Cuando un sistema deja sin respuesta lo prevenible, lo clínico se vuelve político, lo económico se vuelve injusto y lo humano se vuelve desechable (Ramírez, 2025).
La salud de una nación requiere algo más que contabilizar muertes y enfermedades, sino por la capacidad de su sistema para anticipar, prevenir y resolver los daños antes de que se transformen en catástrofes personales, familiares y económicas. La República Dominicana, entre 2019 y 2024, ha transitado por una 10que delata con crudeza esa fragilidad estructural, un país con el 70% de su carga de enfermedad dominada por patologías no transmisibles (IHME, 2023), pero aún atrapado en los rezagos de enfermedades infecciosas y condiciones evitables del ciclo materno-infantil. La coexistencia de ENT, enfermedades transmisibles como la tuberculosis (42/100,000) y el VIH (61.8/100,000), y una preocupante tasa de mortalidad materna persistente (107–124 por 100,000 nacidos vivos según UNICEF, 2023), configura una triple carga epidemiológica que no solo desafía las estadísticas sanitarias, sino que cuestiona la coherencia del modelo de atención vigente.
Lejos de ser una evolución lineal hacia la modernidad sanitaria, el país transita una transición epidemiológica inconclusa y desigual, donde los trastornos mentales —invisibilizados por años— han aflorado con una carga de 424 DALYs por cada 100,000 habitantes (GBD, 2021). Esta cifra no solo expresa una pérdida masiva de años de vida saludables, sino el fracaso ético y clínico de un sistema que no ha integrado la salud mental al primer nivel de atención, ni ha diseñado rutas efectivas de intervención comunitaria.
En paralelo, el país sufre una epidemia metabólica silenciosa, obesidad en más del 63.3% de los adultos (OPS, 2022), diabetes entre el 11 y el 13.1% de la población (BID, 2023), y un 35.6% de adultos físicamente inactivos (OPS-HIA, 2022). A esto se suma una hipertensión mal diagnosticada y peor controlada, con menos del 50% de los hipertensos que conocen su condición y apenas un 36% bajo control (OPS, 2024). Estos indicadores no son simples correlaciones biológicas, son evidencia directa del fracaso en la prevención primaria y secundaria, con años de vida perdidos (YLL) y años vividos con discapacidad (YLD) en aumento sostenido, sin respuestas proporcionales.
En el ámbito de la salud pública, el país exhibe una preocupante ineficiencia estructural para modificar determinantes sociales. La mortalidad neonatal es significativamente mayor en zonas rurales (+8.4 muertes por 1,000 nacidos vivos respecto a zonas urbanas, ScienceDirect, 2024), y el 14.2% de los nacimientos en adolescentes menores de 15 años resultan en neonatos con bajo peso (PMC, 2024). Esta morbilidad no es un producto natural de la biología ni del azar; es una secuela de pobreza estructural, abandono estatal y sistemas de salud incapaces de ejercer control sobre los determinantes de su población.
El Primer Nivel de Atención, concebido normativamente como el eje resolutivo del sistema, no ha logrado articularse como puerta de entrada efectiva ni como plataforma de resolución clínica del 85% de los casos, como prescribe la normativa nacional. Carece de recursos humanos suficientes, tecnología básica, medicamentos esenciales y sobre todo, gobernanza funcional. Su desconexión con la salud mental y la gestión de la cronicidad revela una falla sistémica con consecuencias acumulativas en la carga de enfermedad, la saturación hospitalaria y la insostenibilidad financiera.
El problema no es meramente clínico, es económico. La ineficiencia del sistema se paga con dinero, tiempo, sufrimiento y productividad perdida. Tratar una diabetes complicada puede costar entre tres y siete veces más que su prevención. Un recién nacido con bajo peso puede requerir cinco a diez veces más recursos hospitalarios que uno sano. La tuberculosis activa, prevenible con tamizaje y seguimiento comunitario, requiere costosos regímenes terapéuticos, vigilancia y apoyo social (OPS, 2024; CDC, 2023). Estos costos evitables —cuando no gestionados adecuadamente— se convierten en deudas estructurales del Estado con su población.
Además, la carga financiera sobre los hogares dominicanos es desproporcionada. La República Dominicana mantiene uno de los niveles más altos de gasto de bolsillo en salud en América Latina (≈40%), lo que desincentiva la atención preventiva y expone a miles de familias a la bancarrota por una enfermedad grave. La lógica dominante del sistema sigue siendo la de una salud concebida como consumo individual, no como derecho social garantizado.
Lo más preocupante es que el país tiene un Retorno de Inversión en salud (ROI) negativo, con un gasto público aproximado del 2.5% del PIB en salud, los resultados sanitarios no muestran mejora sostenible en los AVAD (años de vida ajustados por discapacidad), ni una disminución significativa en las causas evitables de mortalidad. Persistimos en un modelo que cura lo prevenible, hospitaliza lo ambulatorio y deja morir lo tratable. Es un modelo que confunde atención con reacción, presencia institucional con cuidado efectivo, y cobertura con acceso real.
Lo que está en juego no es solo eficiencia o ahorro, sino el tipo de sociedad que aspiramos construir. Un país que acepta como normal la inequidad estructural en salud, la invisibilización del sufrimiento mental, la fragmentación territorial de la atención y la desigualdad financiera en el acceso a servicios, está cultivando una enfermedad sistémica más profunda expresada como indiferencia política frente a lo evitable.
Para revertir esta tendencia, se requiere mucho más que aumentar el gasto. Es imprescindible reformular el modelo en su núcleo, transformar el Primer Nivel en una red resolutiva e integrada, redefinir el rol de las ARS en función de resultados poblacionales, establecer una interoperabilidad clínica nacional real, garantizar la participación comunitaria efectiva y consolidar un sistema de evaluación y rendición de cuentas basado en evidencia. Nada de esto es utópico. Es técnica, ética y políticamente posible si hay voluntad.
La salud pública no fracasa por falta de conocimiento, sino por ausencia de decisiones valientes. Lo que hoy muestra la República Dominicana no es una enfermedad inevitable, sino un reflejo del precio que se paga cuando se posterga lo estructural, se improvisa con lo esencial y se administra, sin transformar, el dolor evitable de millones.
Referencias
Banco Interamericano de Desarrollo. (2023). Análisis epidemiológico y económico de las enfermedades crónicas en República Dominicana.
Bloom, D. E., et al. (2018). The global economic burden of noncommunicable diseases. World Economic Forum.
CDC. (2023). HIV and TB overview: Dominican Republic. https://www.cdc.gov
Global Nutrition Report. (2022). Dominican Republic Profile.
IHME. (2023). Global Burden of Disease: Dominican Republic. https://www.healthdata.org
OPS. (2022). Health in the Americas Report.
OPS. (2024). Informe regional sobre ENT en las Américas.
OPS-HIA. (2022). Health in the Americas+ Country Profile: Dominican Republic. https://hia.paho.org
PMC. (2024). Early adolescent pregnancy and low birth weight in the DR.
ScienceDirect. (2024). Disparidades neonatales en América Latina.
UNICEF. (2023). Country Office Annual Report: Dominican Republic.
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