La comparación recurrente entre el incremento de la deuda pública durante los 20 años de gestión de los ex presidente, Leonel Fernández y Danilo Medina frente a los 6 años del presidente Luis Abinader suele caer en un reduccionismo numérico. Evaluar solo los montos nominales como los US37,000 millones acumulados en dos décadas versus los US28,817 millones en seis años, del presidente actual Lic. Abinader omite factores macroeconómicos fundamentales.
Sin considerar el crecimiento del PIB, la inflación mundial y los choques externos, cualquier juicio resulta incompleto y descontextualizado.
Durante las gestiones de Fernández y Medina, el endeudamiento se justificó principalmente en la expansión de infraestructura física, megaproyectos de transporte y desarrollo educativo. Obras como el Metro de Santo Domingo, autopistas, circunvalaciones y la central termoeléctrica Punta Catalina marcaron prioridades claras de inversión de capital.
Así mismo, estos períodos debieron sortear choques externos importantes, como la crisis bancaria local de 2003 y la crisis financiera mundial de 2008, que obligaron a recurrir al financiamiento externo.
En contraste, el gobierno de Luis Abinader enfrentó desde sus inicios la peor crisis sanitaria y económica global en un siglo, la pandemia del COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Esta guerra disparó los precios internacionales de los combustibles y materias primas, provocando una fuerte ola inflacionaria global que impactó directo en la canasta básica. Ante esto, una parte significativa del endeudamiento en este período no se destinó a mega obras, sino a subsidios sociales, programas de salud, apoyo al sector agropecuario, reactivación del empleo y apoyo a combustibles para mitigar la inflación importada. En obras físicas, la gestión se ha enfocado en el Monorriel y Teleférico de Santiago, ampliaciones del Metro, el túnel en la plaza de la bandera y proyectos de agua potable.
Determinar cuál gestión hizo un "mejor uso" de los recursos prestados depende del enfoque con que se evalúe la eficiencia del gasto público. El modelo del PLD privilegió el impacto tangible en infraestructura de gran escala, aunque dejando un pasivo acumulado considerable a lo largo de 20 años. Por su parte, la administración actual optó por amortiguar crisis externas extremas para proteger el poder adquisitivo familiar y sostener la estabilidad social, a costa de una menor inversión en mega infraestructuras.
Otro elemento técnico crucial es medir la deuda en función del tamaño de la economía (Deuda/PIB) y no en valores absolutos, ya que la economía actual es sustancialmente mayor que la de hace dos décadas. Un monto en dólares de hoy no tiene el mismo peso relativo que hace quince años debido a la expansión económica y el efecto inflacionario acumulado. Evaluar el endeudamiento sin ajustar por el crecimiento del PIB ni por el valor del dinero en el tiempo genera una percepción distorsionada de la sostenibilidad fiscal.
En conclusión, enfrentar secamente las cifras de 20 años de gestión compartida frente a 6 años de administración actual resulta insuficiente para dictaminar la calidad de la política económica. Ambos ciclos respondieron a prioridades y coyunturas globales radicalmente distintas, uno enfocado en el desarrollo de activos e infraestructura, y el otro centrado en la contención de crisis sanitarias, bélicas e inflacionarias. El debate maduro debe centrarse en la transparencia, la calidad del gasto y el retorno socioeconómico para el país.
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