El Banco Central no puede hacerlo todo: el gobierno debe asumir su rol

En un contexto marcado por la convergencia de factores adversos que amenazan la estabilidad económica nacional, el gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, ofreció recientemente una ponencia en la que delineó el papel de la política monetaria como instrumento para garantizar la estabilidad macroeconómica, fomentar el crecimiento sostenido y fortalecer la confianza de los agentes económicos. En sus palabras, el Banco Central dispone de más de 14 mil millones de dólares en reservas internacionales, así como de un conjunto robusto de herramientas monetarias que, en caso necesario, serán utilizadas con determinación para preservar la estabilidad.

Estas declaraciones, sin duda, constituyen un mensaje de aliento y una señal de compromiso institucional ante la creciente incertidumbre. No obstante, la confianza del sector productivo continúa resintiendo los efectos de una política económica errática, del Gobierno del PRM, caracterizada por altos niveles de endeudamiento, un bajo nivel de inversión pública y un crecimiento económico cada vez más débil.

Es oportuno, por tanto, reflexionar sobre algunas de las alternativas de política monetaria que podrían estar disponibles para las autoridades del BCRD, evaluando su impacto potencial sobre la economía real:

1. Aumento de la tasa de interés de referencia.

Una medida clásica para enfrentar la presión cambiaria consiste en elevar la tasa de política monetaria, con el objetivo de desalentar la dolarización del ahorro y, eventualmente, frenar la demanda de divisas. Esta decisión podría ayudar a estabilizar el tipo de cambio, al tiempo que fortalece la oferta de dólares. Sin embargo, su aplicación no está exenta de riesgos. El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) muestra una desaceleración preocupante, al pasar de un crecimiento interanual de 5.5 % en octubre de 2024 a apenas 2.2 % en enero de 2025. Sectores clave como la construcción registraron una contracción de -7.3 % en el mismo mes. En este contexto, un aumento de tasas agravaría aún más la desaceleración y comprometería la creación de empleo.

2. Intervención directa en el mercado cambiario con reservas internacionales.

El uso de las reservas para satisfacer la demanda de divisas puede ser efectivo en el corto plazo. No obstante, esta estrategia conlleva una contracción de la base monetaria que, al reducir la liquidez, empuja al alza las tasas de interés, generando efectos similares al punto anterior: menor actividad económica y mayor presión sobre sectores productivos.

3. Priorizar el crecimiento económico.

Una tercera opción consistiría en mantener sin variación la tasa de interés de referencia y evitar intervenciones agresivas en el mercado cambiario. Esto permitiría preservar cierto dinamismo económico, pero a costa de una depreciación del tipo de cambio y un probable aumento de la inflación. Además, las entidades financieras, en su afán por retener a sus depositantes, podrían reaccionar elevando las tasas activas y pasivas, lo que generaría nuevamente presiones contractivas sobre la economía.

Ante este dilema, el propio Banco Central, en su informe del IMAE correspondiente a enero de 2025, señala que la ejecución del gasto de capital del Gobierno se mantiene por debajo del promedio histórico, cerrando el 2024 en apenas 2.45 % del PIB, una caída de 0.44 puntos porcentuales respecto al 2.89 % registrado en 2023. Esto refleja una débil apuesta por la inversión pública como motor del desarrollo, en contraste con un gasto corriente en aumento.

Como se expuso en un artículo anterior en esta misma columna, durante los últimos cuatro años la inversión de capital ha sido la más baja de las últimas décadas, representando menos del 12 % del presupuesto nacional. Esta política ha contribuido a la desaceleración de sectores clave como la construcción, fenómeno que apenas comienza a evidenciarse con claridad en los indicadores macroeconómicos.

A esto se suma el atractivo de las tasas que ofrecen Hacienda y el propio Banco Central para financiar sus operaciones, lo que ha desincentivado a la banca y a otros intermediarios financieros a canalizar recursos hacia la economía real, optando en cambio por operaciones de tesorería que, si bien son seguras, no generan actividad productiva ni empleo.

Frente a este panorama, es evidente que la solución no reside únicamente en la política monetaria. Se requiere con urgencia una política fiscal coherente, enfocada en frenar el endeudamiento irresponsable sin respaldo en inversión productiva, y en reducir el gasto corriente improductivo. El tamaño de las nóminas públicas, el uso clientelar de programas como las pensiones solidarias, el desbordado gasto en publicidad y el creciente déficit del sector eléctrico deben ser revisados críticamente.

La sostenibilidad económica del país pasa, en última instancia, por una reorientación del gasto público hacia áreas que generen crecimiento y bienestar: infraestructura, salud, educación e innovación. Solo así se podrá garantizar un entorno de estabilidad real, que no dependa exclusivamente de las reservas internacionales ni de ajustes de corto plazo, sino de una visión integral y responsable del desarrollo.