El Estado también evade

El pasado 18 de junio, el presidente Luis Abinader promulgó la Ley 30-26, una reforma fiscal que introduce cambios importantes al sistema tributario dominicano. En su diseño, contiene medidas progresivas, busca simplificar el cumplimiento y alivia ciertas cargas sobre sectores de menores ingresos. Reconocer esos avances no es hacerle propaganda al Gobierno, es mirar la política pública con objetividad. No obstante, la objetividad también exige decir lo que falta.

Uno de los cambios más relevantes es el alivio a las micro, pequeñas y medianas empresas. Las microempresas quedan exoneradas del pago de anticipos del Impuesto Sobre la Renta, las pequeñas empresas pasarán de pagar mensualmente a hacerlo de forma trimestral, y se amplían las condiciones para acceder al Régimen Simplificado de Tributación. Para muchas mipymes, esto no es un detalle técnico, es oxígeno. Son negocios que no solo enfrentan impuestos, sino también trámites, declaraciones, costos contables, presión de liquidez y una carga administrativa que muchas veces pesa más que su propia capacidad operativa.

También es positivo el aumento del umbral de ingresos exento del Impuesto Sobre la Renta para personas físicas, que pasará de RD$34,685 a RD$39,900 mensuales. Sin embargo, ese nuevo monto exento todavía no cubre el costo de la canasta familiar promedio de los hogares dominicanos, que ya supera los RD$49,268 mensuales.

Ahí empieza el verdadero criterio para mirar esta reforma. Si el ingreso de muchos dominicanos no alcanza siquiera para cubrir lo básico, entonces lo mínimo que debería garantizar el Estado con cada peso que recibe son servicios básicos que funcionen.

En teoría, los impuestos son el precio de vivir en sociedad. Son la forma en que financiamos calles, hospitales, escuelas, seguridad, agua, electricidad, transporte, justicia e instituciones. Pero en la práctica, muchos dominicanos sienten que pagan sin recibir. Contribuyen, pero no ven retorno. Cumplen, pero no encuentran servicios públicos que estén a la altura de ese cumplimiento. La relación entre el Estado y el contribuyente se ha deteriorado porque, durante años, muchos ciudadanos han sentido que la transacción funciona en una sola dirección: del bolsillo del dominicano hacia el Estado, pero no del Estado hacia la vida del dominicano.

Decir esto no es justificar la evasión. Evadir impuestos debilita al Estado y perjudica a quienes sí cumplen. Pero tampoco se puede ignorar que la evasión crece en un terreno abonado por la desconfianza. Cuando una persona paga impuestos y luego encuentra calles destruidas, apagones prolongados, agua solo por algunas horas, drenajes que colapsan con la primera lluvia y hospitales públicos que no ofrecen condiciones dignas, la idea de contribuir pierde legitimidad social. El ciudadano empieza a ver el impuesto no como una inversión colectiva, sino como una carga sin retorno visible.

La reforma fiscal puede estar bien diseñada en varios aspectos, pero ninguna reforma será suficiente si el ciudadano no percibe una mejora concreta en su vida cotidiana. La gente no mide la eficiencia del Estado leyendo un informe técnico. La mide cuando sale de su casa y puede transitar por una calle en buen estado. La mide cuando abre la llave y hay agua. La mide cuando no se va la luz. La mide cuando necesita atención médica y encuentra un hospital funcionando.

Por eso la pregunta que esta reforma no responde, y que casi ninguna reforma fiscal ha respondido con seriedad, es qué hace el Estado dominicano con lo que recauda. No en el discurso, sino en la experiencia diaria de la gente. No en la rueda de prensa, sino en el barrio, en la escuela, en el hospital, en la carretera, en el servicio de agua y en la factura eléctrica.

Una reforma puede ser progresiva en su diseño y quedarse corta en su impacto si los recursos que moviliza se pierden en ineficiencia, discrecionalidad, mala planificación o abandono de los servicios básicos. Cobrar mejor es importante. Cobrar de manera más justa también. Pero gastar bien es indispensable. Sin esa segunda parte, la política fiscal se queda incompleta.

Reformar la forma en que se recauda sin reformar la forma en que se gasta es hacer solo la mitad del trabajo. Y en República Dominicana, esa otra mitad lleva demasiado tiempo esperando.