Asumiendo los criterios externados por Platón en su obra la República, más de 300 años antes de Cristo, planteaba que los sistemas políticos están enfermos y, modestamente, nosotros también hemos planteados sociológicamente unos criterios en la misma onda de que la sociedad es un ente vivo que se enferma.

En tales lineamientos, según la introducción del enfoque de Manuel Fernández Galiano, Genesis de la República, en la parte que aborda el régimen democrático, p.2, apartado 3) de la República de Platón, destaca que lo planteado por este filósofo griego no es en primer plano la construcción ideal de una sociedad perfecta de hombres perfectos, sino un tratado de medicina política con aplicación a los regímenes existentes en su tiempo, y que en ella manifiesta su propósito de buscar aquel mínimo cambio de cosas por el cual esos Estados enfermos puedan recobrar su salud, porque enfermos, en mayor o menor grado, están todos los Estados de su tiempo. En el mismo orden, precisa de manera puntual que la tiranía implica la mayor y más extrema enfermedad de la polis, y prosigue planteando que son enfermedades propias de los demás regímenes, incluyendo la propia democracia.

Según la fuente, destaca que Platón insistía en la enfermedad del Estado y el sistema político. En tal propósito, es que sus consideraciones van orientadas a buscar medicina para su cura y en tal interés académico me permito poner los lectores en contexto escogiendo para esto, una enfermedad silente-escogido por nosotros-, llamada colesterol alto en la sangre del cuerpo.-que para esta entrega significa un símil del cuerpo social del país visto en el estudio de referencia, que implica; “grasa o lípido que de forma excesiva en la sangre aumenta la probabilidad de padecer una enfermedad cardiaca, accidente cerebrovascular y otros problemas que amenazan con la muerte”, lo que a nuestro juicio se estaría manifestando como síntoma según un estudio realizado el 25 de febrero del 2025 en el diagnóstico de un estudio que evidencia que el cuerpo social, según ese estudio, esta desvaído, debilucho y con pronóstico reservado. Según mi particular criterio y por lo cual amerita unos análisis que modestamente, nos proponemos considerar sobre la base del significado que nos ofrece Hipólito Organdí, compilador de “Las Instituciones Políticas del Gobierno”, Vol. 1, pág. 15, y un poco adaptado por el suscrito, “que, significan unas instancias creadas socialmente, de forma tal que permitan dentro del propio Estado y deliberadamente establecidas y ordenadas, para alcanzar de forma sectorial y segmentada, los objetivos de una nación”.

Específicamente, el diagnostico en cuestión,  como ya hemos dicho, resultó producto de un estudio nacional de opinión república,-repito-del día 25 del mes de febrero 2025, -proyecto de RCC MEDIA-, en la que se midieron, básicamente los aspectos generales que marcan la marcha del país en sus diferentes manifestaciones y la funcionalidad de la república a través de su tejido social y que a cualquiera, además de ponernos los pelos de puntas, nos obliga a ponderarlo en el sentido que habría que ponerle un tratamiento a este malestar -como dije, de colesterol crónico- que podría también ser cáncer, pero prácticamente de emergencia. En tal sentido, veamos el rating que nos ofrece el estudio en cuestión en la siguiente tabla de nivel de confianza en instituciones (Índice donde 100 es total confianza y 0 es nada de confianza)

Instituciones % Instituciones %
Universidades 62.3 Cámara de Diputados 43.3
Iglesia 54.2 Suprema Corte de Justicia 41.9
Presidencia de la República 54.1 Partidos políticos 41.2
Junta Central Electoral 53.8 Oficina Nac. de Estadísticas 38.9
Banco Central 52.3 Senado de la República 37.8
Procuraduría Gral. de la Rep. 49.7 Empresarios 37.3
Redes Sociales 48.5 Medios de Comunicación 36.7
Tribunal Constitucional 48.1 Defensor del Pueblo 34.8
Tribunal Superior Electoral 46.6 Ministro de Gobierno 33.7
Ejército 46.3 Policía Nacional 30.2

Elaboración propia a partir de la publicación de referencia, presentada en dos columnas en el orden lógico de estatus.

Para comprender la amenaza, y no solo amenaza, sino el peligro del colapso que puede significar esos porcentajes de evaluación de confianza, prácticamente del varillaje institucional en que se sostiene la marcha del país, cabe llamar la atención que a estas veinte instituciones les corresponde garantizar prácticamente todos los derechos fundamentales que la Constitución Dominicana establece en el capítulo I sobre los mismos. Y que de forma detallada se listan en la sección I, sobre los derechos civiles y políticos y, que son prerrogativas inherentes al goce del derecho de ciudadanía, y por tanto, las instituciones que les corresponden garantizarlas jamás podrían salir evaluados con porcentajes mediocres de credibilidad y confianza.

Viendo en detalle cada una de estas instituciones podríamos concluir que solo,  con honrosas excepciones, 5 de ellas están en niveles un tanto salutíferos-diría Guaroa Moreta-, pero que, sin embargo, tendrían pendiente aún, algunas vitaminas.

En primer lugar, aparecen las Universidades. Tienen un 62.3 %, lo que en grado alguno, significa que refiere el sistema nacional de educación al que alude el artículo 63 constitucional por lo tanto, en lo que respeta a la educación en el sentido amplio de la palabra, ese alto porcentaje no tiene que ver con el colectivo al cual, mayormente, va orientado este derecho, sin embargo, resulta muy alentador que este nivel esté en ese cuadrante, mientras que, la educación básica anda grave.

