Es frecuente ver a alguien escarbando en los botes de basura de Santo Domingo en busca de sobras de alimentos y objetos de algún valor residual. Junto a la postración de los mendigos en los pórticos de las iglesias, estas son escenas que desafían la sensibilidad social de cualquier manganzón ciudadano. A nadie le agrada tales casos de indefensión, pero casi nadie auxilia a las victimas del infortunio y se asume que es al gobierno a quien le toca socorrerlos. Evadir la responsabilidad por conjurar esos males, sin embargo, es de tontos. Todos estamos llamados a actuar para que predomine la justicia social que hoy día se escabulle por las rendijas de la desidia.

¿Qué es la justicia social? Sin tener que citar a grandes tratadistas, es un principio que establece que en cualquier sociedad todas las personas tengan igualdad de dignidad, derechos y oportunidades. Tal organización de la sociedad debe ser justa: “La justicia es la virtud que consiste en dar a cada uno lo que le corresponde, es decir, en organizar la vida en sociedad según los principios de honestidad, equidad y razón.”  En un régimen democrático con una economía de mercado como la nuestra, eso no significa que todos tengan los mismos ingresos o riqueza. Significa que haya reglas justas, igualdad ante la ley, acceso igualitario a la educación, la salud, la seguridad y las oportunidades. Implica tambien que deben existir mecanismos que protejan a los sectores mas vulnerables y que promuevan la movilidad social. Esto último debe resultar en un mejoramiento del estatus socioeconómico.

El discurso moral de la justicia social

Para medir el grado de justicia social en los países, las Naciones Unidas han definido seis ejes cuyos indicadores aproximan el concepto. Estos son: 1) prevención de la pobreza, 2) educación equitativa, 3) acceso al mercado laboral, 4) inclusión social y no discriminación, 5) justicia intergeneracional, y 6) salud. Existen numerosos rankings que ubican a los países al compararlos en cada uno de estos ejes. Sin embargo, para quien escribe basta con referirnos al grado de desigualdad social medido por los niveles de ingreso. Tal situación engloba todo lo que implica el concepto. El ingreso ahí se tiene como un proxy del nivel de bienestar. La grafica adjunta presenta la desigualdad en America Latina a través del coeficiente de Gini, una medición que usa el Banco Mundial como referencia fundamental.

En una democracia capitalista como la nuestra, lo anterior sugiere que los logros relativos a los ingresos y la riqueza de los individuos deben obedecer los principios de la meritocracia. Según la IA una economía de mercado “puede generar diferencias de ingresos y patrimonio como resultado del esfuerzo, la innovación o el riesgo empresarial, pero cuando esas desigualdades se vuelven excesivas o limitan el acceso de amplios sectores de la población a oportunidades básicas, pueden debilitar la cohesión social y la calidad de la democracia.” De ahí que para acrecentar la justicia social deban reducirse las desigualdades “mediante instituciones eficaces, políticas públicas inclusivas e igualdad de oportunidades, preservando al mismo tiempo las libertades económicas y los incentivos que favorecen el crecimiento y la creación de riqueza.”

Según el CREES; “La desigualdad en la RD es la más baja entre 16 países de América Latina. Pero su ingreso por habitante se encuentra por debajo de economías que tienen mayor desigualdad. El problema social es la falta de ingresos más altos, no la existencia de diferencias entre las personas. Concretamente, es la falta de emprendimientos que generen mayor valor agregado lo que limita los niveles de ingresos que tienen los ciudadanos del país.” ¿Quiénes son los culpables de esa falta de emprendimientos? ¿Es la concentración de la riqueza y la escasa responsabilidad social del empresariado o es el ciudadano común?

