El debate fiscal y el tamaño del Estado

Sobre el Estado, «Todos tenemos una cierta idea de cuáles son las instituciones que lo integran: el Parlamento, el Gobierno, el Tribunal Supremo y una multitud de instituciones y organismos públicos» Stiglitz.

En la República Dominicana se escucha hablar sobre crecimiento económico, estabilidad macroeconómica y de logros vistos en las últimas décadas. En este artículo vemos distintas miradas sobre la política fiscal y del tamaño del Estado.

En Smith se afirma que el Estado es limitado pero a la vez necesario para que cumpla funciones de defensa, justicia y obras públicas. En esta perspectiva la política fiscal debe ser limitada pero eficiente.

El tema del tamaño del Estado se puede encontrar en diversas literaturas. Uno de ellos es Adolph Wagner, quien plantea que el desarrollo económico trae consigo un crecimiento progresivo del gasto público, debido a la expansión de las funciones del Estado en ámbitos administrativos, sociales y económicos.

Refiriéndose al tamaño del sector público, Stiglitz plantea que «uno de los indicadores que resulta especialmente cómodo a los economistas es la magnitud del gasto público en relación con el conjunto de la economía. Un indicador habitual de la dimensión del conjunto de la economía es el producto interior bruto (PIB), que es una medida del valor de todos los bienes y servicios producidos en la economía durante un determinado año». Stiglitz reconoce la necesidad de ser cauteloso en este concepto de tamaño de Estado, máxime cuando se comprueba que existen grandes Estados en donde el indicador resulta más bajo que en otros países de Estado menos dimensionado. Otra pregunta importante realizada por el autor es el tema de la eficiencia; es decir, no es suficiente pensar en la magnitud o coeficiente del gasto, sino en cuál es su eficiencia y además de qué manera se financia el gasto.

Varios autores tienen una mirada positiva al uso de la política fiscal para promover una demanda agregada suficiente y que a su vez promueva la estabilidad. Otros autores consideran que esta es ineficiente.

El papel crítico de la política fiscal ha sido ampliamente desarrollado en la literatura económica moderna. Keynes (1936) propuso la idea de que el Estado estimularía la demanda agregada para alcanzar el pleno empleo, y Lerner (1944) argumentó que la política fiscal debería evaluarse no por el equilibrio presupuestario, sino por sus efectos en la economía. Para Lerner la «estabilidad es el objetivo fundamental de entre los que debe perseguir una sociedad moderna, y la hacienda pública debe plegarse por completo a la consecución de esta finalidad, sin que importe incurrir en amplios déficits».

Sin embargo, Herber (1967) se pronunció en favor de una política fiscal normatizada, es decir, regular las políticas mediante reglas asociadas al logro del pleno empleo, a las causas que pueden justificar la emisión de deuda pública o con la emisión o destrucción de dinero, según las circunstancias.

Previamente, Musgrave (1959) sistematizó el sector público y su propósito: sus funciones de asignación, distribución y estabilización. Juntas, estas contribuciones consolidan la política fiscal como un instrumento crucial para la estabilidad macroeconómica y el bienestar social.

En un trabajo publicado por Víctor Urquidi (1951) titulado El papel de la política fiscal y monetaria en el desarrollo económico explica la forma en como evolucionó la primera, desde simple concepción de recaudar dinero para el tesoro sin mirar sus resultados para el desarrollo hasta una segunda justificada en la gran depresión que consistió en un arma para propiciar el crecimiento de las actividades económicas mediante el expediente de crear déficit presupuestario.

Un tema interesante abordado por Urquidi es la posibilidad de una política fiscal que sea parte integrante del desarrollo económico apoyada en expansión creciente controlada y selectiva, cuyo objetivo global sea la neutralidad presupuestal y monetaria y por finalidades concretas permitir un ritmo elevado de obras públicas financiadas por medio de impuestos. No obstante, el autor advierte la existencia de múltiples dificultades, algunas de ellas de carácter estructural asociadas a los tipos de impuestos existentes.

Uno de los pilares en el modelo keynesiano es la ecuación del gasto, determinado por el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. En el plano de la política fiscal las dos herramientas fundamentales son el gasto público, que activa el crecimiento de la demanda y los impuestos, en especial los directos, que contraen el ingreso disponible, quien a su vez es un determinante del consumo. El crecimiento del gasto público favorece el crecimiento del nivel producción y los impuestos, al afectar negativamente al consumo, contraen los incentivos a la producción.

En comparación con otros países de América Latina, el gasto público total en el producto interno bruto (PIB) es relativamente bajo. Cabe destacar que este indicador se aplica internacionalmente, pero no se mencionan todas las variables relevantes. Eso significa la existencia de una necesidad de reflexionar la forma en cómo debemos evaluar adecuadamente a las empresas públicas y su importancia estratégica para el desarrollo.

En RD el coeficiente de gasto es mucho menor que el promedio latinoamericano (aproximadamente 19 % del PIB) y más bajo que el promedio regional (29 %). Las débiles capacidades fiscales son una barrera significativa para la financiación de políticas públicas de desarrollo.

La educación, la salud, el desarrollo urbano y rural con infraestructura adecuada, la innovación tecnológica y la protección social son solo algunas de las áreas que dependen significativamente de la capacidad fiscal del Estado para asegurar el bienestar de sus ciudadanos. Sin embargo, hay interrogantes que no pueden ser respondidas únicamente mediante el análisis del coeficiente de gasto. ¿Cuál es el nivel de gasto del Estado? ¿De qué manera se financia? ¿En qué aspectos interviene? ¿Qué resultados genera? ¿Qué tan eficiente es en su gestión?

Una característica esencial de las finanzas públicas dominicanas es su limitación para promover el desarrollo inclusivo, sostenible y con justicia social. Una parte significativa de este presupuesto se destina al servicio de la deuda y al subsidio al sector eléctrico y varias obligaciones institucionales. Uno de los aspectos más preocupantes de esta estructura es que los pagos de intereses de la deuda han aumentado significativamente.

El pago de los intereses a la deuda pública se ha encargado de destruir parte del presupuesto que se puede dedicar para el desarrollo económico, el combate de la pobreza y la desigualdad. Estos pagos siguen reduciendo los espacios fiscales y la capacidad de resiliencia.

La República Dominicana tiene niveles de recaudación más bajos que otros países de América Latina y de la OCDE.

En el conjunto de los países de la OCDE los ingresos tributarios eran el 34,1 % del PIB, con un máximo en Dinamarca de 45,2 % del PIB y un mínimo en México de 18,3 % del PIB. El promedio de ALC es un 21,3 % del PIB y República Dominicana es apenas un 14,3 % del PIB, constituyéndose una causa importante del endeudamiento público.