de política pública consistente. De ahí que la región enfrenta un problema de institucionalidad.
Para países como República Dominicana, el desafío no es sólo adoptar IA, sino construir las condiciones para producir valor con ella. Eso requiere tres decisiones estratégicas:
- Financiamiento estable para I+D, reforzado con fuentes extrapresupuestarias para evitar dependencia exclusiva del presupuesto anual.
- Infraestructura científico-tecnológica compartida, que permita acceso a cómputo avanzado, datos abiertos y laboratorios aplicados para universidades, startups y agencias estatales.
- Políticas de innovación orientadas de modo misional y transformativo, con enfoque de CTI abierta e inclusiva, dirigidas a sectores estratégicos tales como turismo sostenible, resiliencia climática, seguridad hídrica, salud digital o reindustrialización de pymes, entre otros.
La lección del ILIA 2025 es clara: los países que avanzan son los que mejor coordinan sus recursos existentes. Para el país la ventana sigue abierta, pero si no se corrige la intermitencia institucional y no se estabiliza la órbita entre universidad, gobierno y sector productivo, el país corre el riesgo de quedar atrapado en la lógica del casi, sin construir sus propias capacidades.
La posible fusión del MESCyT con el MINERD enviaría una señal contraria a estas exigencias. Integrar la política científica y la agenda de CTI dentro de la lógica administrativa de la educación básica no solo diluiría su orientación estratégica, sino que reduciría la capacidad del país para competir en los distintos campos de la economía del conocimiento. La experiencia internacional es consistente: ningún país que aspira a fortalecer su SNI desmantela la arquitectura institucional que lo sostiene.
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