En el día de ayer se cumplió un mes de la tragedia que conmovió al país. Esta fecha dejó un aciago récord a nivel nacional y mundial. Algunas familias aún lloran a sus seres queridos fallecidos; otras, en cambio, oran por la recuperación de quienes resultaron heridos. Todavía no se conocen los resultados de las investigaciones oficiales en curso sobre las causas de esta catástrofe.
Según consigna la prensa, se han interpuesto decenas de querellas y demandas por parte de los familiares de las víctimas fallecidas o lesionadas en este colapso. No se descarta que en los próximos días o semanas se presenten nuevas acciones legales. Es previsible, además, que algunos opten por llegar a acuerdos económicos con la empresa propietaria del local o con su principal accionista. Tal vez algunas de estas transacciones extrajudiciales ya se hayan concretado, mientras que otros podrían decidir no judicializar sus reclamos.
Al margen de estas legítimas y razonables iniciativas, considero conveniente que los familiares de las víctimas honren también su memoria mediante acciones sociales propositivas. En otras palabras, que transformen el dolor y el sufrimiento en un catalizador para impulsar actuaciones orientadas a mejorar la protección de los visitantes de edificios de uso público, así como a asegurar una tutela judicial más efectiva de los derechos de potenciales víctimas de hechos similares.
En este contexto, recuerdo la valiente y acertada iniciativa que en 2006 emprendieron los padres de la joven y talentosa Vanessa Ramírez, poco después del vil homicidio que segó su vida. A pesar del inmenso dolor y del largo proceso judicial que enfrentaron, decidieron crear una fundación para honrar su memoria, promover la defensa de las víctimas de hechos de violencia similares y luchar por el mejoramiento de la seguridad ciudadana, entre otros propósitos. Así nació la Fundación Vanessa, una obra de amor que desde entonces ha impulsado numerosas acciones en esa dirección. Por ejemplo, ha propiciado el proyecto de ley de Atención, Representación Legal y Protección a Víctimas, Testigos y Sujetos en Riesgo, lamentablemente aún pendiente de aprobación en el Congreso Nacional. Hoy, por ello, la fundación goza de amplio reconocimiento no solo en Santiago, sino en todo el país.
Siguiendo este ejemplo, los familiares de las víctimas del Jet Set podrían auspiciar la incorporación de una organización parecida, adaptando sus objetivos a la naturaleza de este caso. Esta institución sin fines de lucro podría impulsar iniciativas como las siguientes:
– Perpetuar la memoria de las víctimas: reclamar la construcción de un monumento que honre a cada una de las personas fallecidas, o promover actividades conmemorativas que mantengan vivo su recuerdo. Una posible iniciativa en este tenor consistiría en solicitarle al Presidente de la República la declaratoria de utilidad pública e interés social del inmueble donde ocurrió el hecho, para construir esta obra. Dado el estatus legal de la propiedad, los fondos desembolsados a raíz de esta declaratoria podrían ser depositados y administrados mediante un fideicomiso u otro instrumento legal y financiero confiable y transparente, que además genere intereses. Y, una vez se obtengan sentencias definitivas sobre las reclamaciones presentadas por los familiares de las víctimas fallecidas y por los lesionados, dichos fondos serán distribuidos entre ellos, conforme a lo que determinen los tribunales competentes.
– Escoger un equipo interdisciplinario de consultores legales e ingenieros civiles del más alto nivel de profesionalidad, ética e independencia: con el propósito de que realice un diagnóstico legal y técnico exhaustivo sobre la normativa vigente en el país relativa a la construcción de inmuebles destinados al acceso público y del sistema de responsabilidad. El objetivo sería elaborar propuestas de reformas indispensables para fortalecer la seguridad de los visitantes de estos espacios.
– Impulsar, a partir de los resultados de la auditoría anterior, la actualización de las normas de seguridad: incidir proactivamente ante los poderes públicos para que se aprueben estas u otras iniciativas que, en definitiva, fortalezcan leyes, reglamentos y ordenanzas orientados a mejorar la supervisión y el otorgamiento de permisos para estos tipos de locales y el régimen legal de responsabilidad.
– Crear un canal ciudadano de denuncias: exigir a las autoridades la habilitación de una dependencia dentro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para recibir denuncias de los ciudadanos sobre posibles riesgos o deficiencias en construcciones e instalaciones. Este servicio, dotado de recursos y personal especializado, actuaría con carácter preventivo, sin generar una nueva estructura burocrática.
– Establecer un observatorio permanente: conformar, dentro de la fundación a crearse, un órgano responsable de monitorear el seguimiento de dichas denuncias. De este modo, se garantizaría que las autoridades competentes atiendan oportunamente los reclamos ciudadanos. Iniciativas similares, implementadas en otros países que han enfrentado tragedias comparables, han demostrado ser altamente efectivas y bien recibidas por la sociedad.
Ojalá que la dolorosa experiencia vivida por las familias de las víctimas del Jet Set sirva de impulso para que asuman alguna u otras de las iniciativas mencionadas. De ese modo, habrán encontrado una forma adicional de honrar a sus seres queridos: transformando su dolor en un aporte concreto que refuerce la seguridad de los visitantes de dichos edificios en el país.
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