"La libertad cuesta muy cara, y es necesario o resignarse a vivir sin ella, o decidirse a comprarla por su precio." — José Martí.
Mis lecturas sobre la tiranía, enriquecidas por una valiosa biblioteca cedida por don Óscar De La Maza, me han llevado a una convicción profunda. El 30 de mayo de 1961 no pertenece únicamente al calendario patriótico dominicano; concierne a la zona más exigente de nuestra conciencia histórica, en razón de que nuestros héroes abrieron una grieta en el edificio del miedo y el terror institucionalizados, aunque sus pilares militares, policiales, judiciales, propagandísticos y económicos permanecieron en pie durante un breve periodo.
La documentación disponible permite afirmar que los conjurados no actuaron movidos por la ocurrencia de una aventura improvisada ni por la sed de venganza privada ni por el resentimiento, como hoy pretende uno de los descendientes directos del dictador y sus desmemoriados seguidores. Todo indica que actuaron desde la convicción límite de que la tiranía había clausurado todos los caminos civilizados de rectificación.
Trujillo fue un dictador astuto y cruelmente desmedido en la venganza y la acechanza criminal, pero también encarnó el centro articulador de un sistema que convirtió la justicia en obediencia, la ley en instrumento de miedo y venganza personal, el Estado en propiedad familiar y la vida humana en materia disponible para la voluntad del poder, y a veces también para sus caprichos patológicos. Su régimen no solo torturó, mató, persiguió y encarceló; también degradó moralmente a una sociedad entera, sembró la delación como oficio, convirtió la prudencia en miedo y transformó la existencia humana en obediencia obligada y aterradora.
En esa realidad debe situarse la gesta del 30 de mayo. No puede reducirse a los disparos que abatieron al tirano en la carretera hacia San Cristóbal. Fue la expresión extrema de un país comprimido por treinta y un años de terror organizado; la respuesta al crimen político, a las cárceles, a las torturas, a la persecución del Movimiento 14 de Junio, al asesinato de las hermanas Mirabal, al atentado contra Rómulo Betancourt, a la planificación meticulosa de asesinatos en el extranjero y a un régimen que terminó pareciéndose más a una hacienda privada que a una república.
Los nombres de Antonio de la Maza, Antonio Imbert Barrera, Amado García Guerrero, Salvador Estrella Sadhalá, Huáscar Tejeda, Pedro Livio Cedeño y Roberto Pastoriza ocupan un lugar central en aquella noche. Pero la trama fue más amplia y contó con los apoyos y sacrificios de hombres como Juan Tomás Díaz, Modesto Díaz, Luis Amiama Tió, Luis Manuel Cáceres Michel, Ángel Severo Cabral y otros valientes dominicanos que comprendieron que la libertad no llegaría por arrepentimiento de los verdugos ni mucho menos por concesión de los herederos del poder.
Esta precisión desmonta una falsificación interesada, a saber: aquella de que el 30 de mayo fue la ocurrencia armada de un pequeño grupo de hombres exaltados, resentidos o agraviados. La realidad es que ese magno acto disruptivo combinó decisión moral, cálculo político, desesperación histórica y sentido de responsabilidad nacional; no debemos perder de vista —así lo enseña la historia— que cuando un pueblo solo puede acudir a instituciones abiertamente instrumentalizadas, cuando la justicia se arrodilla y la ley se convierte en máscara del crimen, la resistencia deja de ser opción política para convertirse en obligación moral.
Pero el drama dominicano empezó después del magnicidio, porque Trujillo cayó antes que la tiranía. Su muerte no produjo automáticamente una república libre, ni un verdadero clima de libertades, ni el anuncio de un plan sistémico para reorganizar el Estado. El aparato represivo permaneció operativo y, en lugar de una proclama democrática, Joaquín Balaguer, servidor intelectual del sátrapa durante décadas, decretó duelo nacional. Los medios, todavía sometidos al lenguaje del miedo, hablaron de "vil asesinato", mientras la maquinaria represiva activaba una cacería feroz que culminó en torturas medievales y cobardes asesinatos, organizados y conducidos personalmente por el hijo predilecto del dictador, Rafael Leónidas Trujillo Martínez, mejor conocido como Ramfis Trujillo.
Así, Amado García Guerrero fue asesinado el 2 de junio, y Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz cayeron el 4 de junio. Otros fueron apresados, torturados y humillados por un sistema que había perdido al jefe, pero no sus métodos. La culminación de esa venganza fue Hacienda María, en Nigua, el 18 de noviembre de 1961, donde fueron asesinados Pedro Livio Cedeño, Roberto Pastoriza, Huáscar Tejeda, Modesto Díaz, Salvador Estrella Sadhalá y Luis Manuel Cáceres Michel. Todos ellos fueron víctimas de una ejecución extrajudicial precedida por prisión, torturas y una mentira oficial fabricada y ampliamente difundida para encubrir los crímenes.
Tampoco las familias quedaron a salvo. Esposas, hijos, hermanos y allegados padecieron cárcel, persecución, interrogatorios, despojo, humillaciones, miedo y silencio impuesto. La tiranía entendía la culpa como herencia de sangre y castigaba no solo al opositor, sino su apellido, su casa y descendencia. Sin esa dimensión familiar del martirio no se comprende la magnitud ética de la gesta.
El 30 de mayo no puede seguir reducido a ofrendas florales, discursos y monumentos que no visitan ni los estudiantes de la escuela pública. La memoria patriótica no debe ser ceremonia decorativa, sino vigilancia moral. ¿Acaso hoy nuestra juventud se detiene a pensar, con conocimiento de causa, qué hemos hecho con la libertad cuyas puertas abrieron esos mártires de la patria? Sí, hoy votamos, opinamos, criticamos y disentimos, pero una democracia verdadera no se mide solo por la ausencia del tirano. Se mide por instituciones fuertes, igualdad ante la ley, respeto a la intención del voto, justicia independiente y derrota efectiva de la impunidad.
Ahí aparece una deuda simbólica que el Estado no debe postergar. Los héroes del 30 de mayo merecen algo más que evocaciones ocasionales; es mejor una pedagogía nacional de la gratitud. Los nombres de los inmolados el 30 de mayo de 1961 y días siguientes deben ser pronunciados completos, sin mutilaciones ni conveniencias, e incorporados al Panteón de la Patria. No se trata únicamente de trasladar restos, cuando puedan ser localizados o identificados. Debemos reclamar y lograr el reconocimiento oficial de que esos hombres pertenecen al altar mayor de la memoria nacional. Un país que disfruta la libertad, pero no honra plenamente a quienes le abrieron el camino, corre el riesgo de trivializar su propio origen democrático. Lamentablemente, creemos que eso ya está ocurriendo.
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