Es difícil aceptar como valido ese reduccionismo impenitente. El planteamiento culpa exclusivamente a la falta de iniciativa individual en la creación de “emprendimientos.” En otras palabras, el cuarto de la población que califica como pobre es culpable por inercia o desidia de su indeseable celda social. La última cifra oficial es que esa proporción bajó al 15.4% desde el 23.4% del 2020. Los funcionarios podrán alegar que esa baja refleja los niveles de protección social alcanzados en esta gestión de gobierno, incluyendo los subsidios monetarios en una diversidad de programas. Lo verdadero, sin embargo, es que la falta de oportunidades es lo que mantiene a ese desafortunado segmento de la población en el fango de una precaria supervivencia. El desequilibrio estructural es que no hay igualdad de oportunidades para las bajas “clases sociales” ni para los más pobres.

El discurso moral de la justicia social

El sesgo analítico del CREES debe combatirse porque entroniza una percepción errada sobre las causas de la pobreza y la desigualdad. La misma esta basada en una concepción aristotélica del origen de la desigualdad. La misma niega el principio doctrinal de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos que establece que la dignidad entre los seres humanos se debe a su igualdad. El destacado filósofo Fernando Ferran sentencia lo siguiente: “Cada época encuentra nuevas razones para sostener que algunas diferencias deben traducirse en privilegios políticos, económicos o sociales. Cambian los argumentos; permanece la tentación. Por eso Aristóteles nunca desaparece del todo. Regresa cada vez que aceptamos que la inteligencia, la riqueza, la productividad, la tecnología, la fuerza o el poder confieren a unos seres humanos un valor político superior al de otros. Jefferson vuelve a tener razón cada vez que recordamos que la dignidad humana precede al talento, al éxito, a la utilidad y a cualquier otra diferencia circunstancial.” ¡Vaya dilema! ¿Qué valor tiene la dignidad de un pordiosero que escarba la basura para poder subsistir?

La dignidad humana se deriva de nuestro ancestro común y la necesidad del otro para vivir en convivencia, alcanzar el bienestar y disfrutar de felicidad. Siguiendo la valoración de Jefferson, todos somos responsables de la suerte o del infortunio del otro. Es a esa solidaridad que debemos apelar para que el principio de igualdad de oportunidades se establezca como la piedra angular de nuestra democracia capitalista. Porque el nivel predominante de la protección social asignada a los más vulnerables no puede sustituir a las políticas publicas que acrecienten la igualdad de oportunidades, requisito básico para que haya más de los “emprendimientos” que reclama el CREES. La “protección” actual no es más que migajas para apaciguar a los sedientos de redención social, creando el espejismo de que una elevación del ingreso es el remedio mayor. Lo cierto es que educación es el pilar fundamental para que funcione bien la meritocracia. Un niño de un área rural debe recibir una educación equiparable al del área urbana y la escuela publica debe igualar los estándares de la privada. De ahí que Finlandia aboliera las escuelas privadas y hoy son todas públicas. ¿Estaríamos nosotros listos para introducir tal rasero de igualdad de oportunidades?

Mientras sigamos viendo a algunos desheredados de la fortuna escarbando en botes de basura para sobrevivir el discurso moral de la justicia social seguirá siendo no más que una pamplina populista, una quimera. Es imperativo que los partidos políticos inserten las consideraciones anteriores en sus debates electorales, porque ya ni siquiera mencionan el tema de la justicia social. Nuestra Constitución declara que somos un estado social y democrático de derecho y su artículo 8 dice: “Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.” Solo si las políticas públicas son bien concebidas y eficaces y orientadas a la igualdad de oportunidades podremos aspirar a una real justicia social de elegancia impecable y belleza infinita.

Juan Llado

Consultor económico

Con entrenamiento universitario en los campos de la psicología, las ciencias políticas, la educación y la economía, obtuvo títulos universitarios en EEUU y se desempeña actualmente como consultor económico y articulista. Su experiencia de trabajo ha sido diversa, incluyendo misiones de organismos multilaterales y gerencia de proyectos internacionales. El principal hobby es la investigación y las tertulias vespertinas en el Centro Histórico de Santo Domingo. Aunque no partidarista y un libre pensador, ha abrazado últimamente la causa de la alternancia en el poder como requisito cumbre para fortalecer la democracia dominicana.

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