En todas las gestiones gubernamentales de nuestro país, se han cometido grandes actos de corrupción, muchas veces en componenda con empresarios privados, los cuales superan ya nuestra capacidad de asombro. La recurrencia con que estos se producen y que distraen los recursos públicos de nuestras instituciones es motivada en gran medida por la impunidad, por la permisividad que siempre ha existido, por la falta de aplicación de un régimen de consecuencia a los responsables de cometer o participar en dichos delitos.
En un momento en que el país atraviesa por una gran crisis económica, con una inmensa deuda social acumulada; una gran deficiencia en todos los servicios públicos (salud, educación, energía eléctrica, agua potable, seguridad social y ciudadana, entre otros); los precios de los productos de primera necesidad por las nubes y una deuda externa impagable, el enorme escándalo de corrupción ocurrido en el Seguro Nacional de Salud (SENASA), el seguro de las personas pobres y vulnerables, le pone la tapa al pomo a la difícil situación que sufre la mayoría del pueblo dominicano, generando una gran indignación, desaliento e incertidumbre.
Este nuevo escándalo de corrupción, estimado en unos veinticinco mil millones de pesos, que fue denunciado por diferentes medios de investigación periodística, venía ocurriendo desde hacía varios años, por el rechazo de dicho seguro, por la falta de pagos a clínicas, farmacias y laboratorios clínicos. De ahí la importancia de prestarle atención al rumor público sobre este tipo de denuncias, que ya era un secreto a voces.
El desfalco del Senasa no solo compromete recursos públicos, sino que vulnera el derecho fundamental a la salud de miles de dominicanos
Al principio, tanto el señor Presidente de la República, Luis Abinader, como su director, Dr. Santiago Hazim, negaron la ocurrencia del mismo, luego lo subestimaron en su totalidad hasta que, finalmente, tuvieron ambos que reconocer la realidad de dicho escándalo, que hoy mantiene a esa institución al borde de la quiebra, con una crisis financiera y un déficit cerca de 4 mil millones de pesos.
El presidente Abinader, durante toda su campaña política, prometió con bombos y platillos que en su próximo gobierno más de dos millones de personas estarían afiliadas a este seguro de salud, probablemente motivado por los protagonistas de este gran desfalco al SENASA.
Lo triste y lamentable es que todas estas distracciones de recursos públicos, de todas esas operaciones dolosas y fraudulentas por miles de millones de pesos, siempre son cubiertas con los fondos del presupuesto nacional y con préstamos internacionales, es decir, serán cubiertas por todos los ciudadanos con un aumento de los productos de primera necesidad, con menos salud, educación, electricidad, agua potable, seguridad, en fin, con menos calidad de vida.
Con la salud de un pueblo indefenso y desprotegido, no se puede negociar, mucho menos permitir que le sean saqueados y distraídos los recursos de la institución responsable de proporcionar los servicios del seguro médico de salud a los sectores sociales marginados y vulnerables; a los miles de personas que padecen enfermedades crónicas y terminales, que mueren diariamente por no poder ser atendidas y por la falta de un medicamento de alto costo, ya que dicho seguro, por falta de pagos, no está siendo aceptado en los diferentes centros de salud, farmacias y laboratorios clínicos.
Este escándalo de corrupción se llevó a cabo a través de un entramado conformado por las máximas autoridades y funcionarios de dicha institución, en contubernio con empresarios privados del sector farmacéutico ligados al partido de gobierno, el cual operaba con contratos irregulares por medio de un call center paralelo. Se estima que más de 4 mil procedimientos médicos fueron autorizados por ex empleados de la institución a los afiliados del seguro, que nunca fueron realizados, pero que fueron cobrados.
La situación se complica aún más con el descubrimiento de otro fraude colosal: Se acaba de descubrir que las vacunas que el Ministerio de Salud Pública transfería al SENASA para pacientes vulnerables, a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), por millones de pesos, eran reportadas fraudulentamente como compras normales.
Nuestro Sistema Judicial Dominicano, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y la misma sociedad no deben permitir que los responsables de este crimen sean puestos en libertad, liberados de las penas máximas, fruto de otro acuerdo de aposento entre dicho ministerio y los imputados, en el que se le solicita la devolución de una determinada suma de miles de millones de pesos, del valor que le fue sustraído a la institución, como ocurrió recientemente con otros acusados de fraudes.
Con este proceder, lejos de fortalecer la justicia, se proyecta la debilidad institucional de dicho sistema, que parece más interesado en recuperar dinero que en establecer responsabilidades y sanciones ejemplares, con el que se les envía un mensaje equivocado a las presentes y futuras generaciones.
Supuestamente, el SENASA se puso al día con el pago a sus acreedores y, de una manera burda, sarcástica y desconsiderada, como si nada hubiese ocurrido, sus abogados solicitaron al Ministerio Público que este caso sea dejado sin efecto y que sea archivado, ya que los afiliados a dicho seguro de salud no fueron afectados.
La impunidad política frente a la quiebra institucional refleja una crisis ética que exige respuestas urgentes y transparentes
Este nuevo escándalo de corrupción no es un delito cualquiera, pues ha puesto en juego la salud y la vida de millones de dominicanos humildes, a costa del enriquecimiento ilícito de individuos perversos e inhumanos, lo que constituye una traición al país, a la propia institución y a miles de personas enfermas, por lo que este delito constituye un crimen de lesa patria, que no tiene perdón de Dios, que no debe quedar impune, sin castigo, como ha ocurrido otras tantas veces; este debe ser llevado hasta las últimas consecuencias.
Con la salud de un pueblo indefenso y desprotegido, no se puede negociar, mucho menos permitir que le sean saqueados y distraídos los recursos de la institución responsable de proporcionar los servicios del seguro médico a los sectores sociales marginados y vulnerables; a los miles de personas que padecen enfermedades crónicas y terminales, que mueren diariamente por no poder ser atendidas y por falta de un medicamento de alto costo, ya que dicho seguro, por falta de pagos, no está siendo aceptado en los diferentes centros de salud, farmacias y laboratorios clínicos.
Nuestro país, con todos los graves problemas económicos y sociales que lo sacuden, no puede permitir un escándalo más de corrupción. El presidente Abinader, al igual que los precandidatos que aspiran a dirigir los destinos de la nación, tiene que tomar conciencia de no permitir que individuos enemigos de la patria se enriquezcan ilícitamente a costa de la salud del pueblo dominicano, sobre todo de los más vulnerables, sin que haya un régimen de consecuencia. ¡Basta ya de impunidad!
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