En segundo lugar, aparece la iglesia que dispone un 54.2%. Y cualquiera pudiera creer, y hasta los pastores y eclesiásticos pudieran presumir que más de la mitad de la población lo ve con confianza. Sin embargo, a mi juicio, ese porciento es crítico en el sentido entonces que, los que predican por la salvación, para los feligreses que es el pueblo, solo tienen un porcentaje insignificante para quienes venden la gloria de Jesucristo como la única salvación y, resulta que ni ellos-según sus hermanos en cristo-, están salvados. Eso hay que meditarlo.

Un tercer lugar le corresponde a la presidencia que acusa una valoración del 54.1, pero que Constitucionalmente es el responsable de las riendas del país. Y creo que aunque es una buena valoración, inclusive por encima de los partidos, ese porcentaje evidencia un déficit de desconfianza de 45.9%, como presidencia, por lo que, le hace falta hacer mayores esfuerzos ya que implica un posible descontento manifiesto en esa diferencia. Ese rango ha de ser mayor como administrador del Estado para gozar de salud social.

Un cuarto lugar  le corresponde a la Junta Central Electoral, un 53.8, que para la práctica antigua de descrédito 100%, significa que ha reducido la brecha en un 46.2%, en razón que este organismo, aunque la meta, según mi criterio ha de ser mayor-y se espera con el plan de trabajo que actualmente lleva el pleno, que para las próximas elecciones del 2028, su posicionamiento sea mucho mayor en el sentido, que en este órgano está cifrada la democracia y toda la garantía del ejercicio del sufragio. Sería un quinto poder porque de él dimanan todos los demás.

Un quinto y de principalía del rango mayor de 50% está el Banco Central. –tiene un 52.3%-, sin embargo, su roce con la población es prácticamente intangible que al ser totalmente silente y no formar parte de las demandas de la población, poco trasciende su valoración de cara a la colectividad, sin embargo, el dólar ronda los 63 pesos por uno, que de hecho, es la fuerza motriz de la devaluación y la inflación, lo que implica que ya tiene que vacunarse.

Ahora, las 15 instituciones restantes, se podría decir representan la fuerza de choque de la democracia, la paz y los derechos de ciudadanía activo. Veamos: 6to. Lugar, Procuraduría con un 49.7%. Según el artículo 169 Constitucional (Modificación del 27-10-2024), la Procuraduría General de la Republica jefe del poder judicial, es la responsable del sistema de justicia y de formular e implementar la pollita de persecución penal contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública (…), que tenga un 49.7%, implica un déficit y un desempeño no conforme con el control de la aplicación de justicia o de criminalidad en el porciento que genera mayor equilibrio social. Ojala, que este órgano no se sienta en salud con ese diagnóstico. En el mismo orden, le siguen los rangos siguientes:

Redes sociales, 48.5, Tribunal Constitucional, 48.1, Tribunal Superior Electoral, 46.6 y Ejercito con 46.3, de lo cual lo que más me preocupa es que esté mejor valorado que los tres primeros de este bloque, en el sentido que, las redes sociales, que no son instituciones, y que simplemente implican el libertinaje de la “comunicación callejera”, y unos descontroles y sin regulación, y peor, dador de informaciones mostrencas y sin rigor, supere en buena percepción, a las que encabezan órganos de trascendental importancia. Pero, que el ejercicio de esta práctica cherchera, ande cabeza con cabeza con; el TC y TSE y el Ejercito, resulta critico desde la óptica de que, estos órganos representan las garantías de suprema categoría del orden político, social y jurídico… (En materia sensitiva).

Finalmente, les siguen en el mismo orden, 10 instituciones más, las cuales representan la suprema garantía de la vida ciudadana. A propósito invitamos ver en la tabla cada una de forma detenida, tales como; Cámara de Diputados con un 43.3, franca debilidad del mandato del artículo 81 de la Constitución, creo que con ese rango toca piso. (No más palabras). Ahora, hablar que la Suprema tiene un 41.9, es prácticamente de pronóstico reservado, ya que entre otras facultades es garante en última instancia de la tutela judicial efectiva y debido proceso (Art. 69 C.D) y, no es la mera percepción, existe un cúmulo de fallos pendientes durmiendo el sueño eterno. Finalmente, invito a fijar su atención en el rango de confianza de los Partidos Políticos que, aunque ahora resulta más alto, en ese nivel no pueden operar las instituciones que representan los nervios del poder. Con relación a Estadísticas, un escaso 38.9, cree en sus informes de censo nacional. Y como si el paciente estuviera en agonía, un Senado con 37.8 y los empresarios con 37.3, sería como decir se aprecia baja confianza en sus operaciones y servicios (…), pero donde el asunto toma cuerpo de espanto es con los medios de comunicación, óigase bien, las redes con 48.5, y los medios formales por el suelo. Y como si tuviéramos que llamar el 911, veamos el defensor del Pueblo- ¿a donde ha ido a rodar los artículos 190, 191 y 192 de la Constitución? -¿Y que fue eso? Ahora mis lectores, ¿Y cómo es posible que los ministros de Gobierno ocupen rango crítico como es 33.7? Solo superan a la valoración a la policía. Y quiero concluir diciendo: el porcentaje de la policía es de menor pronóstico reservado ya que, al margen de lo que pudiera ser la percepción de corrupción, es la fuerza de choque de la nación y la delincuencia y estas funciones no podrá nunca ser vista con alta valoración, cuando ¡ni la propia iglesia se ha salvado! ¡Hagamos una cadena de oración por la salud de la Patria!

José Lino Martínez Reyes

Abogado

José Lino Martínez, es suplente en la Junta Central Electoral, abogado, especialista en derecho electoral.

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