A nivel internacional, las investigaciones muestran que las sociedades que sufren niveles extremos de desigualdad tienen mayores niveles de contención política, socavan la confianza en las instituciones y se distancian aún más unas de otras.
Cuando gran parte de la población cree que el crecimiento económico no está mejorando sus vidas, la legitimidad del régimen democrático comienza a desmoronarse. Como se puede leer, esto puede significar con el tiempo la generación de frustración en la población en su conjunto y una creciente ausencia en las actividades electorales. Pero además se puede producir más radicalización en la política y un debilitamiento del tejido social.
América Latina es un ejemplo destacado de esta contradicción histórica. A pesar de todos los notables hitos que ha visto en términos de estabilidad macroeconómica y crecimiento, sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo.
En muchos países de América Latina, sectores altamente desarrollados y globalizados coexisten con vastas áreas de exclusión social, informalidad laboral y precariedad institucional. Este tipo de situación crea una paradoja preocupante: economías en crecimiento que no logran transformar estructuralmente las condiciones de vida de grandes sectores de la población.
El crecimiento económico por sí solo no conduce a la justicia social ni al fortalecimiento automático de la democracia. De hecho, cuando el crecimiento económico está demasiado concentrado y no va acompañado de movilidad social, puede incluso exacerbar la insatisfacción colectiva.
La democracia necesita legitimidad en la sociedad. Esa legitimidad depende en gran medida de las opiniones de las personas sobre la existencia de oportunidades justas y de instituciones que funcionen eficazmente para todos, no solo para las élites.
El mundo de hoy ve un miedo generalizado: desconfianza en los partidos políticos, escepticismo sobre las élites tradicionales y polarización extrema; así como populismos divergentes y mayor tensión social. Muchos de estos procesos son provocados en muchas ocasiones por un enfoque continuo en la injusticia económica y la percepción de exclusión social.
También hay, en un contexto internacional peligroso, una intensa revolución tecnológica, tensiones geopolíticas, turbulencias económicas y cambios profundos en los mercados laborales. La automatización y la concentración tecnológica, como la inteligencia artificial, están transformando rápidamente las estructuras productivas y podrían exacerbar nuevas desigualdades si no hay políticas públicas que fomenten la democratización de posibilidades y capacidades.
La conversación sobre democracia y justicia social, entonces, tiene que volverse estratégica para el futuro de nuestras sociedades. Más que solo una cuestión ideológica, esto es un imperativo institucional y civilizacional. Promover la democracia requiere cohesión social, confianza en las instituciones y oportunidades para todos, pero en especial avanzar a una democracia real, no un formalismo al servicio de la élite y los antivalores.
También es cierto que la justicia social tiene que ver con la ética pública y la calidad institucional. Cuando las instituciones están controladas por intereses especiales, cuando la corrupción se convierte en práctica común, o cuando las oportunidades dependen de quién está privilegiado en lugar de quién es capaz de hacerlas realidad, el sistema democrático pierde su efectividad.
La gente ya no ve al Estado como un protector del bien común, sino que se convierte en un dominio dominado por minorías con acceso especial al poder político y económico, incluso el pensamiento crítico, y en especial el marxismo lo ha planteado desde hace más de un siglo.
Por lo tanto, hablar de justicia social no se trata solo de salarios o subsidios; incluye temas como: calidad institucional, acceso igualitario a la educación, sistemas de salud eficientes, transparencia pública, productividad, innovación, empleo digno, seguridad jurídica, movilidad social y, entre otros, desarrollo territorial equilibrado. Es decir, deberíamos estar abogando por la sociedad como lo que queremos construir.
Tanto la democracia como la justicia social son parte del mismo equilibrio histórico. Donde falta justicia social, la democracia se deteriora lentamente. Y donde esta última se debilita, las perspectivas de crear un mundo más justo e inclusivo también se debilitan. Es exactamente ese problema al que se enfrenta el siglo XXI: cómo reparar esa conexión, es una pregunta que requiere respuestas históricas y responsables y no debe corresponder a un individuo, sino a la colectividad.
No basta con expandirse económicamente; lo que se necesita, entonces, son nuevos modelos que cultiven la inclusión, la dignidad y la confianza. Finalmente, ninguna democracia es algo que, al menos, pueda existir para siempre si su base social es profundamente desigual. La estabilidad nacional es más que solo una función de los indicadores macroeconómicos; está influenciada por las concepciones de justicia, esperanza y afiliación de los ciudadanos con su país.
La estabilidad nacional se ha definido como dimensiones políticas, sociales y estructurales que representan la estabilidad de una nación de manera equilibrada y cohesionada más allá de los indicadores macroeconómicos. Sin embargo, la estabilidad nacional en el contexto bajo análisis se define en base a una combinación de indicadores que incluyen derechos políticos, libertades civiles, distribución de la riqueza, sesgos históricos y estructurales, corrupción, movilidad social y presión de los medios sobre los tomadores de decisiones.
Compartir esta nota