Análisis de Cohesión Social y Territorial en República Dominicana
La iniciativa estratégica META 2036, formulada bajo el amparo del Foro Nacional para el Pleno Desarrollo y defendida por las élites técnicas del país, se erige hoy como la narrativa de modernización más promovida en el espacio político dominicano. Esta propuesta celebra un ciclo de treinta y cinco años de crecimiento macroeconómico ininterrumpido del Producto Interno Bruto (PIB) por habitante, proyectando oficialmente alcanzar la cifra de 11,059 dólares per cápita para el año 2025. Bajo este diagnóstico optimista, los diseñadores de políticas públicas postulan que la República Dominicana se sitúa formalmente en la antesala del nivel de ingresos altos, debiendo centrar sus esfuerzos en evitar la denominada trampa del ingreso medio. Para dar este salto, sugieren abandonar el empleo de factores tradicionales —como la inversión básica en infraestructura y mano de obra de baja calificación— para subordinarse a un incremento en la Productividad Total de los Factores (PTF) y la sofisticación exportadora.
Sin embargo, este tecnicismo encierra una seria opacidad estructural que reduce las brechas de exclusión en los procedimientos metodológicos del enfoque. Al deconstruir este discurso bajo la óptica de la CEPAL y la sociología económica crítica, se evidencia que el diagnóstico naturaliza la desigualdad histórica dominicana, presentándola como un hecho secundario del proceso productivo.
Los datos nacionales son categóricos frente a la opulencia promedio de los 11,059 dólares: el diez por ciento más rico de la población captura históricamente más del 30% del ingreso nacional total. Esta asimetría distributiva limita drásticamente la formación de capacidades de la población, pues la exclusión de servicios básicos de salud y educación pública con estándares mínimos de calidad deprime el potencial creativo de la sociedad entera y consolida lo que la CEPAL teoriza como la cultura del privilegio.
El decano Andrés Velasco estructura su argumentación en una brecha de eficiencia pura, señalando que un trabajador y una máquina en el país producen, bajo idéntico equipamiento técnico, apenas la mitad (el 50%) de lo que produce ese mismo binomio en los Estados Unidos. La solución que de allí deriva es estrictamente técnica: crear infraestructura, educación e instituciones orientadas a sofisticar las exportaciones. El punto ciego de esta fórmula radica en su incapacidad para comprender lo que la CEPAL denomina la ineficiencia de la desigualdad. Plantear la sofisticación exportadora sin una reforma social y fiscal profundamente redistributiva equivale a ignorar los cimientos de la productividad misma, pretendiendo importar una eficiencia de procesos sobre una fuerza laboral estructuralmente precarizada.
Esta precarización e instrumentalización de la vida colectiva se manifiesta con claridad en el rol que META 2036 asigna al sistema educativo superior y a las capacidades científicas nacionales. Los expositores destacan con preocupación que apenas el 17% de los estudiantes universitarios del país se matricula actualmente en disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). Ante este diagnóstico, iniciativas inspiradas en Michael Kremer proponen rediseñar el sector público bajo el modelo del Estado que aprende mediante micro-experimentación controlada y análisis de costo-beneficio. Se promueve como un gran avance técnico que, bajo estas intervenciones, cada dólar invertido en programas intensivos de recuperación de aprendizajes en la escuela básica genere un 50% más de aprendizaje real que el costo de obligar a repetir de grado. No obstante, la sociología crítica devela que este enfoque de micro-ajustes despolitiza las demandas democráticas por derechos sociales universales, transformando al Estado en un mero administrador preocupado solo por eficiencias parciales.
Bajo esta mirada gerencial, la educación superior pública pierde su vocación humanista, crítica y emancipadora para transformarse en un sistema de credencialismo utilitario. La meta explícita de los observatorios de habilidades y análisis de empleabilidad es adecuar dócilmente la oferta de conocimiento público a las necesidades operativas inmediatas de la inversión extranjera directa, concentrada en enclaves corporativos que superan la plataforma de los 200,000 empleos directos en zonas francas, manufactura de ensamblaje y turismo de sol y playa.
