De nuevo, una discusión sobre un plan de mutilar el Jardín Botánico de Santo Domingo para entregarle parte de su suelo al automóvil. Hasta ahora, oficialmente, solo se conoce una referencia del Ejecutivo sobre el tema y una declaración del Ministerio de Medio Ambiente en la que, sin dar detalles, dice haber recibido una comunicación del Ministerio de Obras Públicas solicitándole su opinión sobre el impacto ambiental que tendría semejante intervención. En otro país, con un mínimo de institucionalización, también al Ayuntamiento municipal se debía solicitar una opinión al respecto. Ello así, porque además de ambiental, esto es cuestión de gestión urbana, de la gestión de un equipamiento urbano que más que patrimonio de esta ciudad constituye un patrimonio nacional. Y de la región, agregaría.
Se entiende que, de acuerdo con la Ley 202-04, es Medio Ambiente la institución encargada de la gestión del Botánico por eso, aunque taxativamente esto no está establecido, es a ese ministerio que Obras Públicas se dirige solicitando aprobación/justificación para hacer una intervención urbana que en otro país correspondería al ayuntamiento de la ciudad, aunque sea juntamente con el gobierno central. En ese tenor, llama la atención que hasta ahora sea Medio Ambiente la institución interpelada para que aclare la hasta ahora idea de mutilar de uno de los jardines botánicos más importante de la región por su valor científico, cultural, ambiental y para el disfrute del ocio y tiempo libre en esta ciudad, buscando aligerar el tránsito.
Obras Públicas ha solicitado conocimiento sobre el impacto que sobre el Botánico tendría la eventual mutilación, habría que preguntarse si también se medirá el impacto que esa obra de ingeniería tendría sobre el barrio Los Ríos, si sería sustentable la buscada mejoría del tránsito, transporte, tráfico y a movilidad en esa conflictiva zona de la ciudad. Cuánto duraría esa buscada mejoría sin una mejoría del sistema de transporte del Gran Santo Domingo, a cuya la zona posiblemente circula la mayoría de los vehículos que por esa zona transitan. Deberíamos preguntarnos si no habría otra alternativa posible y sostenible para evitar el taponamiento que allí se produce, sin tener que restarle 11 mil metros cuadrados, que se dice requería el proyecto, a un equipamiento urbano del calado del Jardín Botánico.
Las respuestas a estas preguntas solo es posible encontrarlas en la transparencia, vale decir, dando a conocer los alcances reales del proyecto. De ese modo la discusión se haría con la imprescindible objetividad que temas de la trascendencia del que nos ocupa obligan. De ese modo evitaríamos esos ruidos innecesarios, sospechas e incertidumbres en la población tan frecuentes en nuestro país. Se evitaría ese incremento de una desconfianza de la ciudadanía sobre las instituciones que no para de crecer. Ahí están las frecuentes mediciones. Por consiguiente, debe el gobierno central pedirles a las dos instituciones hasta ahora señaladas e interpeladas públicamente que publiquen los detalles del proyecto. De igual modo, aunque no haya sido interpelado, también el Ayuntamiento debe fija su posición sobre el tema.
Ello así, porque de llevarse a efecto el denunciado plan de mutilar un jardín botánico para ampliar una red vial urbana sería un acto contrario a la tendencia actual de gestión de las ciudades que consiste en potenciar la arborización para una mejor imagen de éstas e incrementar la calidad del aire y el paseo urbano. Eliminarle la cantidad de metros cuadrados que, según se dice, requeriría el plan de ampliación vial para una mejor circulación vehicular sería un acto de inaceptable antiurbanismo, contrario a la tendencia urbanística de mejorar la movilidad no solo con soluciones viales, sino potenciando el uso masivo de medios de transporte colectivo eficientes, seguros y ambientalmente sostenido. Pensando y haciendo ciudad en la perspectiva de limitar el constante incremento del transporte privado.
El ayuntamiento podría decir que nuestros usos y costumbre determinan que sea Medio Ambiente la institución a administrar determinados patrimonios naturales en zonas urbanas. Igualmente, que el gobierno central diseñe y haga importantísimas intervenciones y cirugías urbanas; y que algunas instituciones oficiales hacen lo propio en materia de transporte y tráfico urbanos. Por esa lógica inconducente, de hecho y resignando su derecho/competencia, el ayuntamiento se mantiene ausente en discusiones como la referida. Esos usos/costumbres se evidencian en este plan de mutilación de un emblemático equipamiento urbano para ampliar una red vial sin que se sepa, al menos públicamente, si ese ente local está o no involucrado. Su conocida insuficiencia de recursos humanos y materiales no es razón para marginarlo.
Finalmente, este proyecto vial se inscribe en la lógica de nuestra irrefrenable tendencia a evadir la raíz del mal. Restarle suelo al Jardín Botánico para ampliar la Avenida República de Colombia aligeraría transitoriamente el flujo vehicular en la referida área, pero al no ir a la raíz del problema del tránsito y del transporte de estas y otras ciudades, es muy posible que al cabo de no mucho tiempo tendremos los mismos taponamientos en esa zona. Por tanto, la discusión del tema debe ir más allá de lo meramente vial, es un tema urbanístico e institucional, dos de las muchas tareas pendientes de la clase política dominicana.
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