El proceso penal y el derecho constitucional se vinculan formalmente a través de la supremacía constitucional y de los elementos que los enlazan. La Constitución es el estatuto político supremo del Estado y, como tal, el derecho procesal debe someterse a su marco regulatorio. Por ende, las leyes procesales deben interpretarse siempre en clave constitucional; es decir, el saber del derecho procesal penal debe estar subordinado al del derecho constitucional. Sin embargo, todavía no hemos encontrado una respuesta segura de parte de los órganos de persecución y enjuiciamiento del Estado.

Aun conociendo ampliamente el andamiaje normativo que protege los derechos de los enjuiciados, persiste una palpable crisis que desafía a cada momento la norma sustantiva en el reconocimiento de los derechos de los justiciables y del debido proceso. El derecho penal líquido es un concepto teórico y crítico inspirado en la “modernidad líquida”, que analiza cómo la inseguridad, el populismo punitivo y la expansión del castigo flexibilizan, debilitan y, ocasionalmente, aniquilan las garantías penales.

El Estado de derecho debe entenderse como un principio directivo que exige concretar sus detalles en cada actuación vinculada a normas y principios jurídicos, en aras de la racionalización de la vida estatal. Así, el poder punitivo en el Estado de derecho debe ser racional para perseguir, procesar, sancionar y, sobre todo, apoyarse en la creencia de la legalidad del ordenamiento jurídico. Más concretamente, debe someterse al derecho, de modo que exista una limitación jurídica al poder punitivo del Estado. Sin ese control de legalidad, estaríamos, desafortunadamente, ante un Estado absoluto en vez de un Estado democrático de derecho.

Lo preocupante de esta crisis es que los límites al poder punitivo que nacieron del derecho penal liberal parecen haber desaparecido. En su lugar ha surgido una norma penal autoritaria que ha terminado por descuartizar el proceso penal y que busca maximizar la intervención penal con la manida narrativa de que se hace “en aras de la seguridad pública y el control del fenómeno delictivo”. A ello se suma el recurso legislativo de aumentar las penas y adelantar las barreras de la punibilidad.

Asistimos así a la puesta en escena de otro enemigo para la región: un derecho penal líquido constituyente de la negación de la legalidad, la cual debería concretarse de modo irrevocable a partir del sano sincretismo entre las garantías individuales de un debido proceso y un poder punitivo humanizado y sensato. Este derecho penal líquido cobra vigencia, principalmente, porque las reformas legislativas se promueven y ejecutan al margen de los rigores de la academia, la filosofía y la ciencia, minimizando así las garantías constitucionales.

El derecho penal líquido amenaza los parámetros constitucionales de la legalidad y es capaz de generar expansionismo y tensión con el debido proceso, con el sano equilibrio entre la persecución penal y el orden público, así como con la proporcionalidad y la seguridad jurídica. Por esa razón, el maestro Zaffaroni censura enérgicamente el desprestigio del discurso penal latinoamericano, fracturado gravemente por el neokantismo y el finalismo formal, que no han hecho otra cosa que traer esquizofrenia al saber jurídico. Y es que algunas corrientes doctrinales modernas plantean la destrucción del derecho procesal al referirse al impacto mediático-político en el proceso penal.

Esta especie de congelamiento de las garantías constitucionales se viene manifestando en América Latina durante los últimos años, protagonizado por sectores que ya dejaron de ser minoritarios y que cuentan con el apoyo sustancial de los medios de comunicación hegemónicos vinculados, con gran fidelidad, a un populismo penal ignorante, desafiante e irreverente.

Rafael Báez

Rafael Báez, juez de la Primera Sala de la Corte de Apelación del DN

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