La Ley 370-81 es la que establece el régimen de pensiones y jubilaciones a cargo del Estado dominicano para los empleados y funcionarios públicos siempre y cuando estos cumplan con ciertos parámetros de edad y años de servicios. El sistema de pensiones en la República Dominicana también está regulado principalmente por la Ley No. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
El objetivo de dicha ley es proteger a la población contra los riesgos de la vejez, la discapacidad y el fallecimiento a través de administradoras de fondos de pensiones (AFP). Es decir, que toda las personas que hayan prestado un servicio al Estado dominicano por el tiempo reglamentado y exigido por dicha ley, por motivo de edad y de salud, es merecedor de una pensión digna, para poder enfrentar, paliar y mitigar los últimos años de su vida. La ley no incluye a personas que nunca han ofrecido una labor al país.
El gobierno del presidente Luis Abinader, desde sus inicios, ha estado concediendo miles de pensiones onerosas por valores que oscilan entre cincuenta, cien y ciento cincuenta mil pesos mensuales, a personas que nunca ofrecieron sus servicios al Estado dominicano, por razones puramente políticas, a miembros de su partido, el Revolucionario Moderno, lo que constituye una violación a la ley de pensiones y jubilaciones, pues mientras cientos de miles de ex empleados públicos y privados, que prestaron y entregaron los mejores años de su vida al Estado o a empresas privadas, que califican y esperan obtener una mísera pensión para su vejez, el Estado se las n niega y se las entrega a personas que no las merecen, lo que constituye una verdadera y gran injusticia.
Son miles los obreros que trabajaron para los ingenios de azúcar del Estado, que han muerto, que están enfermos y envejecidos, que aún esperan una simple pensión, por lo constituye una burla, una aberración, que lo que a ellos les pertenece, se lo entreguen a personas ajenas al Estado, por el simple de haber hecho campaña política a favor del presidente Abinader y de su partido, el PRM
En días pasados, en el parque Duarte de La Vega, se realizó un feria para otorgar pensiones abiertamente, a todas las personas que sobre pasaban de los 60 años, a los cuales se les exigía única y exclusivamente una copia de sus cédulas y el llenado de un formulario de la Dirección de Pensiones y Jubilaciones, lo que constituyen una promesa más dentro del plan de campaña del PRM para las elecciones del año 2028, dado el desplome y la baja simpatía que que hoy afecta a ese partido y por igual al presidente Abinader.
Esta acción no se hace con fines sociales ni legítimos, sino con fines puramente políticos. Para muestra, en fecha 30 de julio de este año, el periódico El Nacional, publicó en primera plana la noticia de que el gobierno del Presidente Abinader pensiono a 2,500 personas con el Decreto No. 499-26.
Todas estas pensiones deben ser analizadas mediante una auditoría pública, y las que no procedan, deben ser eliminadas y otorgadas a las personas que verdaderamente las merecen y las necesitan.
Compartir esta nota