Al moldear la formación universitaria según los requerimientos de estas multinacionales de bajo valor agregado, el modelo dominicano renuncia deliberadamente a abrir la caja negra del progreso técnico, concepto formulado por el economista Fernando Fajnzylber. Se prefiere actuar de forma pasiva entrenando operarios dóciles y especializados en lugar de financiar investigación endógena, desarrollo científico independiente y soberanía tecnológica capaz de romper la inserción periférica.
La dimensión institucional de META 2036, inspirada en los planteamientos de Federico Sturzenegger, propone la desregulación radical y la remoción sistemática de controles estatales bajo la premisa de preguntarse primeramente si la norma evaluada debería siquiera existir. Esta retórica asume al Estado como un ente obstructivo por definición y al mercado como un espacio neutral de intercambios libres. No obstante, las regulaciones y licencias estatales no constituyen caprichos burocráticos; son conquistas sociohistóricas destinadas a proteger los derechos laborales, los servicios ambientales y el territorio de la explotación ilimitada del capital.
En un contexto de institucionalidad frágil como el dominicano, la eliminación agresiva de controles regulatorios deriva en una severa precarización laboral y en una alarmante degradación ecológica, tratada ideológicamente como ganancia de productividad. La evidencia demuestra que la desregulación ambiental opera como un subsidio ecológico implícito e impago que destruye sistemáticamente el capital común del país.
La modelación de corte transversal aplicada a los principales polos provinciales de desarrollo turístico e industrial revela que cada incremento de diez puntos en el índice de desregulación ambiental acelera la tasa de depreciación del capital natural en un 0.78% anual debido a la erosión de playas, la degradación de arrecifes y la destrucción de acuíferos costeros.
Esta lógica de explotación territorial se inscribe en lo que Fernando Fajnzylber denominó el síndrome del casillero vacío, un vacío histórico de América Latina que demuestra la incapacidad estructural para conciliar un alto dinamismo económico con equidad distributiva real. Al priorizar la desregulación ambiental y laboral para blindar ganancias privadas, META 2036 renuncia a la equidad, perpetuando el crecimiento desigual. Esta asimetría se complementa con la organización geográfica promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que propone estructurar el territorio nacional en una cuadrícula granular de 76 nodos, 15 polos de crecimiento, 6 corredores y 6 regiones de desarrollo. Aunque se presenta como un ordenamiento eficiente, tiende a consolidar enclaves económicos privatizados y conectados al exterior, marginando por completo a las periferias urbanas y rurales.
Por otro lado, la analogía que celebra que la República Dominicana está dejando de ser un receptor pasivo para convertirse en un laboratorio de desarrollo encierra graves peligros de extractivismo epistémico y colonialidad del saber. Tratar a una sociedad como laboratorio implica deshumanizar a las comunidades vulnerables y a los sectores informales, convirtiéndolos en sujetos de experimentación para validar teorías económicas del Norte global. Asimismo, la persistencia discursiva que mide la inteligencia del país según la visita de tres académicos occidentales de renombre confirma la persistencia de la colonialidad del saber: lo local solo adquiere estatus científico bajo la validación de un Nobel o de un decano extranjero, perpetuando un imperialismo cultural que bloquea la autoafirmación nacional.
Para escapar de la trampa del ingreso medio, la República Dominicana debe abandonar la ilusión del técnico neutral y orientar su desarrollo hacia una transformación productiva soberana con equidad distributiva. Esto exige, en primer lugar, suprimir la cultura del privilegio, fortaleciendo el rol regulador, supervisor y fiscal del Estado para financiar bienes públicos universales capaces de disolver la ineficiencia de la desigualdad. En segundo lugar, requiere abrir la caja negra del progreso técnico, reorientando la universidad pública hacia la investigación científica propia y la innovación tecnológica endógena.
Finalmente, es imperativo sustituir la lógica de enclaves fragmentados y corredores del BID por una política de articulación territorial democrática, que conecte de manera equitativa las divisas de las zonas francas y el turismo con la dinamización de la agricultura familiar nacional y la economía popular interna (del país). Solo transitando de la desregulación asimétrica a la democratización económica sustantiva, el país podrá constituirse como una sociedad genuinamente desarrollada, donde el incremento de la productividad técnica sea inseparable de la justicia social.
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