Según los reportes oficiales, la República Dominicana ha experimentado una baja importante en el índice de pobreza monetaria entre los años 2024 y 2025, situándose en un 15.4%. Dicha disminución se debe, entre otras cosas, a la implementación de políticas de incentivo al salario mínimo sectorizado que han estimulado el referido retroceso estadístico, permitiendo apartar a un número importante de dominicanos de las franjas que delimitan la pobreza.

Cuando hablamos de pobreza monetaria nos referimos a la exclusiva medición estadística de los ingresos, esto es, el dinero que se utilizaría para solventar los costos de la canasta básica familiar. La pobreza monetaria se diferencia de la pobreza multidimensional en que esta última representa el conjunto de las carencias humanas. Atacar la multidimensionalidad de la pobreza implica operar desde distintas áreas, reforzando los servicios de salud, educación y todo lo que implica el acceso a los servicios sociales.

En los últimos reportes globales del PNUD se ha descrito un estado favorable para nuestro país, revelándose el hecho de haber experimentado, al igual que en el índice de pobreza monetaria, una disminución significativa de la pobreza estructural, con una baja del 21% y proyectando mejoras en los servicios de electrificación y digitalización.

Sin embargo, y a pesar de los avances reportados, siguen existiendo fisuras y brechas que superar; escoyos que hacen de nuestro país una nación perfectible y en vías de desarrollo. Aquellos desafíos son en esencia los problemas que han perdurado en el tiempo como la marca distintiva de un país subdesarrollado, que amerita un mayor esfuerzo por parte de sus autoridades para superar, de una vez por todas, ese lastre que nos mantiene entrampados en los incisos del tercer mundo.

Naturalmente, uno de los grandes desafíos de la República Dominicana es mitigar las brechas de desigualdad, que limitan el desarrollo humano equitativo y que mantienen una dualidad con el evidente crecimiento macroeconómico. Sobre esto, economistas como Joseph Stiglitz han reflexionado que el crecimiento económico es beneficioso para las naciones, pero que, si no se aplican criterios específicos de intervención estatal para redistribuir la riqueza, dicho crecimiento no pasaría de ser acumulación de capitales para los ricos. Es curioso, y hasta lamentable; pero precisamente es lo que parece ocurrir en nuestro país.

La desigualdad es sin dudas uno de los principales problemas sociales que presenta el país, representando una inequidad en las áreas fundamentales e incluso en aquellas de menor relevancia. Quizás, y podría ser comprensible, la desigualdad menos recrudecida es la que se presenta en áreas importantes, pero no fundamentales; como es el caso del acceso a los servicios digitales. Sin embargo, a consecuencia de la concentración del ingreso, la deficiente educación y las diferencias territoriales, la desigualdad social en República Dominicana se presenta como un profundo abismo entre ricos y pobres, rurales y urbanos, quienes coexisten cada uno de ellos en medio de una lucha por el dominio de un sector sobre otro, y donde, evidentemente, prevalece siempre el más fuerte.

Juan Alberto Liranzo

Abogado, conferencista y profesor de Historia de las Ideas Políticas. Maestría en Ciencias Penales (ENMP/UASD) y curso especializado en investigación de crímenes y delitos con enfoque de género. Pasado miembro del Consejo Tecnico Académico de la ENMP y candidato al Consejo Superior del Ministerio Público. Fiscal en licencia. Actual Consultor Jurídico del Consejo Nacional de Drogas.

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