Tengo 3 años. Tengo 13, 15,17. Tengo 22. Existo. Mi existencia está protegida por el Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” Pero en mi país, este derecho tiene un precio, y mi familia no puede pagarlo. Desaparecí. Y mi desaparición no es un misterio; es la consecuencia previsible de un sistema que solo garantiza la dignidad para quien puede comprarla.
En República Dominicana, se ha normalizado un ritual macabro. La desaparición de una niña, adolescente o mujer pobre activa no el protocolo de búsqueda urgente, sino el protocolo del prejuicio social. Donde “la tiranía de lo inmediato convierte mi tragedia en contenido efímero” un rostro en un póster digital, rápidamente sepultado por una avalancha de comentarios que investigan la moralidad en lugar del paradero final. “Andaba en malos pasos”, “se fue con un tiguere”. Esta intoxicación narrativa, secuestra la verdad: y se olvida apresuradamente que se trata de una víctima de una violencia que el Estado no previno y que la sociedad, demasiadas veces! En Voz de Veronikat33 (Tasmy Gómez P) “Vivimos en un país que insiste en culpar a las niñas y adolescentes de sus abusos, mientras se faja con quien sea para defender el abusador. Esa pobre alma” “en RD se desaparece una adolescente y les molesta que aparezca viva, su familia debe explicar dónde estaba, que paso, si no te echan en cara su preocupación”
El Estado, como garante primario de los Derechos Humanos, tiene la obligación positiva de proteger a quienes están en mayor riesgo. Sin embargo, su inacción es selectiva. La desaparición de una joven de un barrio marginado o de una comunidad migrante rara vez recibe la misma movilización de recursos, la misma cobertura mediática sostenida, la misma presión política que movilizaría un caso en un sector de élite. Esto constituye una violación clara del principio de igualdad y no discriminación. La vida de las niñas pobres mayoritariamente racializadas es tratada como un bien devaluado. Sus familias, a menudo atrapadas en la informalidad o el miedo a la deportación (cuando son haitianas), chocan contra un muro de burocracia y desdén. El mensaje es brutal: la pobreza no solo te priva de recursos; te priva del derecho a ser buscada.
Este abandono es la manifestación de una violencia estructural con raíces coloniales y patriarcales. Un análisis descolonial revela que los cuerpos que desaparecen son los mismos que el sistema histórico ha considerado desechables: los cuerpos de mujeres, pobres, negras y migrantes. La impunidad que disfrutan los agresores es hermana de la que disfrutó un Jeffrey Epstein; solo que aquí, el escudo no es solo el dinero, sino la certeza de que el silencio y la indiferencia social cubrirán el crimen. Para la élite, la impunidad es un privilegio activo; para los depredadores de los barrios pobres, la impunidad es un derecho pasivo concedido por la indiferencia del Estado.
Los medios de comunicación, en lugar de ejercer un contrapoder, frecuentemente amplifican esta lógica. Convierten el dolor en un espectáculo del dolor, priorizando el morbo sobre el análisis, el juicio sobre la justicia. Se cuestiona la ropa de la víctima, no la eficacia de la investigación policial. Se narra desde la sospecha, no desde la urgencia de los Derechos Humanos. Esta cobertura no informa; desinforma al eximir de responsabilidad a las instituciones y trasladarla a la víctima y su entorno.
Frente a esto, se requiere una desobediencia cognitiva colectiva. Debemos negarnos a consumir y repetir los marcos que revictimizan. Debemos exigir que cada desaparición se trate con la máxima prioridad, no por lástima, sino por justicia. El derecho a la vida, a la integridad y a no sufrir desapariciones es universal, indivisible e incondicional. No depende de la dirección postal, el apellido o el color de piel.
La garantía de una vida digna, como exigen los Derechos Humanos, comienza por la protección activa de los-as más vulnerables. Por eso, hoy, la lucha feminista descolonial es, ante todo, una lucha por hacer que el Estado cumpla su deber más básico: proteger, acompañar y buscar a todas por igual. Repito ¡Valorar a todas por igual! ¡Llorar a todas por igual.
No tengo la intensión de que este artículo estremezca. Pero si es urgente y necesario que nos obligue a preguntarnos, cada vez que veamos un rostro desaparecido: ¿La estaríamos buscando con la misma desesperación si llevara mi apellido, si viviera en mi calle, si tuviera mi cuenta bancaria? La respuesta a esa pregunta es la medida de nuestra humanidad y del fracaso de nuestro Estado de Derecho. Exijamos, juntas-os, que el derecho a existir no sea un privilegio, sino una garantía para cada niña, sin excepción.
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