Justo cuando el gobierno está en plena operación de reducción del aparato estatal —cerrando oficinas, fusionando ministerios y eliminando instituciones—, una diputada ha tenido una revelación digna de antología: crear un Ministerio del Hombre. Sí, en serio. No se rían. En un país donde aún no logramos que funcionen bien los ministerios que ya tenemos se propone añadir uno más, nada más y nada menos que para representar al género históricamente dominante.
No es poca cosa: si la propuesta prospera, podríamos ostentar el título de único país del mundo con un ministerio exclusivo para hombres. Una distinción gloriosa, sin duda. Mientras otras naciones pierden el tiempo en mejorar servicios públicos o reducir desigualdades, nosotros podríamos estar a la vanguardia de la burocracia innecesaria, parasitaria. Es el tipo de innovación que haría que cualquier comité internacional de gobernanza se lleve las manos a la cabeza, claro, de la risa.
Lo irónico es que se plantea este nuevo ministerio en nombre de la “equidad”, como si en pleno siglo XXI el problema principal fuera la discriminación institucional contra los hombres. En vez de reforzar políticas públicas que incluyan a todos desde los ministerios existentes, se propone crear un órgano paralelo que difícilmente resolverá algo, pero que sí garantizará más cargos, más presupuesto y más papelería oficial con membrete nuevo.
Si de verdad estamos preocupados por los problemas que afectan a los hombres —salud mental, educación, violencia, paternidad responsable—, lo sensato sería trabajar desde políticas integradas, no inventarse ministerios como si fueran premios de consolación. Pero claro, siempre es más vistoso cortar una cinta inaugural que redactar una política pública coherente.
Así que celebremos esta posible hazaña administrativa: un nuevo ministerio, más oficinas, más sillas giratorias, más equipos de oficinas y, probablemente, el mismo viejo resultado de siempre. Porque si algo nos sobra en este país, definitivamente, es sentido común institucional.
Por si faltara poco, la senadora de San Pedro de Macorís, en un arranque de creatividad digna de estudio antropológico, ha propuesto la creación de zonas especiales para la colocación de música a alto volumen, todo —según ella— “sin perjuicio de la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos”. Una hazaña legislativa que logra lo imposible: combinar bulla con tranquilidad, escándalo con seguridad, y desorden con planificación. Si esto no es magia tropical, no sabemos qué lo es.
Lo que sugiere dicha legisladora, en esencia, es institucionalizar, desde el Estado, que no es poca cosa, el ruido. Legalizar la contaminación sónica, siempre y cuando se encierre en áreas específicas. Zonas rosas, digamos, donde no solo retumbará la música, sino también los motores, las bocinas modificadas, los colmadones exaltados y —por qué no— los dramas etílicos de las tres de la mañana. Todo bajo el amparo de la ley y con posibles fondos públicos, claro está. Porque si algo merece inversión estatal en este país, es el derecho sagrado a poner un dembow a 120 decibeles y que les rompa el timpano a los musicólogos, sin perjuicio de otras alimañas contra la salud y del asedio ciudadano, en nombre de la buena música, que es la del escándalo y, lo mejor, promovida, creada y garantizada legalmente por el Estado.
Resulta particularmente fascinante que se ignore por completo que ya existen espacios destinados al entretenimiento, con normas, licencias y cierto respeto por la convivencia ciudadana, sin decir de las intranquilidades que muchas veces producen y otras consecuencias tan perjudiciales para todos. Pero no: mejor crear guetos acústicos donde la gente pueda romperse los tímpanos, sin consecuencias. Total, ¿quién necesita paz, salud auditiva o respeto por el descanso cuando se puede tener una esquina oficial para el desorden?
En lugar de legislar para mejorar el control del ruido, fortalecer las autoridades municipales o fomentar la cultura del respeto, esta propuesta se lanza como si estuviéramos cortos de problemas. A este paso, lo próximo será declarar patrimonio cultural el bocinazo a medianoche o declarar festivo el día del primer apagón con música de fondo. La República Sónica avanza, y con ella, la imaginación parlamentaria en su más gloriosa y ruidosa expresión.
Si por estar presente en el hemiciclo, presentar cualquier proyecto, sin pie ni cabeza, asistir a las comisiones, dar algunas recetas a la clientela política, poner una ambulancia al servicio del “pueblo” o atender otras labores asistencialistas es que se mide la eficiencia de los legisladores, estas dos se ganaron el premio. Si queremos ser el hazmerreír legislativo, aquí tenemos para llorar. Perdón para reír.
Si un chiste se considera muy malo cuando no genera risa o provoca una reacción negativa, como incredulidad o jadeo, por falta de ingenio, humor, o porque el receptor no entiende la referencia o el juego de palabras, estos son dos de los peores chistes. Perdón, los mejores.
Cuquín, Boruga, Jochi, Raymond, Miguel, Jochi Santos y Carlos Sánchez sumen a sus presentaciones a la diputada Altagracia de Los Santos y a la senadora Aracelis Villanueva del PRM. De lo contrario, estas legisladoras llenarán solas en Galería 360. Tengan en cuenta que ellas están tomando sus lugares en las preferencias del stand up comedy.
Y es que dichos legisladores son del partido en el poder, el del presidente Abinader, el mismo que que tiene como parte de su política gubernamental hacer más eficiente la estructura estatal y contribuir a la salud física, mental y con la tranquilidad ciudadana. Estoy conteniendo mi risa simulada y falsa, para no parecer irónico y no llorar de pique.
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