La preparación cotidiana de los alimentos en los sectores subalternos de la República Dominicana no constituye un simple acto de agregación doméstica ni un mero patrimonio folclórico, sino el eslabón terminal de un modelo extractivo de acumulación que supedita la subsistencia biológica a los dictados de los circuitos internacionales de hidrocarburos. Lejos de constituir un refugio apacible de autonomía cultural, la cocina popular representa un espacio material de disputa donde las oscilaciones del mercado del crudo operan como una fuerza disciplinante sobre la vida de las mayorías.
Esta dependencia no obedece a un fatalismo geográfico inevitable, sino a la arquitectura estructural de una economía periférica donde más del 80 % de los combustibles consumidos, gasoil, gasolina y gas licuado de petróleo (GLP), se importan en forma de derivados refinados, trasladando de manera automática la volatilidad geopolítica externa y los márgenes de refinación transnacionales hacia el fogón doméstico.
La articulación entre el hidrocarburo y el alimento se consolida a través de la logística del transporte primario y secundario que conecta los valles agrícolas con los núcleos metropolitanos de consumo. Los fletes que trasladan el arroz, las habichuelas, las hortalizas y los plátanos desde Constanza, el Cibao central o las zonas agrícolas del Sur profundo hacia los mercados mayoristas y barriales incorporan directamente el costo de los carburantes. En este esquema de distribución dominado por intermediarios privados, la estructura de costos no asume pérdidas: cuando el gasoil regular se cotiza en RD$229.80 por galón y la gasolina regular en RD$277.50, cada variación en el surtidor es indexada de inmediato en la tarifa del flete por quintal. El comerciante intermediario y el transportista resguardan rígidamente su tasa de retorno trasladando el sobrecosto hacia los centros de abasto minorista, desencadenando una cascada inflacionaria que termina siendo absorbida por el último eslabón de la cadena de valor.
En los asentamientos populares capitalinos; como Los Mina, Capotillo, Guachupita, Herrera, o en cualquier barrio popular del interior del país, el colmado barrial funciona simultáneamente como dispensador minorista de alimentos y como regulador financiero de la precariedad. Atrapado entre los costos del flete mayorista y la rigidez de sus propias tarifas operativas, el colmadero no dispone de márgenes para absorber los aumentos energéticos. Su respuesta racional consiste en transferir ese encarecimiento al precio final de los alimentos básicos y fraccionar al extremo las presentaciones mercantiles mediante la compra por unidades mínimas: cuartos de libra, medidas individuales o el recurso continuo al “fiao”. Este crédito consuetudinario, si bien permite aplazar la privación material inmediata y sostener la supervivencia cotidiana, grava silenciosamente el consumo mediante sobreprecios que castigan con mayor dureza a quienes carecen de liquidez constante.
La asimetría distributiva de este modelo se constata al confrontar la evolución de los precios con los parámetros socioeconómicos oficiales. De acuerdo con las estadísticas del Banco Central de la República Dominicana, el costo promedio de la canasta básica familiar nacional ronda los RD$49,500 mensuales, mientras que para el quintil 1, el 20 % de los hogares con menores ingresos del país, la canasta alcanza aproximadamente RD$29,756 al mes. Frente a salarios mínimos reales e ingresos informales que con frecuencia no superan los RD$14,000 o RD$16,000 mensuales, los hogares más vulnerables deben destinar más del 60 % de sus magros recursos exclusivamente a la adquisición de comida y energía. En este contexto de asfixia presupuestaria, el alza en los costos logísticos derivados del combustible obliga a una reducción cuantitativa del plato familiar y a la sustitución regresiva de proteínas de alto valor biológico por carbohidratos de llenado rápido y bajo perfil nutricional, erosionando las bases biológicas de la fuerza de trabajo.
La dependencia fósil de la cocina popular adquiere su forma más nítida en el abastecimiento del Gas Licuado de Petróleo, vector térmico primordial para la cocción en los hogares urbanos y suburbanos. El precio de venta al público del GLP se ha mantenido congelado en RD$137.20 por galón gracias a la aplicación de macro-subsidios estatales extraordinarios que con frecuencia superan los RD$1,100 millones semanales, donde el fisco llega a absorber más de RD$65.00 por galón en el GLP y más de RD$94.00 en el gasoil para mitigar los choques globales. Sin embargo, este mecanismo de contención oficial no desmantela las relaciones de desposesión subyacentes. El subsidio no es una concesión altruista, sino un dispositivo biopolítico indispensable para mantener deprimido el costo de reproducción de la mano de obra urbana e impedir estallidos sociales en los barrios pauperizados.
Asimismo, la mecánica real del mercado de gas penaliza a las familias de menores ingresos debido a su incapacidad crónica para reunir el capital requerido para rellenar de una sola vez los cilindros domésticos estándar de 25 o 50 libras. Un tanque de 25 libras contiene aproximadamente 5.88 galones de GLP, lo que exige un desembolso inmediato superior a los RD$800 solo por el combustible, mientras que el cilindro de 50 libras demanda más de RD$1,600. Ante la imposibilidad de erogar tales montos de forma íntegra, los hogares se ven forzados a comprar fracciones mínimas de gas en las envasadoras, desembolsando sumas menores cada pocos días. Esta recurrencia introduce un gravamen logístico adicional: el pago repetido de pasajes en motoconcho o transporte local para movilizar el cilindro, multiplicando el costo efectivo por caloría cocida y consagrando una paradoja típicamente periférica según la cual la precariedad de ingresos obliga a pagar más por unidad efectiva de energía.
La carestía y la incertidumbre en el suministro del gas imponen, en última instancia, una disciplina sobre el propio proceso culinario, determinando qué se cocina, durante cuánto tiempo y bajo qué intensidad de fuego. La preparación emblemática de la dieta dominicana, el arroz, la habichuela guisada y la carne (cuando se consigue esta, porque mayormente es pasta), demanda prolongados tiempos de ebullición para ablandar las leguminosas secas. Ante el temor tangible de agotar el combustible antes de completar el ciclo de ingresos semanales, las familias se ven forzadas a racionar la llama, apagar anticipadamente las hornillas o sustituir las habichuelas naturales por productos ultra procesados de cocción instantánea (enlatados). Este repliegue térmico altera de forma sustantiva la soberanía alimentaria y la memoria gastronómica de los sectores populares, transformando un ritual de comunión social en una angustiante contabilidad calórica y monetaria.
La brecha de clase frente a la matriz energética se manifiesta de manera transparente en la capacidad desigual de adaptación tecnológica. Mientras los sectores de altos ingresos de los polígonos centrales metropolitanos neutralizan las crisis energéticas mediante estufas de inducción magnética, respaldadas por inversores de alta capacidad, plantas eléctricas de emergencia y paneles solares con esquemas de medición neta, las clases populares permanecen cautivas de la combustión fósil inmediata y de las interrupciones del servicio eléctrico. Paralelamente, la estructura tributaria sobre los combustibles preserva exenciones y compensaciones fiscales a grandes corporaciones, zonas francas y generadoras eléctricas privadas, en tanto los hogares vulnerables soportan el impacto regresivo del costo de la vida. Así, desde el flete que encarece el fruto en la carretera hasta la llama vacilante en el fogón de zinc, el caldero popular dominicano se ratifica no solo como un receptor pasivo de las oscilaciones del galón de petróleo, sino como el testimonio material de un orden social que reproduce la desigualdad en cada cucharada.
Compartir esta nota